La prensa mostró días atrás la fotografía de Lech Walesa en el instante que la policía le cerró el paso a la sede del tribunal, donde iban a ser juzgados cuatro disidentes. Sólo la televisión polaca muestra lo que se le antoja. Los periodistas polacos, adictos al régimen, que escriben lo que éste les manda, pidieron ingresar al recinto de la corte. La prensa internacional, y el público en general, tuvieron vedado el acceso.
Esto es, naturalmente, porque se trata de un país sometido a la tiranía marxista, ocupado por el ejército de su propio país, comandado por un fantoche llamado General Jaruzelski, instalado en el poder con la tranquilidad de tener al Ejército Rojo en su retaguardia.
Al mismo tiempo, ¿en qué se distingue el juzgamiento de opositores al régimen imperante en Polonia, de la situación que ofrece nuestra justicia, que juzga a todo el mundo, opositores y no opositores, en juzgados cerrados al público? Los periodistas de Búsqueda también trataron de penetrar en el recinto secreto que contenía los antecedentes del proceso de Arnaldo Torres, y la entrada también les fue vedada, por el juez primero, y por el Ministro de Justicia —el Dr. Espínola a la sazón— después. No hubo fotos, pero la situación fue la misma. De análoga manera, hay una barrera invisible, infotografiable, que cierra el paso igualmente entre nosotros al ciudadano que trata de informarse de cómo se cumple en su nombre la actividad más solemne que el Estado desempeña. Básicamente, pues, la situación es la misma.
O aquí un poco peor. En el juicio de Shcharansky en la URSS también tuvieron vedado el acceso la prensa internacional y otros disidentes conocidos, pero aún del público presuntamente adicto los periodistas internacionales pudieron extraer información valiosa sobre lo que había acontecido en la sala de audiencias, y los diarios de todo el mundo publicaron el discurso que en su defensa pronunció el acusado. Sí, aquí es un poco peor que en Rusia.
Lo extraño, a nuestro parecer, es la pasividad de la opinión pública, y sobre todo la indiferencia de los partidos políticos. El mismo día que los diarios mostraban la imagen de Walesa detenido a la entrada del juzgado, nuestra prensa publicaba declaraciones del Sr. Carlos Julio Pereyra, según las cuales la prisión de los Sres. Wilson y Juan Raúl Ferreira es "un hecho político al que tiene que encontrársele una salida política". Es posible que el Sr. Pereyra tenga razón, que entre nosotros meter en la cárcel a gente inocente —como a todas luces son para él los dos ciudadanos nombrados— sea hacer política. Pero nosotros nunca lo habíamos visto así y, la verdad, nos resistimos aún a pensar que el Uruguay sea esa clase de país.
Nosotros preferimos ver la situación como una quiebra localizada del orden jurídico, que es imperioso componer, como una incongruencia deplorable entre nuestro nivel cultural, generalmente considerado, y una esfera augusta y trascendental de la convivencia humana civilizada, en que nuestro atraso es dramático.
Si interpretamos bien al Sr. Pereyra, está proponiendo la liberación negociada de los Sres. Ferreira, conforme al precedente seguido con el Sr. Rodney Arismendi. A nosotros nos parece bien que los Sres. Ferreira sean puestos en libertad cuanto antes, pero deploraríamos que ello aconteciera en modo de eludir el pronunciamiento de los órganos competentes a propósito de los cargos que se les formulen, que de hecho fue lo que ocurrió con el Sr. Arismendi.
Tal vez nuestra actitud está inspirada en la idea de que un día podríamos ser nosotros mismos quienes enfrentáramos una prisión injusta, y en el temor que no podemos evitar de que, si a la fuerza que nos quitaba la libertad sólo pudiéramos oponer una fuerza de la misma índole, una fuerza material, política, y no sirviera de nada la fuerza de la verdad, y la razón, y el derecho, estaríamos fastidiados.
Nosotros creemos que la prisión de los Sres. Ferreira es un acontecimiento deplorable, pero, como todo en la vida, tiene su lado bueno, y éste no es otro que ejemplificar con un caso que compromete el interés y aún la pasión, de incontables personas, la triste, tristísima, situación en que toda persona imputada de un delito que no ha cometido se encuentra en este país. Y lo peor que nos podría acontecer sería que la situación de los Sres. Ferreira tuviese una "salida política", merced a su liberación negociada, merced a su vez a la fuerza material que comandan (a diferencia de la razón que tengan) y que todos nos pusiéramos a hablar de otros asuntos y nos olvidáramos del significado profundo de lo que había acontecido.
La Comisión recientemente formada sobre libertad de prensa ha propuesto que los periodistas acusados de delitos cometidos en su calidad de tales sean sometidos a un juicio público y rápido, y no estén sujetos a prisión preventiva. Nosotros creemos que es una buena idea, pero no comprendemos por qué, más allá de un problema de recursos, los periodistas tengan que transformarse en ciudadanos privilegiados. Creemos, en cambio, que, ya que la idea es buena, ya que no consagra más que las garantías que en otros países tienen todas las personas —la iniciativa simplemente reconoce a una profesión lo que en los EE.UU. la Sexta Enmienda garantiza a todo el mundo— debería generalizarse sin más dilaciones. Así como habríamos querido hacer a un lado al policía que le cerró el paso a Walesa en Varsovia, queremos que se abran de par en par las puertas de la justicia, aquí y ahora.