Ya hemos dicho que en nuestra opinión el acuerdo del Club Naval es bueno, más aún si el entorno de proscripciones y prisiones se corrige para que el árbol del pacto pueda dar fruto, y no tenemos por qué añadir más al tema, apuntar que lo taló y lo eche al fuego. Hoy vamos a apuntar también hacia un complemento menos crucial, pero también importante, de tipo institucional, que debe integrar el acuerdo del control del período de transición. Nos referimos al control presupuestal de la administración que gobernará el país en el período previo a la toma del poder por un gobierno civil el 1º de marzo de 1985.
Hasta ahora el régimen militar ha actuado sin control formal ni material en materia presupuestal. Antes de la constitución anterior, había un Parlamento electo que formalmente concedía al Ejecutivo los créditos presupuestales respectivos y controlaba su cumplimiento, aunque en muchas oportunidades el control carecía de eficacia, al punto que el agente expansivo pasó a ser el Parlamento y el Ejecutivo el agente moderador. Esta situación fue reconocida en la Constitución de 1967, en la que se retiró al Parlamento la iniciativa para instituir nuevos gastos, reservándola al Ejecutivo. Algo así como decir que al lobo le encargaron la seguridad de la majada.
El régimen militar ha actuado hasta ahora sin control formal ni material en materia presupuestal. Durante mucho tiempo lo hizo aceptablemente. Siempre fueron gastadores sus gobiernos, pero también fueron mejores recaudadores, y a partir de 1976 comenzó a producirse una reducción apreciable del déficit, que pasó a tornarse superávit en el breve período 1979-81. Sin embargo el gasto creció de manera desmedida, y el año 1982, por su gasto y por su déficit, pasó a ocupar el sitial reservado al peor año fiscal de la historia de la República, destronando a 1971, como éste a su vez había desalojado a 1962.
El recuadro procura resumir el comportamiento fiscal del régimen militar en el marco de un lapso bastante extenso, que abarca catorce años de disciplina ejemplar (el déficit no llega nunca a 2% del PBI), luego doce años de laxitud civil y una década castrense, con luces y sombras (las luces no comprenden nunca un nivel austero de gasto) hasta que el panorama con un historial como el de 1974-81 hace evidente que las Fuerzas Armadas no podrían haber resistido a que los partidos políticos les exigiesen un control presupuestal ad-hoc en el período transicional. Después de 1982 ya es a todas luces evidente que no pueden invocar una inherente confiabilidad de su manejo del erario público.
Además éste es un año electoral. Hay mal pensados que dicen que el aflojamiento de la disciplina fiscal por el régimen militar empezó en el plebiscito (véase cómo aumenta el gasto en términos del producto), y sobre todo que se agravó con la pérdida del plebiscito, lo que no puede descartarse. El recuadro ilustra además sobradamente el impacto de los años electorales en nuestro país, y a esta altura sabemos bien que, manejando fondos públicos y la máquina impresora de billetes, políticos y militares deben ser tratados con la misma prevención.
La página económica de El País (11 de agosto) ha estado acertada al atraer la atención sobre este tema, invocando el número alarmante de funcionarios que han sido presupuestados en algunas intendancias. Nosotros sumamos a la suya nuestra inquietud. Confiemos que le alcance la masa crítica de preocupación.