El reciente aumento de salarios del 22% a los funcionarios públicos plantea un sinnúmero de cuestiones al observador. Este artículo se ocupa de algunas de ellas.
La primera tiene que ver con la justificación social de la medida. El Ministro Vegh declaró a la prensa que, visto el progreso alcanzado este año y el pasado en materia de ajuste fiscal, era posible aliviar en algo el peso que ha gravitado sobre los hombros de los trabajadores públicos.
El razonamiento me parece menos que perfecto. El ajuste fiscal no consistió, después del desastre del '82, en mucho más que reducir el flujo de recursos reales que la Tesorería paga a los funcionarios y a los pasivos (a éstos, naturalmente, a través de los organismos previsionales). El método no fue el recomendable. Un redimensionamiento del Estado, una revisión de la seguridad social y una reforma del sistema de empresas estatales, incluyendo privatizaciones importantes, junto con una elevación de los impuestos, habría sido la prescripción correcta. Pero es bien conocida la incapacidad que siempre afectó al régimen militar para tomar medidas de fondo, lo mismo que su falta de disposición para llevar a la práctica sus propias decisiones, aparatosamente adoptadas en aquellos ejercicios de vacuidad, a los que dio en llamarse ridículamente "cónclaves". De hecho, en toda esta área de la burocracia y la actividad industrial del Estado, los militares tomaron algunas decisiones importantes, pero no cumplieron ninguna.
En todo el período se llevó a cabo una sola privatización, cuyos resultados fueron espectacularmente buenos en materia de saneamiento fiscal, y ella se ubicó en la única órbita gubernamental importante a cargo de un civil. Por supuesto, me refiero a la privatización de AMDET, por decisión del Dr. Oscar Rachetti, a la cual el buen estado actual de las finanzas del gobierno de la capital se debe de manera fundamental.
En suma, prácticamente lo único que las autoridades hicieron, cuando a fines de 1982 se dieron cuenta de que la avalancha fiscal nos había sepultado a todos, fue transferir la carga a los hombros de los funcionarios públicos. La idea manejada por el Ministro de Economía, en el sentido de que hubo un progreso en materia fiscal que ahora permitiría aliviar aquella carga, me parece implicar una independencia del ajuste por un lado y la caída de las remuneraciones a los funcionarios por el otro que de hecho no existió. El progreso fiscal se hizo rebajando los sueldos reales del funcionariado. Si ahora se aumentan, el progreso será tanto menor. Se desanda parte del camino, eso es todo.
El punto siguiente a examinar consiste en el análisis de la situación salarial de los servidores públicos, por ver si de ella se infiere un imperativo en el sentido de desandar, después de todo, aquel avance hacia el equilibrio fiscal. Una meta deseable no podría justificar un medio notablemente injusto o extremadamente gravoso.
La consideración de este punto me llevó a revisar dos series de datos: la serie del salario real del sector público y la serie del rubro "Remuneraciones y Previsión Social" en las cuentas de la Tesorería. El segundo, como su título lo indica, posee contenido complejo, pero, como primera aproximación, supongamos que él se compone básicamente de sueldos pagados a funcionarios, y de pasividades que institucionalmente son ajustables en base al salario de los funcionarios. De ese supuesto se deriva una hipótesis: tomado en términos reales, el comportamiento de esta partida debería estar dominado por el salario real.
Los datos desmienten esta hipótesis de modo terminante, como la gráfica se encarga de demostrar. La línea punteada representa un índice del ya aludido rubro de "Remuneraciones y Previsión Social" del gobierno central, en términos reales, y la línea continua representa el salario medio de los funcionarios públicos, igualmente en términos reales. El deflacionador en ambos casos fue el Índice de Precios al Consumidor. Ambos números índices parten de un valor de 100 en el primer trimestre de 1976. Si las fluctuaciones de la "nómina salarial" de la Tesorería (el flujo financiero que va hacia las familias) obedeciesen fundamentalmente a los cambios experimentados por el salario real, los dos índices exhibirían movimientos análogos, y sus expresiones gráficas tenderían a superponerse o entrelazarse. La gráfica y los dos cuadros muestran un estado de cosas patentemente diverso, con fluctuaciones radicalmente diferentes de una y otra variable.
La primera etapa en que el lapso de casi nueve años ha sido dividido abarca 15 trimestres, y durante ella la nómina salarial se mantiene prácticamente constante, mientras el salario real cae a una tasa anual del 5% (ver cuadro 1). Los valores medios de ambos índices son bastante parecidos. Podría sostenerse que en este período la nómina salarial real dependió de manera importante del salario real, si bien algún otro factor debió impedir que la caída del salario real se reflejara en la nómina.
En la segunda etapa, de tres años de duración, la disparidad se torna descomunal. Mientras el salario real crece al 7.5% anual —una tasa potente (más de 24% en el trienio)—, el rubro "Remuneraciones y Previsión Social" crece al 23.9% (90% en el trienio). Este es el período en que la disciplina que el régimen había exhibido anteriormente deja su lugar a una total irresponsabilidad. Los valores medios se separan en casi 50% (ver cuadro 2), llegando a fin de la etapa la "nómina" a duplicar el índice del salario unitario real.
¿Cuáles fueron los factores que produjeron esta tremenda divergencia? En parte puede haberse tratado de un incremento en el número de funcionarios. En parte por mejoras en los beneficios a los pasivos y en el número de pasivos, así como reducción de los gravámenes destinados a la seguridad social.
El hecho es que las finanzas públicas se transforman al cabo de este lapso. Él explica prácticamente todo lo que hay que explicar sobre el surgimiento súbito de la deuda externa, y la profundidad de la contracción de 1982, y la dificultad que el país está encontrando para reponerse de ella.
En la tercera etapa, de dos años de longitud, la nómina cae más de prisa que el salario unitario, y concluye en casi un nivel de 60, 40% por debajo del inicial (o del primer trimestre de 1982).
Es una tremenda caída cuyas consecuencias para el bienestar de los trabajadores públicos sería superfluo explicitar. Pero al mismo tiempo conviene tener presente que la nómina del gobierno central en salarios y pasividades no ha sufrido una caída análoga, y que al fin del período analizado su índice excedía en 80% el índice del salario real.
La tasa unitaria de remuneración es importante, porque el nivel de vida de los funcionarios depende directamente de ella. Pero el conjunto de los pagos salariales a activos y pasivos también es importante, porque hay otro agente, tan de carne y hueso como el funcionario, que debe soportar la consiguiente carga. Me refiero, por supuesto, al contribuyente, ya sea de tributos explícitos, ya del impuesto inflacionario que opera como equilibrador residual de las cuentas.
Una reducción del salario real del 40% mete miedo, pero un nivel de la nómina salarial 80% por encima de lo que el salario real podría explicar no debería dejar de conturbar nuestros espíritus.
Pretender restaurar el salario real de los funcionarios sin hacer algo al mismo tiempo a propósito de la portentosa hinchazón del gasto público en salarios y pasividades ocurrida durante el lapso 1980-82 significa hacer un llamado a la hiperinflación. Que no está tan lejos como algunos parecen creer.