Explícitamente, los actores de la campaña electoral no están hablando de inflación. Tampoco están debatiendo sobre el grado deseable de protección a la industria nacional. Son dos temas de primera importancia para el Uruguay. Y el silencio que los políticos les están dispensando es ominoso.
Nos parece singular, a la vez que elocuente, que no haya ningún candidato que enarbole una bandera antiinflacionaria como medio de atraer en pos de ella a las masas cansadas de inestabilidad y carestía. Apenas sí la propaganda del Sí, Jorge Pacheco menciona los éxitos de su política antiinflacionista de 1968, pero sin expresar cuál fue el quid de aquel avance, ni tampoco esbozar siquiera una explicación de la fugacidad de la estabilidad entonces alcanzada, y del desastroso retroceso hacia la gran inflación que padecimos a partir de 1972. Por el enarbolamiento de una bandera antiinflacionista entendemos la formulación de un programa que aísle nítidamente el agente inflacionígeno, y que anuncia claramente los medios por los cuales él debe ser combatido. En ese sentido no creemos incurrir en omisión significativa si afirmamos que la presente campaña electoral no ha aportado absolutamente nada en tal dirección.
Se trata, como decíamos, de un silencio ominoso. En un país que padece una de las peores inflaciones del mundo, y ha funcionado tan mal bajo la inflación al punto que su crecimiento y la aceleración de la inflación mantienen una correlación negativa patente, es un silencio que pone en tela de juicio la capacidad de los partidos políticos para hacer frente a los problemas genuinos que enfrenta su economía, por oposición a su capacidad para librar batallas contra fantasmas surgidos de la mitología folclórica.
Decimos que es elocuente que se soslaye la temática inflacionaria, porque ello sólo puede tener sentido si los candidatos desean mantener libres sus manos para desarrollar, llegados al poder, una acción fuertemente inflacionaria.
El documento emitido por los economistas de los partidos que actúan en la Concertación Programática incluye, entre sus formulaciones de política, una pareja fiscal-monetaria nada tranquilizadora. Allí leemos: "Programar un déficit compatible con los objetivos de la reactivación, control de la inflación y redistribución progresiva del ingreso." Y también: "Determinar la expansión de los medios de pago en función de los objetivos de reactivación, control de la inflación y redistribución progresiva del ingreso."
Los autores del documento nos perdonarán la libertad que nos tomamos interpretando sus palabras, pero la identidad de metas al referirse al déficit fiscal y a la política monetaria, no podemos sino entenderla en estos términos:
- Habrá un déficit financiado con emisión.
- El déficit no será el menor posible, el residuo de una lucha por eliminarlo, sino que será "programado" para alcanzar objetivos con los que se lo presenta positivamente correlacionado, a saber, la recuperación económica y una redistribución más igualitaria del ingreso.
- Hay una correlación positiva entre estas metas deseables que el déficit fiscal y la emisión para financiarlo pueden lograr, por una parte, y la inflación por la otra, e inflacionariamente debe regularse de modo que la desutilidad marginal que ella genere compense exactamente en el margen las ventajas de reactivar la economía y redistribuir el ingreso.
No sólo leemos entre las líneas del documento esa escalofriante promesa de agravación de nuestra ya gravísima inflación, sino que percibimos además un keynesianismo ingenuo y un distributivismo confundido, que sólo podrán rendir la clase de frutos amargos, diametralmente opuestos a los buscados, con los que el pueblo argentino ya ha sido saciado delante de nuestros ojos.
Y al apreciarlo nos preguntamos: ¿Es posible que exista consenso en torno a tan descaminado programa? Que la izquierda quiera llevar la corrupción de la moneda hasta sus últimas consecuencias es comprensible por aquello que Lenin dijo de que no hay mejor manera de terminar con el sistema capitalista, pero que los representantes de los sectores mayoritarios de ambos partidos tradicionales se unan con el de la Unión Cívica en tal formulación nos causa la más viva alarma. Y el que ningún otro grupo político les salga al paso, nos deja atónitos.
El discurso político tampoco se está rindiendo al grado de protección de las industrias domésticas. Se habla como si se fuera a proteger a todo el mundo, sólo que selectivamente —atención a esta palabreja— a unos más, vale decir, y a otros menos. Pero ello es claramente imposible. La palabra protección en el contexto de la política económica tiene un significado claramente distinto al que debe asignársele en el contexto de, digamos, la vida familiar. Los padres son poderosos en el sentido de que usan en su provecho recursos propios: fuerza física, experiencia, capacidad económica. El Estado carece de recursos propios, sólo posee los que logra extraer de sus súbditos. Y sólo puede beneficiar a unos con lo que les quita a otros. Proteger a unos sin desproteger a otros es uno de los dones que la naturaleza de las cosas le ha negado al Estado. Cada vez que un gobernante, en consecuencia, conjuga el verbo proteger, o incentivar, o promover, implícitamente conjuga sus inversos —desproteger, desincentivar, deprimir— que acompañan a los primeros como la sombra al cuerpo, sólo que el sector o los sectores, la industria o las industrias, destinatarios de la discriminación negativa, no siempre son fácilmente identificables.
Cuando la protección se dispensa a las actividades cuyos productos compiten con bienes importables, sin embargo, es sencillo saber quiénes serán los desprotegidos y desincentivados. Lo serán, sin duda, los exportadores. Cualquier economista puede demostrarlo con gran facilidad, pero nosotros los uruguayos lo sabemos, además, por experiencia propia. Y tenemos la memoria nacional, que puede contarnos cómo la economía se fue cerrando, y angostando, y estancando, a impulsos de un ideal autárquico y de la práctica proteccionista que él inspiró. ¿Es hacia el mismo punto que ahora debemos dirigirnos?
La campaña no nos ayuda para averiguarlo. No nos ayuda para averiguar si podemos concebir la esperanza de crecer económicamente, como crecen los organismos económicos normales, o si habremos de revivir la experiencia atroz de estancamiento a que nos condujo la estrategia orientada hacia la sustitución de importaciones. No nos dice si podemos concebir la esperanza de recuperar un grado razonable de estabilidad monetaria, o si la zozobra y el desquicio de la inflación galopante seguirán signando nuestro futuro.
En fin de cuentas, de lo que importa en cuanto a nuestra vida económica nacional, los partidos y sus candidatos no nos están diciendo nada. Se trata de una carencia crucial que nuestra sociedad deberá suplir urgentemente si hemos de asentar nuestra reconstrucción institucional sobre bases sólidas.