1986 tiene que ser el año del crecimiento, el año del reencuentro del Uruguay con su capacidad normal de crecer.
Por contraste, 1985 llegará a percibirse como el año en que las consideraciones políticas primaron sobre el buen sentido económico, y postergaron la recuperación.
Ésta llegará con todo bastante atrasada a nuestro país. En 1981 el mundo entero se precipitó en una contracción importante. Los EE.UU. comenzaron a recuperar su nivel de actividad a fines de 1982. Desde entonces han crecido vigorosamente, operando como locomotora para las economías abiertas al comercio. Las del sudeste asiático —Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, etc.— han logrado (entre otras) un progreso sumamente interesante, exactamente por el camino que nosotros debemos recorrer: la expansión de las exportaciones.
Mientras ellas lograban ese resultado a tasas impresionantes, mientras los EE.UU. incrementaban sus importaciones en volúmenes sin precedentes, nosotros redujimos nuestras exportaciones entre 10 y 15 % en 1985, y nos situamos un tercio por debajo de la marca máxima de 1981. Por más que haya factores exógenos, se trata de una paupérrima realización. Se ha vuelto usual entre nosotros esconderla tras una falsa visión del mundo, que lo presenta como un conjunto de mercados cerrados o en proceso de clausura. Eso no es cierto. Es una media verdad, reconocidamente la forma más peligrosa de falsificación. Es cierto que, bajo la presión de intereses sectoriales, diversos rubros de nuestra producción exportable encuentran barreras gravosas, antinómicas con los compromisos y las protestas de apoyo a la libertad mercantil de quienes las han erigido. Ello es cierto, como decíamos, e igualmente justo y oportuno que el gobierno uruguayo se valga de todos los foros disponibles para protestar contra ese estado de cosas. No es cierto, en cambio, que el crecimiento exportador nos esté consiguientemente vedado, y es peligroso que demos a nuestra protesta un giro tal que termine por convencer a la opinión pública de que todo lo que nosotros hagamos para procurarlo es inútil.
Mucho más provechoso, sin duda, sería que, foros internacionales aparte, adoptáramos como hipótesis de trabajo la proposición esencialmente verosímil de que nuestro fracaso exportador es un fenómeno de producción, y no de mercado, de oferta, y no de demanda, que se corregiría si la inversión saliera de la depresión profunda en que se ha ido sumiendo progresivamente desde 1982. Sería fundamental que abandonáramos, al contrario, la hipótesis que los hechos han desacreditado ya palmariamente, de que existe una capacidad instalada ociosa que permitiría incrementar significativamente el producto sin comprometer más capital.
Desde este ángulo el problema se simplifica notablemente. Todo gira en torno a una pregunta que se formula en dos fases: ¿por qué el sector privado se mantiene reacio a invertir? ¿y qué es preciso hacer para que cambie de actitud?
La primera fase se contesta con toda certeza por falta de confianza. Al mencionar esta palabra no podemos dejar de reconocer el progreso que el gobierno alcanzó en este terreno durante 1985. El año pasado se detuvo la fuga de capital que había desangrado la economía desde la segunda mitad de 1981 —lo constatamos contra nuestras previsiones— y pudo financiarse prácticamente todo el déficit del gobierno central con recursos genuinos. Si comparamos estos logros con la situación de aguda desconfianza del período preelectoral, ellos parecen tanto más dignos de destaque. No cabe duda que las autoridades han sabido proyectar una imagen de seriedad y hábil manejo financiero. Esto es muy importante. No es, sin embargo, suficiente.
Si hay confianza para comprar letras de tesorería e invertir en depósitos bancarios, ¿por qué la inversión real sigue atascada en el profundo pozo en que se ha hundido? Podemos pensar en dos razones. Una: la amplitud del horizonte de previsibilidad en uno y otro caso son diferentes. Desde ese punto de vista, se habría generado sólo una confianza de corto plazo, insuficiente para decidir a los agentes económicos a comprometerse en inversión real. Y la confianza es sólo de corto plazo porque es imposible saber por ahora qué va a significar en los hechos la refinanciación de la deuda interna, ni el presupuesto, ni cuánto tiempo va a aguantarse la financiación del déficit con deuda, antes de que la cuenta de intereses se vuelva inmanejable.
La segunda razón que podemos ofrecer como explicación de la restauración sólo parcial de la confianza, es que ésta cubre la adquisición de activos financieros, pero no de activos reales, porque los activos reales hay que demandarlos conjuntamente con servicios laborales. Y esto conlleva, acción sindical mediante, un grado de inestabilidad incompatible con el desarrollo normal de las actividades productivas.
Éste es uno de los grandes desafíos que enfrenta el gobierno: resolver el problema de la inestabilidad laboral, dadas su complejidad y las restricciones que le plantea la Constitución y la ley. Es un problema difícil. Para lograrlo no puede esperarse una cosa: que la dirigencia del PIT-CNT esté comprometida en una estrategia de carácter revolucionario. Admitidamente, según sus propias declaraciones, una estrategia revolucionaria supondría una traición a los fines a que se halla inequívocamente comprometida.
Esto es un problema, pero un problema insoluble. La dirigencia sindical está claramente separada en el terreno de los objetivos de largo plazo de las masas trabajadoras. Éstas se expresan cada vez que votan con suficiente claridad. Quieren trabajo, salario, y una estabilidad de precios que no haga que el salario sea una incógnita cada mes. Si el gobierno puede allegar a los trabajadores algunos de estos objetivos, la tensión social inevitablemente se aflojará. La estabilidad —un tratamiento de choque a la inflación— parece la posibilidad más prometedora en el plazo inmediato.
Al mismo tiempo, la política sindical del gobierno no puede cerrar los ojos al hecho de que allí está uno de los flancos más débiles. Una cosa es reconocer al PIT-CNT todas las garantías que le otorga el derecho vigente. Otra es pretender que el PIT-CNT es un aliado, cuya proximidad se favorece y cuya acción se promueve.
¿Qué es, entonces, lo que hay que hacer? En primer lugar, el gobierno tiene que optar. Ya ensayó en 1985 el gobierno de consenso, y pudo comprobar que no funciona. Eso no significa que la colaboración sea descartable en forma indefinida. Lo segundo sería la incógnita de si la concertación fue en realidad un mal necesario, determinado por la coyuntura preelectoral, o si era sólo un recurso coyuntural. Pocas veces un gobierno enfrentó una coyuntura tan difícil con el lastre de problemas que éste tiene que afrontar.
En segundo lugar, hecha ya la opción contra el consenso espurio, el gobierno tiene que ofrecer a los agentes económicos una perspectiva de largo plazo, como mínimo para el resto de su mandato. Se requiere una propuesta de acuerdo entre los partidos tradicionales, únicos de quienes puede esperarse una solución, con la suficiente amplitud para que la ciudadanía no debería vacilar en reconocerla como dramáticamente necesaria.
Que no es algo fácil no se nos escapa. Pero, ¿cree alguien que hay una salida fácil de este atolladero?