En un editorial exhaustivo sobre el tema de los aumentos salariales, la "Página Económica" de El País llega el sábado pasado a la conclusión de que el gobierno no debió entrar en el campo salarial privado. En un artículo con el cual nos hallamos de acuerdo casi totalmente, el punto terminal nos suscita algunas dificultades.
La premisa básica del artículo consiste en que el gobierno no puede fijar salarios reales. Afortunadamente, creemos que la gran mayoría de la opinión pública percibe actualmente entre nosotros esa incapacidad como cierta. No es que la Concertación Nacional Programática haya contribuido en ese resultado. Ciertamente no lo hizo. Pero las declaraciones del Presidente y sus Ministros sí han tenido cuidado en recalcar en cada oportunidad algo que el ciudadano medio encuentra sin duda evidente: que el nivel de vida del trabajador está asociado a lo que produzca, que la prosperidad no es decretable, de lo contrario nadie pasaría apremios económicos en ninguna parte. Y además, por supuesto, está el colosal insuceso argentino en esta materia. En diciembre de 1983 el gobierno de Alfonsín fijó una meta de incremento mensual del 1% en los salarios reales, y en realidad éstos cayeron a razón del 2% por término medio, situándose en febrero a 40 puntos porcentuales de la meta respectiva. ¡Dura realidad! Pero, sobre todo: ¡vanas e injustificadas ilusiones!
El gobierno no puede, pues, proponerse un objetivo de salario real a propósito de su intervención en la fijación del salario nominal. Podrá hacerlo, en todo caso, en el marco de su política general, en la cual las remuneraciones reales desempeñen el papel de resultantes de un complejo de fuerzas también reales. Pero pensar siquiera que pueda bastar con fijar aumentos algo mayores que la inflación pasada para que el salario real se recupere, sería una ingenuidad a esta altura inexcusable.
Si, compartiendo esa básica premisa, no compartimos la conclusión de la Página Económica, es porque no vemos cómo el gobierno puede permanecer al margen de la fijación del salario nominal en la presente coyuntura, por dos razones fundamentales: una, porque paga muy cerca del 50% de todos los salarios de la República, y por tanto no puede dejar de influir en el mercado de trabajo, como no dejó de influir en ningún momento el gobierno saliente, por más que formalmente se abstuvo de fijar remuneraciones fuera de su propio sector. La otra, porque, con una inflación del porte de la que padecemos, la fijación de salarios nominales arriesga cambiar los reales de manera drástica e involuntaria, sencillamente por la imposibilidad en que se hallan las partes privadas para prever lo que acontecerá con el costo de la vida.
Por supuesto, tampoco el gobierno posee una bola de cristal capaz de resolver esa incógnita de manera satisfactoria, pero al menos conoce más sobre las variables que van a incidir sobre la inflación, y que dependen de sus intenciones y posibilidades en cuanto a la magnitud del déficit fiscal agregado y a los medios de su financiación.
El artículo que estamos comentando se cierra con una exhortación dirigida al gobierno: "zapatero a tus zapatos". Nosotros estamos dispuestos a hacerla nuestra, siempre que se entienda que la zapatería a que el gobierno está llamado es una zapatería monetaria, que debe fabricar una moneda todo lo previsible que sea dable lograr en las condiciones actuales, y todo lo estable que resulte factible con el andar del tiempo.
Sea cual sea la intención del colega, en lo que nos concierne, nosotros sí formulamos a las autoridades la exhortación de que se apliquen sin demora a realizar la programación financiera para el año 1985, y, con sujeción a los cambios que la marcha de los acontecimientos vayan imponiéndola, para la totalidad de su período de gobierno. Como dentro de esa programación se deberá dar valores a la variable "salario nominal del sector público", a la vez que efectuar previsiones de inflación, las partes privadas tendrán los elementos básicos —no los ideales, pero sí los imprescindibles— para una negociación sin interferencia gubernamental. Entretanto ello no ocurra, la presencia del gobierno como árbitro entre dos partes que se enfrentan en una acentuada penumbra tal vez sea aconsejable.
Al mencionar las negociaciones salariales, postulamos del lado laboral una representación que asuma la defensa de los intereses a su cargo con el vigor requerido pero también con racionalidad. Ello no es, desgraciadamente, lo que vamos observando en el decurso de los acontecimientos.
Por el momento, el ambiente de convivencia industrial que va delineándose no es el propicio para que la economía se reactive. Sin reactivación económica, sin embargo, no habrá mejora del salario real ni de la ocupación. La racionalidad de la estrategia sindical parece cuestionable.
Es cierto que, dentro de la dirigencia sindical, la mayoría es escéptica en cuanto a las posibilidades de una mejora del nivel de vida de las masas obreras sin un cambio estructural revolucionario. Si la meta de los ejercicios que estamos presenciando es la de ir preparando ese cambio profundo, ello devuelve a la estrategia sindical algo de la racionalidad que le reclamábamos. Se trataría, sin embargo, tan poco después de las elecciones que dieron sobre las propuestas marxistas un veredicto tan elocuente, una estrategia deplorablemente exenta de realismo.
Las huelgas y los paros no harán la revolución. Al respecto la lección de la historia es elocuente. Pero sí podrán arriesgar, según la misma experiencia, desestabilizar el estado de derecho y la democracia. Hubo un tiempo en que las fuerzas de izquierda procuraron este objetivo entre nosotros en base a la premisa de que les resultaría más conveniente enfrentarse con un gobierno de facto. Uno no puede menos de extrañarse de que una idea tan claramente descabellada y tan recientemente contradicha por lo hecho parezca gozar aún de buena salud.