Ha trascendido que el programa financiero que las autoridades han presentado al FMI, y que ha recibido al menos aceptación preliminar, implica la reducción del déficit global del sector público en 1985 a aproximadamente 6% del valor de la producción generada en el territorio nacional.
No conocemos la información suministrada por las autoridades ni la que haya prestado credibilidad a semejante política. En efecto, las declaraciones oficiales se han limitado a la enunciación de las metas que acabamos de recordar, sin hacer explícita la manera en que ellas van a lograrse.
Esa reticencia puede hallarse asociada a lo que a nosotros nos parece una relativa indiferencia de nuestro medio respecto del tema. Esa actitud se manifiesta ya en el documento que el verano pasado elaboraron los economistas de los partidos en el marco de la concertación. Su revisión (en el Nº 269 de Búsqueda) nos ha revelado tres menciones separadas al objetivo de la reducción del déficit fiscal, pero ninguna a los métodos capaces de lograrlo, a no ser la exhortación trivial y omnipresente de la mejora de la recaudación.
Ese modelo —y el documento alude a "un riguroso control de la evasión"— debería resultar sospechoso para todo observador, por la sencilla razón de que carece de costos. Si puede lograrse, enhorabuena, pero si fuera tan sencillo, otros lo hubieran logrado antes. Parece más realista partir de la base de que para reducir el déficit, y alcanzar el beneficio consiguiente —beneficio económico para la población y político para el gobierno y para las fuerzas partidarias coaligadas con él en la política fiscal— no hay más remedio que incurrir en ciertos costos, de los cuales destacamos dos: el de elevar impuestos y el de reducir gastos.
No hay mayor impuesto que deje de dolerle a alguien, que deje de pagarle a alguien, que deje de inferirle pérdidas a los propietarios o a los destinatarios de la erogación, o a los suministradores de los recursos e insumos pertinentes.
No es válido, por tanto, objetar a una medida orientada a reducir el déficit, el que ella impone sacrificios a ciertos sectores de la población, porque ésta debe ser una constante en todas las políticas fiscales imaginables que encaren ese propósito. La única crítica pertinente puede ser una que se base en las alternativas que se están dejando de lado, y que podrían conducir a una consecución menos onerosa del mismo resultado.
Nosotros vemos en estas medidas la expresión hasta ahora principal del esfuerzo gubernamental por aproximarse a la meta de un déficit fiscal reducido. Por lo tanto, las asimilamos íntegramente a aumentos de impuestos.
Todo déficit de una empresa estatal equivale a un subsidio, y eleva las necesidades financieras del sector público agregado. Todo superávit equivale a un impuesto, y rebaja consiguientemente esas necesidades financieras. Todo aumento real de tarifas, que se mantenga por encima del movimiento de los costos, no puede tener otra consecuencia. Por lo mismo, implica la reducción del déficit, o el aumento del superávit, en un monto íntegramente equivalente a un impuesto.
El Presidente de ANCAP, Sr. José Luis Batlle, expresó a la prensa que el aumento de los precios de los combustibles "no estaba dirigido a provocar más recursos fiscales" (El País, julio 14), basándose en el hecho de que las tasas del impuesto a los combustibles no sufrieron modificación, pero lo dicho sirve para aclarar que ello no viene al caso.
Es extraño que el vocero del ente petrolero se esfuerce por restarle a la medida la única fundamentación que legítimamente puede sustentarla. La Página Económica de El País, comparando el movimiento de los precios con el presunto de los costos, fustigó las decretadas, tratándolas de "desmanes" y reclamando "resistencia en las esferas gubernativas" (13 de julio). Nosotros no compartimos el punto de vista del acreditado colega, pero dejando constancia de que nuestra posición reposa sobre fundamentos diferentes de los expuestos por las autoridades.
También el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Ariel Davrieux, realizó declaraciones a la prensa sobre el mismo tema, en las que igualmente se abstuvo de hacer explícito el marco macroeconómico dentro del cual las medidas cobran sentido. El Cr. Davrieux manifestó que las tarifas están previstas para regir durante un cuatrimestre, y que se basan en los costos esperados para ese lapso. Esto es un concepto interesante, y válido: pero si el aumento decretado para el cuatrimestre alcanza para cubrir el costo al final del período —el haber partido con un aumento del orden del 20% indicaría que ése es el caso, dada la previsión de una inflación del 60% (17% por trimestre como media)— implica un apreciable rezago de los ingresos, que podría dejar un aporte del orden del 6% de éstos al cabo de un año.
Semejante expediente carecería de justificación si se considera el cuadro fiscal en su debida perspectiva. Ello es tan obvio, que abre una interrogante sobre la razón de ser de la reticencia oficial. Nosotros solo podemos pensar en una razón posible, la de que el instrumento de incremento de la imposición indirecta no es admisible según el documento de la concertación más arriba mencionado.
Indudablemente, esa tributación que nosotros percibimos en las subas tarifarias posee igual condición de impuesto indirecto. Pero, como señalábamos al comienzo, no cabe criticar un expediente fiscal en este contexto, sino señalar alternativas capaces de rendir resultados equivalentes.
Por nuestra parte, queremos dejar constancia de que la preocupación que las autoridades están evidenciando, más en su comportamiento que en sus palabras, por elevar los ingresos del sector público, que ha inspirado diversas medidas específicamente tributarias sobre las que hemos de volver en breve, adolece en nuestra opinión de indeseable unilateralidad. La reducción de un déficit puede hacerse tanto aumentando impuestos como bajando gastos, y no nos parece admisible que se desaprovechen oportunidades obvias para recurrir al segundo procedimiento.
Vuelve a nuestra memoria el ya reiteradamente aludido documento de la concertación, donde —para nuestra siempre renovada perplejidad— se toma partido contra la reducción en el corto plazo de la participación del gasto en el PBI. Si esta postura, tal vez basada en un keynesianismo ingenuo —que habría horrorizado a Keynes— está frenando las medidas evidentes sobre el gasto, aunque más no sea allí donde el gasto pierde el nombre decoroso de tal, y se convierte en franco despilfarro, entonces hay que pensar que el gobierno, al adherirse a aquel documento, inició una prueba digna del gran Houdini: maniatarse con siete cerrojos para maravillar al público mostrando que de todos modos puede zafarse. Interesante pero, tememos, algo riesgoso.