Deplorable confrontación
Si un dramaturgo se propusiera pintar un cuadro de bravura política latinoamericana, donde los cimientos de las instituciones fueran socavados por la pasión inmoderada, difícilmente podría ocurrírsele una idea más feliz que la de mostrar, frente a un decorado con mucho bananero y mucho cocotero, a la Suprema Corte de un Estado abogando ante el Poder Legislativo por una mejora presupuestal de su directo interés, y lanzando contra el Presidente de la República, en el paroxismo de su celo forense, nada menos que la acusación de infringir la Constitución, delito tremebundo por el cual ella misma, eventualmente, debería juzgarlo.
Conviene, a fin de que se aprecie cabalmente lo que queremos decir, que nos planteemos la hipótesis de que la Asamblea General no levante los votos que el Poder Ejecutivo ha opuesto al proyecto sancionado de ley presupuestal y nos preguntemos cuáles serían las consecuencias, en ese caso, de la tesis que afirma que algunos al menos de dichos vetos son contrarios a la Constitución.
La Carta constitucional uruguaya no contiene ninguna salida prevista para una confrontación como la que se ha planteado, que amenaza involucrar a los tres poderes del Estado, a no ser la deposición del Presidente y los Ministros supuestamente incursos en la violación, y su sometimiento a juicio criminal.
Seamos más precisos. Un ejemplo, que contiene algunos rasgos no esenciales, pero que ilustra adecuadamente la situación, sería el siguiente. Imaginemos que la Asamblea General se pronuncia sobre una moción, que reúne menos de tres quintos de los votos emitidos, pero que apoyan la mayoría de los Diputados y más de dos tercios de los Senadores, donde se dispone el levantamiento de los vetos al mismo tiempo se declara la inconstitucionalidad de algunos de ellos.
El Poder Ejecutivo, que no está obligado por el pronunciamiento sobre materia constitucional de los legisladores, presumiblemente ejecutará el presupuesto tal como resulte una vez computado el efecto de los vetos.
¿Qué solución tiene el Parlamento? Una sola: el juicio político. La Cámara de Representantes puede decidir acusar al Presidente y a los Ministros involucrados ante el Senado por violación de la Constitución, y el Senado puede deponerles por el votó de dos tercios de sus miembros, con lo cual quedaría expedito su enjuiciamiento por el delito de lesa Nación ante la Suprema Corte de Justicia.
Así, al menos, leemos nosotros la Constitución en sus artículos 93, 102, 103, 239, Nº 1 y 330.
La única alternativa sería que el Poder Legislativo dictara una ley interpretativa de la Constitución, basada en el art. 85 Nº. 20. En ese caso el Poder Ejecutivo tendría una acción de inconstitucionalidad abierta, ante la Suprema Corte. Esta en todos los casos tendría la última palabra.
Obsérvese hasta qué punto difiere una imputación de inconstitucionalidad a un acto de gobierno cuando la dirige, por un lado, un jurista cualquiera, por prestigioso que pueda ser, y, por el otro, la Suprema Corte. En el segundo caso la tesis no puede menos de alcanzar la resonancia de una sentencia. Una sentencia fuera de contexto, pero, al mismo tiempo, un pronunciamiento emanado de las mismas personas a quien la Constitución confía su defensa de última instancia, con el mismo contenido intelectual que el que podría servir de premisa a una condena infamante al Presidente de la República y a sus Ministros.
Con ser todo esto sobremanera dramático, no es, en este lamentable episodio, lo que más congoja nos causa.
Lo que nos resulta más desolador es presenciar a la Corte lanzando a la lid el argumento jurídico en apoyo de una pretensión que simultáneamente han defendido apasionadamente con argum entos de conveniencia.
¿Cómo —nos preguntamos, y no acertamos a columbrar la posibilidad de una respuesta— cómo los Ministros de la Suprema Corte dejaron de ser que no podían pronunciarse como juristas en una causa que eran parte, porque como juristas ellos son inescapablemente jueces, sin desfigurar la imagen de serenidad, de prudencia, de incondicional devoción a la Ley, que el sólo hecho de su investidura le debían a la República?
El Estado de Derecho es un objeto de inapreciable valor, pero tal parece, por el momento, y quién sabe por cuanto tiempo, inaccesible para nosotros. El mérito de este infausto suceso es la fuerza con que el respecto nos ha traído de vuelta a la realidad.
Todo luce, si cabe, peor todavía si se repara en cuál ha sido el motivo incidental del ruido y de la furia.
La gente discute sobre un presupuesto que teóricamente debe durar cinco años, pero que la única vigencia que posee realmente atañe al sueldo de los funcionarios para los próximos dos o tres meses, pues la inflación se encargará en menos que canta un gallo de volver irreconocibles todas las disposiciones que ahora tan alta temperatura presupuestal. Pomposamente, se manejan porcentajes —¡hasta con dos cifras decimales!— sobre cuánto del PBI representa tal o cual rubro, como si el presupuesto se fijara en términos reales, o como si la inflación uruguaya fuere insignificante, y sobre todo estrechamente previsible.
En todo esto cabe seria responsabilidad al Poder Ejecutivo. Por alguna razón, que nosotros no alcanzamos a comprender, el gobierno ha optado por no apoyar con cifras inteligibles su política presupuestal.
De hecho, sobre el déficit parafiscal, que es de lejos el mayor, sencillamente no tenemos datos. Sin duda los tiene el FMI, y los tienen los bancos acreedores, pero a los ciudadanos de la República, como si fuéramos menores o incapaces, la información se nos niega implícitamente.
Nosotros apoyamos los vetos del Ejecutivo y aun querríamos una política presupuestal más austera, porque intuimos a las finanzas públicas, en base a los indicios disponibles, parciales e indirectos, en una situación sumamente difícil.
El gobierno prefiere transmitir la impresión de que toda va bien, pero al mismo tiempo desearía que se comprendieran que sólo los vetos impedirán que caiga la gota de agua capaz de hacer derramar el vaso inflacionario. Las dos moscas no se dejan atar fácilmente por el rabo.
Hace una semana el Presidente dirigió a la ciudadanía una de esas charlas en que despliega su gran capacidad de comunicación, y en la que dijo muchas cosas sensatas, algunas de las cuales oímos con vivísimo interés. Pero no situamos su tratamiento del tema presupuestal a la altura general de la alocución. Según el Dr. Sanguinetti, si los vetos no se hubieran opuesto, o se levantaran, el presupuesto no sería "pagable", o la inflación nos devoraría.
La verdad es que sólo la segunda alternativa es pertinente. Mientras no le quitemos al gobierno la impresora de billetes, nunca va a dejar de pagar el presupuesto. Mientras el uso de esa máquina infernal estuvo limitado (básicamente hasta 1950) un presupuesto desfinanciado, efectivamente, no podía pagarse. La gente comprendía claramente qué significaba un "presupuesto pagable". Hoy no puede comprenderlo, porque hace décadas que el gobierno puede expandir su límite el gasto con recurso a la emisión. Con consecuencias funestas, que vienen además un poco después, para hacer mayor aún la perplejidad de los observadores.
Lo que habría que hacer es decirle a la gente lo cerca que estamos del precipicio. Saberlo no va a ser agradable, pero va a ser útil, desde todo punto de vista.