El nuevo gobierno debe comenzar su gestión con planes concretos capaces de romper el cerco que va a asediarlo en materia fiscal. De lo contrario se verá reducido a una acción meramente defensiva, que no impedirá que la inflación y todo lo demás vaya de mal en peor. Al fin y a la postre la ofensiva para romper el asedio tendrá que ser lanzada de todos modos. ¿Por qué hacerlo más tarde más bien que antes, con menos tiempo útil por delante, y con un deterioro más profundo de las condiciones generales?
De todos los sectores en que la ruptura del círculo de hierro puede intentarse, el más promisorio es el de las empresas públicas. No porque aquél sea el que padece un desfinanciamiento más grave —la seguridad social posee ese privilegio sin lugar a dudas— pero sí porque las dificultades para lograr avances significativos lucen tanto menores en ese terreno.
Tomemos, por ejemplo, el caso de AFE. La elección del ejemplo no es arbitraria, porque de todas las combinaciones de empresas que podrían revertirse con éxito apreciable —no es indispensable hacerlo todo de inmediato— AFE es la única constante. Los ferrocarriles uruguayos usan una gran cantidad de recursos y mano de obra en número no muy inferior a la decena de mil, ingentes cantidades de combustible, y una multiplicidad de bienes y servicios comprados en el país y en el exterior, que componen sus otros insumos. Pues bien, no creemos que nadie en la república entera esté dispuesto a afirmar que ese colosal consumo de recursos tenga por contrapartida una contribución sustancial del ente ferroviario al sistema nacional de transportes, ni de carga ni de pasajeros. Más concretamente aun: hace ya más de dos décadas que consultores internacionales, contratados por el gobierno y pagados por los contribuyentes, indicaron con toda precisión cuáles de los servicios que presta AFE podrían mantenerse en funcionamiento dentro de una concepción racional de su mantenimiento. No representan por cierto una fracción elevada del total.
Y, sin embargo, han pasado los años, y los lustros, y las décadas, sin que nada pasase. Gobierno tras gobierno, tanto de condición civil como militar, parecen haber llegado a la convicción de que no comprometerían su responsabilidad, ni política ni histórica, menos aún patrimonial, si persistían en el pavoroso despilfarro de recursos. ¿Qué razones pueden haber mediado para ello?
La razón ostensible, a la que se ha dado expresión una vez tras otra, es de índole social. Básicamente se ha tratado de la voluntad firme de los gobernantes de preservar a cada funcionario su puesto de trabajo. El resultado ha sido algo así como un disparatado seguro de paro que, aparte de pagar beneficios, consume petróleo, energía eléctrica, vagones, durmientes, locomotoras, uniformes, alimentos, y quién sabe cuántas cosas más.
Claramente tal cosa no puede continuar. No lo decimos por un mero prurito de eficiencia, aunque no es esa una preocupación baladí. Sobre todo lo sostenemos en mérito a la misma razón de índole social a que todos coinciden en otorgar prioridad. Porque mantener un servicio ferroviario para emplear gente, y no para transportar mercancías y personas, no sólo es una afrenta a la eficiencia difícil de empardar, sino que, al agravar el déficit fiscal, y con él la inestabilidad monetaria, la inflación, la inseguridad, mantiene a otros hombres y mujeres en el desempleo, y contribuye a perpetuar la deprimida condición salarial que padecen nuestros trabajadores.
El caso de los ferrocarriles es, como decíamos, en este contexto, apenas un ejemplo. Hay otros casos pertinentes, algunos casi tan graves como aquél, de los que no demoraremos mucho en ocuparnos. Hoy queremos inquirir si la coyuntura política no será capaz de aportar una argumentación adicional para la inacción en materia de empresas públicas, capaz de mantenerla aun cuando quedara terminantemente demostrado, como nosotros creemos que lo está, que las consideraciones de orden social y humanitario reclaman en realidad un revisionismo profundo en la materia.
Lo que concretamente tememos es que el partido que va a ser gobernante entienda que su contenido ideológico tradicional opera como un factor inhibitorio a toda política en aquel sector que no comporte cuando menos un avance del dominio estatal dentro del campo de la producción. Concebiblemente podría hasta considerar el partido batllista que el resultado de las últimas elecciones comporta un mandato concreto en contra de la revisión a fondo que nosotros propugnamos, respecto del conglomerado de empresas estatales, y que por toda otra consideración luciría inequívocamente indicado.
No pretendemos, como es natural, atribuirnos competencia para reinterpretar el contenido del mandato que la ciudadanía le ha conferido. Solamente diremos que no vemos cómo el partido de gobierno cumplirá bien el cometido que la ciudadanía le ha confiado, en condiciones de acumulada dificultad, sin llevar a cabo esa revisión.
Sin duda que las empresas del estado asumieron un papel sumamente importante en el pensamiento y la obra de Don José Batlle, sus colaboradores, y seguidores. La teoría en que se apoyó la praxis batllista buscaba, según nuestro entender, tres objetivos en este campo. El primero era de índole fiscal, allegar fondos al tesoro nacional y de tal manera aliviar el peso tributario. El segundo consistía en suministrar a ciertos sectores claves una dirección distinta de la que vendría determinada por el espíritu de lucro de los propietarios de la empresa. El tercer objetivo era de carácter nacionalista, y tenía que ver con el ahorro de divisas resultante de nacionalizar empresas de capital extranjero.
Hoy en día es posible apreciar sin dificultad que el primer objetivo no se cumplió y, al contrario, el apremio fiscal está presionando precisamente en sentido contrario. Los otros objetivos pueden ser sin duda mucho más polémicos, pero en los casos en que el aspecto fiscal sea dominante, el camino racional no está sujeto a controversias.
De manera importante, hay que concebir la esperanza de que el batllismo sea capaz de lograr una puesta al día de su doctrina que no suponga la dogmatización de todas las palabras que salieron de la boca de su líder epónimo, y en cambio encuentre inspiración en la apertura intelectual de aquél a las soluciones propias de cada hora.
En los tiempos de Don José Batlle los socialdemócratas de todos los países tenían las estatizaciones de las industrias importantes en lugares prominentes de sus programas. Hoy, siguiendo sobre todo a la declaración de Bad Godesberg, de la socialdemocracia alemana, emitida hace casi tres décadas, ellas han resultado desplazadas por otros objetivos, particularmente el de la modernización de las economías.
Don José Batlle, ¿no habría estado, como en tantas otras cosas, en la vanguardia de esa reorientación?