"Todo tiene su tiempo y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar, tiempo de herir y tiempo de curar... tiempo de callar y tiempo de hablar..."
Y aunque el Eclesiastés no lo diga expresamente, debe haber un tiempo de buscar el consenso, y otro de definir posiciones, y contar votos.
El consenso no puede ser de todas las horas ni de todos los lugares, en el ámbito de los gobiernos democráticos. Esto pensamos el viernes pasado al oír al Presidente de la República formular una nueva propuesta de consenso con el fin, según expresó, de asegurar la gobernabilidad del país. Si ésta debiera asentarse necesariamente sobre un consenso viable, nadie podría estar seguro de que no fuera el Coronel Latorre quien hubiera pronunciado al respecto la última palabra.
Sin duda, la alocución presidencial es susceptible de una pluralidad de interpretaciones. Una puede construirse sobre el pasaje en que el Dr. Sanguinetti dijo: "...lo mejor para el país es que el gobierno mantenga plenamente su responsabilidad de conducción..." Según esa interpretación el gobierno estaría a punto de exhibir un programa concreto y bien estructurado, y proponer a partidos, sindicatos y organizaciones patronales una versión del Pacto de la Moncloa sobre esa base. Ese programa tendría metas y pautas cuantitativamente especificadas, a diferencia del documento de la Concertación que firmaron el verano pasado los economistas de los partidos, y uno puede entrever, si inhibe un tanto su sentido crítico, y le da en cambio rienda suelta a la imaginación, una negociación en que las pautas del salario nominal o las metas sobre inflación, o lo que fuere sobre tasas de interés, resultasen analizadas en función de un modelo económico común, y donde las cifras del gobierno fuesen objeto de un recorte aquí, y de un estiramiento allá, donde viéramos el desplazamiento de un medio punto acá y de un tercio de punto acullá acercar el consenso. Si semejante arreglo pudiera hacerse cierto, y si además pudiera hacerse cierto pronto, nadie debería permanecer ciego a sus grandes ventajas, entre las cuales no sería la menor la de hacer un alto en la secuencia de conflictos gremiales, por cuanto la observancia del acuerdo por las autoridades constituiría una garantía de paz.
Al mismo tiempo, el pasaje del discurso del Presidente en que se detalló la estructuración de tres foros distintos para una búsqueda triplemente colegiada del consenso se presta a la interpretación de que el objetivo es una reedición de la Concertación programática, que se desarrolló en el período pre y poselectoral anterior al 14 de marzo. Quienes sentimos un gran alivio cuando aquel ejercicio absurdo tuvo fin no podemos dejar de encontrar en esa segunda interpretación connotaciones de pesadumbre.
Nosotros pensamos que el balance de la Concertación programática ha sido claramente desfavorable para los intereses del gobierno como para los del país. Deficiente, por de pronto, por asentarse sobre la premisa grandemente falsa de que el acuerdo político sobre asuntos que conciernen la estructura de una economía y su matriz de interrelaciones implica para la política acordada una vocación especial a volverse ejecutable. Una política asentada sobre bases científicas erróneas debe conducir al fracaso exactamente igual al que si no la conciertan mil. La concepción heliocéntrica galileo-copernicana era correcta, por más que débilmente minoritaria, y el consenso geocéntrico del siglo XVI no era, por ser tal consenso, una descripción menos infiel de la realidad. Ya hemos escrito antes esta clase de cosas, pero diríamos que en hora —que no parece ser en el Uruguay el tiempo de la lucidez— no le es a uno posible dejar de repetirse.
Otro pasaje del discurso del Dr. Sanguinetti arriesga acercarse a una identificación de consenso y de democracia, que nos parecería francamente descaminada. Nos referimos al fragmento en que manifestó: "Nosotros no renunciaremos a la búsqueda de ese consenso popular, porque a él nos debemos y en la democracia son las mayorías las únicas con autoridad para juzgar".
Nadie tiene derecho a suponer que un hombre de la cultura del Dr. Sanguinetti confunde consenso —que stricto sensu es la característica de la voluntad popular expresada en los estados totalitarios— con mayoría, que es uno de los alcances que prescribe la Constitución, la forma de dirimir las divergencias propias de las democracias. En un sentido débil, se ha usado el término consenso para aludir a objetivos adoptados por líderes democráticos importantes, como Jimmy Carter en los EE.UU., y Ted Heath en Gran Bretaña (le llamaban "Consensus Ted"), pero nadie puede legítimamente afirmar que Ronald Reagan y Margaret Thatcher, con mayorías populares más fuertes detrás de sí, hayan de ser juzgados menos democráticos que aquellos, por el hecho de promover programas con una individualidad mucho más fuerte, y ser capaces de suscitar oposiciones mucho más vehementes.
Aun contuvo el breve discurso del Presidente otra faceta que atrajo poderosamente nuestra atención. Nos parecía estar íntimamente conectada con el resto de la exposición, pero intrínsecamente nos lució de lo más importante. Dijo el Presidente: "...ni un milímetro de la legalidad. Tampoco transigiremos que nadie se aparte tampoco, ni un milímetro, de esa misma legalidad".
Nosotros diríamos que sobre esa base podría fundamentarse la interpretación de que el Presidente piensa que ha llegado la hora de actuar, y dejar atrás la deliberación indefinida. Nosotros pensábamos que el Dr. Sanguinetti se encaminaba hacia esa postura cuando fue desviado de su trayectoria por la propuesta de un pacto social. Este pasaje de su discurso parece reflejar aquel estado de espíritu, tal vez transitoriamente dejado en suspenso.
Actuar, por supuesto, dentro del marco que la Constitución y las leyes le fijan al Poder Ejecutivo. Tratándose del gobierno del Dr. Sanguinetti, parece superfluo destacarlo. Pero, de todos modos actuar. Un actuar que podría llegar a parecer duro, tras la vigencia de una imagen en que la República se vio a sí misma en una atmósfera bucólica, donde todos los ciudadanos querían en el fondo la misma cosa, algo así como la volonté générale rousseauniana, y todo el problema radicaba en la falta de ejercicio del liderazgo político y sindical inducido por la larga dictadura, pero un actuar, en cualquier caso, que está prescrito en términos inequívocos por la Constitución, cuyo texto hace jurar al Presidente, al asumir su cargo, que evitará que la pisoteen, y le encomienda hacer cumplir la ley. Un actuar que puede implicar todo un programa de gobierno, mucho más eficaz incluso que cuanto se haya propuesto hasta ahora en la dirección de la recuperación económica, de hecho obstruida más que nada por una selva de incertidumbres. Un actuar que puede precipitar rupturas y enfrentamientos, cuando el Presidente lleve la exigencia de legalidad ajena de la zona de la retórica hacia la zona de los hechos: pero un actuar prescrito por el derecho mismo, que no le deja al Primer Mandatario significativa discrecionalidad.
Por tanto, un actuar impostergable, acicateado por una legalidad maltrecha, en una variedad de ámbitos de la vida de la república. Ese es el tiempo que realmente estamos viviendo, el tiempo de las definiciones, el tiempo de la acción. Y lo que en el mensaje del Presidente encontramos extemporáneo, lo que apunta hacia la repetición del deliberar inconducente, pensamos que apenas insumirá en un breve intervalo.