"Todos los soberanos que han deseado derivar las fuentes de su poder de sí mismos y dirigir a la sociedad, en lugar de permitir que ella los dirija, han destruido o debilitado el sistema de jurados. Los Tudor encarcelaban a los jurados reacios a condenar, y Napoleón les hacía designar por sus agentes." Tocqueville, La Democracia en América
Alexis de Tocqueville viajó a los EE.UU. en la cuarta década del siglo pasado, y le llenó de asombro y admiración la sociedad insólita que allí encontró, a la vez libre y democrática. Tocqueville no titubeó en asignar un papel decisivo en la estructura institucional que sustentaba aquel prodigio al sistema judicial norteamericano. Allí no regían limitaciones de riqueza para ser elector y elegido como en Gran Bretaña, la gran democracia que a la sazón había en el Viejo Mundo, ni había tampoco restricciones similares para que los ciudadanos pudiesen y debiesen actuar como jurados. Tocqueville enfatizó el significado de este paralelismo. "El jurado es sobre todo una institución política", escribió; "se la debe considerar como una forma de la soberanía del pueblo; cuando se descarta la soberanía del pueblo, también se la debe descartar; de otro modo debe hacerse que armonicen con las otras leyes que establezcan la soberanía". Y termina concluyendo que la nómina de personas sorteables como jurados debía ser coextensiva con el padrón electoral.
Si alguien hubiera interrogado a Tocqueville sobre la suerte predecible de una nación libre que en cierto momento decidiera eliminar el juicio por jurados y como corolario de ello cerrar los tribunales al público ciudadano, pocas dudas caben acerca de cuál habría sido su pronóstico. La libertad y la necedad son malas compañeras; cuando ésta toma las riendas, aquélla no tarda en bajarse del carro. Habría dicho algo por el estilo.
Un siglo después del viaje de Tocqueville hacia la democracia nosotros cometimos aquella clase de estupidez colectiva, e iniciamos nuestro propio viaje por el camino de la servidumbre. Hay quienes creen que basta con que los militares retornen a sus cuarteles para que el país recupere plenamente su democracia. Puede ser que así sea, pero ¿por cuánto tiempo? Por poco tiempo, aseguraría Tocqueville.
Este sabía muy bien, y señaló claramente, que el soporte último del derecho público es el derecho penal, y que quien tiene el derecho a juzgar penalmente a los ciudadanos es el amo electivo de la sociedad. La institución del jurado, expresa el gran autor liberal, hace que el pueblo asuma el derecho a juzgar a sus pares. "Por lo tanto", sostuvo, "el jurado como institución realmente pone el control de la sociedad en las manos del pueblo".
Un argumento contra el juicio por jurado que goza de prestigio entre nosotros es el que hace caudal de su falta de aptitud técnica. El argumento no es sólo falso, sino que pone de manifiesto hasta qué punto está difundida la confusión en la sociedad uruguaya acerca de los fundamentos de la libertad. Los límites que enmarcan los actos penalmente ilícitos no plantean de manera fundamental una cuestión técnica. Suponen aquí y allá dificultades en que la palabra de los técnicos es imprescindible, pero saber qué es un delito y qué no lo es atañe ante todo a la conciencia moral de la sociedad. Para que determinada conducta sea delito es preciso que haya una ley que claramente la defina como tal, pero esa condición, necesaria, no es también una condición suficiente. Un legislador arbitrario no puede instituir delitos por su propia voluntad. El legislador no es en este terreno más que un intérprete de la conciencia moral de la sociedad. La libertad es el bien más preciado de que el hombre puede gozar sobre la tierra, y sólo se concibe que ella se restrinja de la manera más drástica posible, recluírselo en una prisión cuando sus actos han ofendido en lo más hondo el sentido moral de la sociedad. Ni el jurista más sabio puede decirle a doce vecinos que Juan ha delinquido si ellos piensan que no.
No es una cuestión técnica decidir si la ofende. No es una cuestión técnica decidir si Juan, un civil, ha cometido un delito, ni es una cuestión técnica decidir si él puede ser juzgado por militares sobre ese cargo. Si no vemos claras estas cosas, no tenemos derecho a aspirar siquiera a ser libres.
Un hombre no puede ser juzgado más que por sus pares. No puede ser encarcelado más que por la decisión de sus pares. Esto está escrito en la Magna Carta desde 1215. Mi par es alguien que se siente esencialmente igual a mí, y siente mi destino como parejo al suyo, y no está dispuesto a que mi destino sea la cárcel, si no está convencido de que lo merezco. Mi par no es el familiar de quien se querella contra mí. La ley del Talión fue derecho positivo en el mundo, pero un poco antes que la Magna Carta.
La democracia, decíamos la semana pasada, se construye. No es algo que se dé espontáneamente. Si la sociedad no comprende el papel del derecho y de la justicia, y cree que son temas que puede delegar a especialistas, como la estructura del átomo o los anillos de Saturno, sus probabilidades de tener y mantener la libertad son insignificantes. La sociedad debe educarse sobre estos temas fundamentales, y el papel de los tribunales, de la justicia pública, y de la institución del jurado en todo ello es primordial e insustituible. "Los jurados son maravillosamente eficientes", continúa Tocqueville, "en moldear el juicio de una nación y aumentar sus luces naturales... Lo considero uno de los medios más efectivos de educación popular a disposición de una sociedad".
Tocqueville no dijo lo mismo sobre la justicia pública por una sola razón: escribiendo hacia mediados del siglo XIX nunca se le pudo ocurrir que en ningún lugar civilizado pudiera ser secreta, como trescientos años antes en la Cámara Estrellada de los reyes Tudor. Nuestra situación de hoy en tal sentido le habría dejado estupefacto, así como el grado de desinformación sobre los temas jurídico-penales que campea en nuestro medio. En cambio nuestra situación política, dado todo aquello, no le habría causado ninguna sorpresa.