Hay dos vertientes en este tema: la de la ladera del documento acordado, de suave pendiente, prometora de un valle riente y fértil. Y la otra, escarpada, llena de agudos riscos y profundas quebradas, de tránsito difícil: la vertiente de lo que el acuerdo no resolvió, y que deja al documento de un marco inquietante. Lo malo es que el país tiene que recorrerlas ambas, además de la de los prados apacibles, la de las roquedas agrestes.
El documento, en sí, representa, a partir de la perspectiva del proyecto de constitución de 1980, un progreso notable. Representa la apoteosis del NO, aporta la plenitud del triunfo de la jornada de noviembre de aquel año. El régimen militar había querido encadenar a la república a un adefesio constitucional, había pedido a la ciudadanía que aceptase un estatuto para menores o incapaces, que abjurase de su dignidad a fin de superar la coyuntura, en una palabra, que vendiera su heredad por un plato de lentejas. Y lo pidió con todos los recursos de la publicidad, de esos recursos que, dicen, someten al hombre y a la mujer de nuestro tiempo a la voluntad de quienes los controlan. Y el pueblo uruguayo dijo terminantemente NO. Que en aquella jornada había salvado su dignidad era cosa segura; pero ¿y la sensatez? ¿Había sido cuerdo cerrar una vía, por más que una vía defectuosa, hacia la normalidad institucional? ¿Había otra practicable?
Si la había, ¿no resultaría conveniente haberla seguido?
El documento convenido por los partidos "dialogantes" y las Fuerzas Armadas da a estas preguntas una respuesta concluyente, que reivindica la redondez de la victoria de 1980. En lugar de la constitución que el régimen reclamaba, en vez de una Magna Carta con vocación de vigencia indefinida, ha advenido un reglamento minúsculo, destinado a regir unos meses, un paradigma de fugacidad jurídica. Lo que querían introducirnos en casa era un gigantesco hipopótamo; lo que ahora parió la montaña fue el ridículo ratón de la sentencia clásica.
Las virtudes máximas del documento provienen de su trivialidad. Aunque sorprendentemente, trae algo valioso a nuestro acervo institucional bajo la forma de un esbozo programático de la acción de amparo —es decir, una defensa jurisdiccional para los derechos del individuo, incluso contra su agresión por el estado—. La vocación del documento a ser juzgado grande proviene de su pequeñez, del contraste entre lo poco que es con lo mucho que podía haber sido. Esto es lo que nos salvó de aquello. ¡Viva esto!
No se trata, ciertamente, de un documento para analizar. La exégesis de su texto no vale ciertamente el tiempo que nos insumiría ni el de nuestros lectores. Lo importante es que no dura; que el régimen ha tenido que apearse de su infortunada y costosísima pretensión de llegar a poseer una constitución hecha a su imagen y semejanza.
Pensamos que todo esto tendría que ser reconocido por todo el mundo. Lamentamos haber leído opiniones adversas al documento de dirigentes nacionales. ¿No sería más práctico decir que el documento es bueno, para...? Y ese pero lo hacemos nuestro, y con él nos pasamos a la otra vertiente.
Todo indica que el tema de las proscripciones fue prácticamente soslayado en las negociaciones del Club Naval. En una entrevista televisada, el Gral. Medina confirmó la información del periodista, en el sentido de que un representante del Frente Amplio había solicitado la derogación del Acto 4, para enseguida señalar que las Fuerzas Armadas se habían negado en la primera jornada de negociaciones.
Al cabo de la primera jornada de negociaciones, recordamos que el Dr. Enrique Tarigo declaró a la prensa que el tema de las proscripciones y la privación de libertad a que está sujeto el Sr. Wilson Ferreira no había sido incluido en la agenda de aquella primera sesión a raíz de su carácter abrasivo, y del efecto negativo que podría surtir sobre el clima de la negociación. El criterio no nos pareció conveniente, si se iba a hacer cuestión de principio sobre aquel punto, pero de cualquier manera, interpretamos en las palabras del Dr. Tarigo un anuncio de que al fin y a la postre los temas serían objeto de un tratamiento cabal. La estrategia parecía consistir en obtener primero el acuerdo sobre las partes de sustancia constitucional, y luego, utilizando la proximidad del acuerdo total como instrumento de presión psicológica, reclamar desproscripciones y liberaciones. Nos parecía una estrategia peligrosa, porque la presión psicológica derivada de la inminencia del acuerdo global era un cuchillo de doble filo; pero la instancia relativa a aquellos aspectos la esperábamos de todos modos.
Tal parece que ella ha sido pospuesta aún más. Mucho tememos que la postergación haya sido excesiva. En este momento, al hacer un inventario de lo que se ha logrado, nos encontramos con un documento a cuya virtud hemos entonado nuestras más sinceras loas, pero que se halla dentro de un marco tal que su ejecución en las condiciones actuales implica nada menos que poner en tela de juicio la legitimidad de las elecciones que se celebren.
En gran medida la importancia de estos aspectos depende de la actitud que en definitiva adopte el Partido Nacional. El Esc. Dardo Ortiz, dirigente de la minoría de ese partido, ha expresado su convicción de que la mayoría reverá su posición, y que el propio Sr. Ferreira Aldunate tendrá "el gesto de sacrificarse una vez más en aras de su partido". En cambio, desde las filas adictas al candidato proscripto y preso, las manifestaciones fueron terminantes en un sentido opuesto. Las declaraciones del Dr. Héctor Lorenzo Ríos fueron particularmente claras, en cuanto a que el partido blanco condicionará su participación en el proceso electoral a la habilitación del Sr. Ferreira y no sólo su libertad. "Lo queremos libre", dijo, "pero también habilitado cívicamente; no queremos rescatar a nuestro candidato, no a la persona física de Wilson Ferreira Aldunate."
Si el Partido Nacional no participa, ¿puede siquiera pensarse en elecciones? ¿Podemos lanzarnos a la ímproba tarea de restaurar la institucionalidad en medio de la coyuntura socio-económica más difícil que pudiera imaginarse, y encima con un gobierno afectado de un grave defecto de legitimidad? Nos parece que la respuesta no puede ser afirmativa.
En síntesis, pues, el acuerdo no abre en realidad el camino al valle riente y de la legalidad recuperada, por una ladera suave y placentera. Es apenas una etapa, que llegará a valer mucho, o no valdrá nada dependiendo de lo que acontezca de aquí en más. Lo principal está por hacerse.