La semana pasada se produjo un tumulto en un local de pagos de la Dirección General de la Seguridad Social situado en la Unión. Llegaron hasta el lugar del hecho, junto con la policía y los curiosos, y junto con alguna ambulancia —porque aunque el episodio fue felizmente incruento, debió tener una secuela no insignificante de desmayos y taquicardias— las cámaras de la televisión. Gracias a ellas el público uruguayo pudo asomarse a una ventana fortuitamente abierta sobre un conglomerado humano que por regla general nunca alcanza a situarse en el foco de la atención nacional. Un conglomerado humano que todos lo sabemos anda por ahí, por esa zona penumbrosa de los casos tristes e incurables, pero en dirección al cual, pese a sus multitudinarias proporciones, nos las arreglamos habitualmente para no mirar. Esta vez, por accidente, los jubilados y pensionistas pudieron salirse de su constitutiva pasividad, y actuar frente a una audiencia pública. Mostraron un rostro colectivo emaciado, como era de esperarse; en el que se leía una angustia nada sorprendente, pero donde el sentimiento dominante —y ello nos pareció ya menos previsible— era la indignación.
El episodio en sí mismo fue relativamente trivial. Los pagos, por algún motivo, se retrasaron. Ello intensificó el hacinamiento usual en que el local funciona, lo que hizo que la operación programada se rezagara más aún, y así sucesivamente, hasta que la acción del agolpamiento humano sobre la torpeza burocrática, y de ésta sobre aquél, culminaron su trayectoria en espiral hacia el tumulto.
La causa del retraso inicial en los pagos no hemos conseguido ponerla en claro. Algunos de los pasivos que testificaron ante las cámaras de TV la atribuyeron a un paro de funcionarios. Éstos desmintieron esa versión. No era cierto, dijeron, que hubiesen parado aquel día. Además, dijeron —en una superposición de argumentos lógicamente inadecuada y psicológicamente sospechosa— cuando paran, no detienen los pagos. Para los funcionarios, fueron las carencias estructurales del local las responsables.
Los testigos que los pasivos ocasionalmente presentaron, que el azar seleccionó por su proximidad a los periodistas, y que por ello debemos presumir una muestra representativa del respectivo "universo", no mostraron predilección por el tema incidental de lo que aquella mañana había acontecido, y sí por ventilar los agravios muy serios que tienen contra la sociedad que integran, que se resiste a reconocerles en tal carácter, relegándoles hacia sus márgenes, como si quisiera expulsarles de su seno.
Si se nos permitiera interpretar sus sentimientos en lenguaje empresarial, les haríamos decir que no habían comprado prime time en televisión al alto precio del riesgo físico y la tortura moral para malgastarlo en comentar una mera anécdota. Su verdadero tema, como sus declaraciones claramente revelaron, es doble: es el tema de su miseria económica, y es el tema de su dignidad humana pisoteada. Estrechamente vinculados, ambos mantienen su individualidad. De ambos vamos a ocuparnos. Sobre ambos el país tiene que hacer algo, y hacerlo urgentemente, si es que ha de conservar el respeto por sí mismo.
Los testimonios que las pantallas difundieron en ningún caso omitieron la mención de las mensualidades lastimosas que sus autores tenían asignadas. La ciudadanía sabe hasta qué punto son, en su exigüidad, absurdas e irreales. El tema aquí es: ¿cómo es posible que la sociedad al respecto no haga nada? ¿Cómo es posible que se acepte que tras una vida de trabajo, y de contribuciones financieras, el destino sea la indigencia, con total desconexión entre la pitanza de hoy y el ahorro aportado a lo largo de las décadas? Alguien se ha quedado con el dinero de esta gente: ésta es la conclusión que se impone. Han sido robados: ésta es la conclusión que los demás uruguayos les debemos, y que llevamos una generación larga escamoteándoles.
La omisión es grave, porque el despojo aconteció a vista y paciencia de todos. Cuando llegó la inflación, aunque fuera de un dígito de hace cuatro décadas, los títulos de deuda pública de aquel entonces, en pesos y al 5% anual, perdieron su mercado. Sólo siguió fiel a ellos el instituto jubilatorio. Gran parte del capital aportado por los activos de entonces, y pasivos de hoy, se hizo humo. Humo inflacionario, al menos.
El resto se fue en préstamos a los funcionarios de la Caja de Jubilaciones. Préstamos para comprar dos viviendas y amoblarlas. Una en Montevideo y otra en una playa. Al 3% anual. Sin reajuste. ¿Quiénes lo hicieron? Los nombres se han hecho humo como los títulos de deuda. Pero las responsabilidades políticas son amplias, abarcadoras de un enorme espectro. Existe una responsabilidad solidaria del país por sus políticos, es indiscutible. Y existe la responsabilidad solidaria de los jóvenes y no tan jóvenes de hoy por la omisión de sus mayores, por la frivolidad, por la desaprensión, por la tontería de sus mayores.
Lo menos que podemos hacer es reconocer esa responsabilidad. Y cuantificarla. Y hacer al menos algún plan para comenzar a pagar ese otro endeudamiento —el tercero, el intergeneracional— que hemos contraído, y darle tal vez aunque sea un comienzo de cumplimiento. Por más que sea sólo simbólico.
El asunto no es fácil porque la disipación del patrimonio del instituto jubilatorio nos hizo pasar, de un sistema de capitalización, que era el sistema de la ley, a un sistema de meras transferencias, que fue la consecuencia "de facto" que impuso la prodigalidad de los administradores. Debemos volver a un sistema de capitalización, pero la transición es tremendamente difícil en particular en una coyuntura de penuria financiero-presupuestal como la actual. En buena parte, después de reconocer la deuda habrá que refinanciarla. Pero habrá que hurgar en el patrimonio industrial y comercial del Estado en busca de alguna fuente de ingreso con la que efectuar al menos un pago a cuenta.
El segundo aspecto de la cuestión es, por fortuna, de fácil solución, y debe ser adoptada sin tardanza. No existe ni la sombra de una excusa válida para que los pasivos tengan que peregrinar mensualmente a locales donde campea el hacinamiento y donde implícitamente se les denigra como seres humanos. En Buenos Aires, apenas del otro lado del río, usan la red bancaria, pública y privada, para efectuar los pagos y evitan las aglomeraciones y hasta las colas de manera total. Los bancos ofrecen por otra parte a los pasivos la posibilidad de abrir cajas de ahorro, en cuyo caso las pasividades les son acreditadas y pueden retirarlas a su conveniencia.
Nosotros debemos hacer otro tanto. En seguida. Ello no logrará que la condición de los pasivos supere su extremada gravedad. Pero les mostrará al menos que la sociedad a que pertenecen les reconoce como seres humanos, y no insiste en someterles a penurias y humillaciones gratuitas.