Encontramos estimulantes las noticias que han circulado, en cuanto a conversaciones preliminares mantenidas por el Presidente y miembros de su elenco con dirigentes de otros partidos, con vistas a reorientar la estrategia de política económica. Alguna forma de acuerdo en tal sentido parece imperativa, si hemos de zafar del atolladero recesivo en que estamos atascados hace ya cerca de un quinquenio.
La coyuntura internacional se nos representa más promisoria que hace mucho tiempo. Básicamente, nos referimos a las consecuencias previsibles de la baja del precio del petróleo. Desde 1973-74 hemos vivido bajo las consecuencias del fortalecimiento del cartel petrolero. Unido a la reacción inflacionista de occidente al primer shock de aquel origen, aquel hecho nos introdujo en un mundo de altas tasas de interés y bajos precios de productos básicos. El carácter especialmente recesivo del alza de un precio crucialmente importante se puso de manifiesto con el segundo shock petrolero, en 1979-80, cuando Occidente reaccionó con una orientación de defensa de sus monedas.
Desde el primer momento de la crisis petrolera, vinculada a la guerra de Yom Kippur, Búsqueda afirmó la ineluctable transitoriedad de la cartelización. Todos los carteles, recordó, son transitorios. La inflación mundial generó para el del crudo las condiciones más favorables posibles. La singularidad de Arabia Saudita —8 millones de habitantes, un cuarto de las reservas probadas del mundo— le deparó el otro puntal de durabilidad, al hallarse aquel país dispuesto a oficiar de paragolpes ante cualquier violación del acuerdo, compensando la expansión de los miembros rebeldes con su propia, autoimpuesta, inhibición. Con todo, el cartel del petróleo parece ahora llevar el camino que ya recorrieron antes todos sus congéneres.
Naturalmente, todo cambio drástico posee potencialidades desestabilizadoras. Hay bancos internacionales con carteras concentradas en riesgos petroleros que pueden tambalearse, y esto afectar a todo el mundo, y hay clientes notorios del Uruguay que pueden verse obligados a restringir sus compras. Sin embargo, es preciso no perder la perspectiva fundamental. El cartel petrolero nos suscitó, en el pasado, algunos clientes en el Medio Oriente, pero a costa de deprimir la demanda de nuestros productos en el mundo entero. Ahora debemos esperar que la demanda global se tonifique, y nos sobrecompense por el debilitamiento de algunos mercados.
Debemos prever que la coyuntura en los EEUU, más allá de alguna turbulencia inicial, robustezca la tendencia favorable que mantiene desde fines de 1982, que ésta se extienda con plenitud a Europa Occidental, y que Japón redoble su asombrosa capacidad de crecimiento. Este parece ser un buen año para empezar a exportar.
Lo que debemos hacer es remover las limitaciones internas que traban un desarrollo orientado hacia afuera. Lo que, en concreto, se necesita es bastante sencillo. A saber:
■ Es preciso ofrecer a los agentes económicos un horizonte monetario despejado. Si vamos a tener otro shock monetario como el de 1982-83, ésta no es aún la oportunidad de invertir (y puede que ya no lo sea nunca dentro del futuro previsible).
■ Ello a su vez implica la necesidad de reducir el déficit fiscal. Es alarmante que el Poder Ejecutivo tenga que embarcarse en un gran enfrentamiento político-constitucional, vetando disposiciones presupuestales a diestra y siniestra, para conseguir que el déficit fiscal no sobrepase en 1986 el 5 % del PBI. Un déficit de ese porte —y nosotros tenemos gran dificultad para creer que no sería mayor— es totalmente inaceptable en un país como el nuestro. Si debiera monetizarse en su totalidad, con una base monetaria del orden del 4 % del PBI, ese déficit conllevaría una inflación del 125 %, sin contar con la huida del dinero que podría desatarse. Como formas de atenuar ese fenómeno tendríamos dos, ninguna de ellas satisfactoria: recurrir al mercado de capital local, frustrando la demanda por fondos de la empresa privada, y la cuantitativamente más promisoria del recurso al mercado de capital internacional, con la secuela de un incremento de la deuda externa, de la carga de intereses, y por ende del déficit. No debe olvidarse que el déficit en la actualidad es ya, prácticamente, tanto en el gobierno central como en el BCU, equivalente a la cuenta de intereses. No es posible dejar que ésta crezca indefinidamente, sin contar con que el crédito del país no permitiría tal cosa de cualquier modo.
■ La presión fiscal se halla ya a niveles históricamente muy elevados, teniendo en cuenta sobre todo la coyuntura depresiva, y es ilusorio pensar que el agobio consiguiente a un ulterior agravamiento de aquella presión puede obviarse alterando la estructura impositiva. Los impuestos, no debe olvidarse, los pagan siempre, poco más o menos, las mismas personas.
■ Una reducción drástica del déficit, por métodos heroicos, que no implicasen dejar a nadie en la calle, pero que no exigiesen conservar a cada funcionario su puesto actual de empleo —porque entonces el objetivo se vuelve inalcanzable— permitiría un tratamiento antiinflacionario de choque. Una reducción del déficit a dos puntos del PBI podría permitir reducir la inflación al nivel de un dígito y las consecuencias de tal realización sobre el clima social, el bienestar económico general, y el grado de confianza del sector empresarial, serían incalculables.
■ Puede ser fácil poner a todos de acuerdo con que el sector exportador merece primera prioridad, pero debe resultar más difícil, aunque no sea menos imperioso, hacer que se comprenda cuáles son las medidas que de veras interesan en tal sentido. Antes que nada es preciso comprender que el método de financiamiento del déficit fiscal con deuda externa ha traído una pérdida de competitividad de nuestras exportaciones, vía un nuevo acceso de sobrevaluación cambiaria. Es preciso comprender además que las restricciones que por distintas vías se han impuesto a las importaciones están teniendo su inevitable secuela inhibitoria sobre las exportaciones.
■ Algunas medidas claves en el sector de empresas públicas son indispensables, desde el doble punto de vista de contribuir al equilibrio fiscal, y de demostrar que la racionalidad no se halla fuera de las fronteras de la política económica.
En todo esto —lo creemos firmemente— hay muy poco de componente ideológico, y mucho de sentido común. Debería servir de base —porque cualquiera que se ponga a pensar sobre el tema desde la misma clase de plataforma, debe llegar a un punto de llegada semejante— a un programa de gobierno para el conjunto de fuerzas políticas potencialmente alineables en la dirección del sentido común.
Eso sí, no habría nada más distinto de la fantasía retórica que la concertación nacional programática. Cuanto antes sepamos si lo que se prepara es una reedición de lo mismo, o algo auspiciosamente nuevo, tanto antes sabremos si las noticias que aludíamos al comienzo son en realidad buenas o malas.