Los partidos y los candidatos permanecen extrañamente silenciosos sobre la inflación. El único instrumento que el consenso político parece dispuesto a signar contra ella es la concertación. Encontramos esa situación enormemente desazonadora.
La política es, naturalmente, tributaria de la teoría. En otras palabras: dime qué instrumento usas para combatir un mal y te diré a qué lo atribuyes. Si usamos la concertación, es porque abrazamos una teoría sociológica de la inflación, que la sindica como la resultante de las fuerzas conflictivas que los distintos sectores sociales ponen en movimiento con el fin de mejorar su participación en el producto nacional. Inferimos esto de aquello, en efecto, porque el papel de la concertación en este contexto consiste en aplacar esas fuerzas a través de un consenso sobre la manera más justa de llevar a cabo el reparto.
Esta teoría tiene una ventaja y dos inconvenientes. La ventaja consiste en su capacidad de resultar plausible y atractiva para un elevado número de observadores. Los inconvenientes radican, primero, en que es lógicamente inconsistente, y, segundo, en que se halla claramente desmentida por los hechos.
Una contienda social puede, ciertamente, generar inflación, pero a condición de que la autoridad monetaria inyecte en la economía dosis adecuadas de dinero nuevo. Igual que, según señalaba Voltaire, una bruja puede matar un rebaño entero con trucos de magia negra, a condición de que alguien administre a las ovejas dosis adecuadas de arsénico. Al mismo tiempo, si la autoridad monetaria inyecta las mismas dosis de dinero nuevo y no hay ninguna contienda social, el mismo grado de inflación es inevitable, ya que no cabe imaginar que los agentes económicos estuviesen dispuestos a conservar en caja una cantidad real de dinero mayor sólo porque a la autoridad monetaria se le ocurriera emitirla. Por lo tanto el dinero y no la confrontación social, el arsénico y no la magia negra, son los verdaderos agentes.
En segundo lugar, ninguna teoría puede invocar menos apoyo de la prueba empírica que ésta. En general se supone que las demandas salariales de los sindicatos son la expresión más claramente perceptible de esa supuesta fricción social inflaciogénica. Pues bien, en el Uruguay, si tomamos un período suficientemente extendido, no encontramos correlación estadísticamente significativa entre crecimiento de la tasa del salario e inflación. Sí encontramos, en cambio, pruebas terminantes de la influencia de las variables fiscales y monetarias. Sí encontramos, entre 1950 y 1973, un ciclo político-electoral de la inflación, en el cual ésta exhibe crestas en todos los años siguientes a un año electoral (y sólo en una ocasión, 1965, fuera de ese módulo) mientras el gasto público como porcentaje del PBI también muestra un ciclo político, con picos en todos los años electorales.
¿Qué hubiera ocurrido en el Uruguay si se hubiese practicado exitosamente la concertación social desde, digamos, el fin de la 2ª Guerra Mundial, y los gobiernos se hubiesen ajustado a las mismas prácticas fiscal-monetario-electorales? Pues sin duda que habríamos tenido exactamente la misma inflación que de hecho padecimos.
En otros tiempos estaba de moda en la izquierda política una teoría de la inflación que llamaban estructuralista. Nunca se supo muy bien qué afirmaba, pero sí se conocieron sus pronósticos de que la inflación no amainaría mientras no se cambiasen las estructuras de la propiedad rural, las estructuras del sistema financiero, y las estructuras del comercio interior, entre otras. Quienes se situaban en ese punto de vista tuvieron un percance en 1968, cuando predijeron que la inflación, que a partir de 1963 venía acelerándose intensamente, continuaría su camino ascendente mientras no llegara la revolución. Un conocido intelectual de izquierda tuvo la mala suerte de formular un pronóstico catastrofista en una conferencia dictada el 15 de junio de aquel año, 13 días antes de que se inaugurara la política de estabilización que dio tan notables resultados. (También tuvo la honestidad, hay que destacarlo, de consentir en que se publicara la conferencia). "Ahora el dólar está a $ 250 y en el mercado negro o paralelo está a $ 270 o $ 280", expresó, "El mes que viene estará a $ 300 o $ 320 y a fin de año estará por arriba de $ 500... no hay fuerza humana que pueda detener el proceso, salvo una revolución que estallara dentro de las próximas veinticuatro horas... que cambiara las bases económicas y políticas del país... que actuando de aquí a diciembre pudiera cambiar el curso de la historia" (Roque Faraone, Orígenes de algunos grandes problemas del Uruguay de hoy, Equipo editor de la ciudad de Mercedes, 1968).
La política de estabilización de 1968, que redujo al ridículo las predicciones del estructuralismo, consistió en un amortiguamiento de la tasa de crecimiento del crédito, como todas las políticas de estabilización eficaces, acompañada de un truco para cambiar rápidamente las expectativas, como muchas de las campañas estabilizadoras que han tenido éxito contra inflaciones galopantes. Ese truco en aquel caso estuvo constituido por una política de precios e ingresos. Pero el error, garrafal por añadidura, está siempre al acecho en materia de inflación en este país. El gobierno mismo confundió la clave de su éxito y lo imputó al control de precios. Intentó expandir el crédito en 1971 en la manera característica de los años electorales, manteniendo y reforzando el control de precios. El resultado fue que la inflación se reactivó plenamente y se situó en la vecindad de los tres dígitos ya en 1972 y 73 (antes del shock petrolero), sin que COPRIN cesase su asfixiante función represiva. A pesar de ello mucha gente sigue imputando al control de precios el éxito del '68.
En una palabra, estamos enfrentados a un mal de descomunales proporciones, con las armas menos adecuadas. Y esto último porque —por alguna razón— los uruguayos, como algunos vecinos latinoamericanos, persistimos en cerrar los ojos a las verdades elementales de la inflación, las que nos dicen cosas tan obvias como que si emitimos mucho, los pesos inevitablemente valdrán menos. No es la teoría abstrusa, es la intuición más elemental la que lo proclama. Y sin embargo nosotros persistimos en adherirnos a teorías desmoronadas, enajenadas, disparatadas, que ninguna relación guardan con la realidad.
Todo lo que se necesita para evitar la inflación es darle la cara a los hechos. Cuando planteamos los objetivos, sumar honestamente los costos. Y reconocer que la disponibilidad de recursos genuinos —la capacidad de recaudar impuestos explícitamente e implícitamente a través de las tarifas públicas— representa una restricción que no es posible dejar de respetar sin seguir envileciendo nuestra moneda. No negamos que la transición hacia la estabilidad plantee problemas más específicos, y más difíciles, pero, en términos generales, la cuestión que se plantea significa optar entre el realismo y la fantasía, entre la verdad y la mentira.
Esto es, en cierto modo, lo que da al problema su gran trascendencia. Hace décadas que vivimos en una economía onírica, en que nada es realmente lo que parece, y la mentira y el engaño están infiltrados por todas partes. Estos conforman realmente el enemigo público número uno. La inflación es sólo una de sus muchas caras.