El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical acaba de publicar en la prensa argentina un extenso manifiesto bajo el título "Seguimos avanzando", en el cual defiende la política de privatizaciones en que se halla embarcado el gobierno del Dr. Alfonsín. El trance no era importante en virtud de que la UCR ha sido desde los tiempos de Irigoyen un partido decididamente estatista, como porque la acción privatizadora en la Argentina se apresta a entrar en las zonas especialmente sensibles de la petroquímica y la siderurgía.
La argumentación que el Comité Nacional de la UCR desarrolla es variada, pero si en ella hay algo que desempeña un papel crucial es el concepto de modernización. "Los argentinos", expresa el manifiesto "no podemos seguir ligados al pasado mientras el país y el mundo cambian".
Cuando el Presidente Sanguinetti entregó hace aproximadamente un mes una propuesta de acuerdo a los líderes de la oposición nosotros observamos (véase nuestro editorial del 27 de febrero) que ese concepto del título reiterado en el texto podía servir para interpretar las menciones un tanto cautelosas que el documento contenía a la extensión del área franqueable al sector privado en materia de energía, transportes, y comunicaciones.
Tomábamos entonces buena nota del énfasis que el programa ponía en la inversión privada como palanca de la reactivación económica, y de modo muy particular habíamos subrayado el compromiso claramente estampado de no ampliar el actual ámbito de acción del Estado "ni asfixiar la libre iniciativa por monopolios y excesos reglamentarios".
Modernización, habíamos concluido, debe poseer en el Uruguay de Sanguinetti el mismo sentido que en la España de Felipe González, que en la Italia de Craxi y que en la Argentina de Alfonsín.
Cuando los japoneses conjugan el verbo modernizar eliminando el monopolio de la NTT, su gigantesca empresa de comunicaciones y programando su gradual privatización, o cuando proyectan hacerlo transfiriendo los activos ferroviarios del gobierno a ocho compañías privadas, y cuando Gran Bretaña hace otro tanto privatizando BRITISH TELECOM, y Alemania Federal privatizando LUFTHANSA y el complejo petroquímico VEBA, pensábamos nosotros, están realizando el mismo ejercicio al que el presidente uruguayo alude con el mismo término.
La palabra modernización se situaba así en el centro mismo del optimismo que empezaba a reverdecer en nuestro ánimo acerca de las perspectivas que el eventual acuerdo político podría abrir a la recuperación de nuestra economía.
Debemos confesar que esa interpretación ha comenzado a inspirarnos serias dudas.
En primer lugar, han comenzado a filtrarse rumores sobre las deliberaciones del comité de cuatro. Los rumores son inquietantes. Tal vez además sean falsos, o no lleguen a concretarse. Pero ¿cómo puede uno evitar que la confianza le vaya languideciendo?
El método por otra parte luce totalmente inapropiado para plasmar un programa auténticamente modernizador. En efecto, si ponemos a buscar un consenso a los mismos tres fundidos y una coalición que hace un año produjeron el programa de la CONAPRO, ¿por qué ahora producirán algo menos anticuado?
Con todo lo que nos ha despertado las mayores dudas acerca del verdadero sentido de la palabra modernización en el léxico oficial es otra cosa.
El directorio del Banco de Seguros del Estado acaba de publicar un extenso remitido, dedicado a la defensa de su monopolio, del cual extractamos el siguiente pasaje:
"...mientras el afán de lucro es la esencia del operativo de las Compañías Multinacionales, el Estado ejerce el monopolio del seguro prestando prioritaria atención a la función social, ínsita en ese servicio."
Nos apresuramos a acotar que el fin de ganar dinero no es el objetivo central de ninguna clase de compañías en particular. Universalmente se lo reconoce como la meta característica de toda iniciativa privada. Más precisamente: de toda inversión privada. Cuando una inversión se lleva a cabo por particulares es porque el inversor espera que podrá recuperar el capital que arriesga y además le será posible extraer un cierto rédito. Y cuanto mayores y menos inciertas las perspectivas de lucro, invariablemente también más nutridas las decisiones privadas de invertir.
Quienes defendemos la iniciativa privada compartimos plenamente, absolutamente, la premisa que esgrime el Directorio del BSE. Sólo que extraemos de ella conclusiones diametralmente opuestas.
Nosotros creemos, en efecto, que el lucro es el acicate que estimula la creatividad de los inversores. Creemos al mismo tiempo que el monopolio, al asegurar el lucro, ejerce una influencia totalmente adormecedora de esa creatividad y de la productividad de los recursos aplicados bajo su manto, y por lo tanto de su capacidad para servir al público.
Nada de lo que los uruguayos reservamos a los monopolios estatales fue inventado por burócratas o filántropos. La iluminación a electricidad fue inventada por Edison, un empresario, fundador de una empresa que alcanzaría notable desarrollo. El apellido de Graham Bell, inventor del teléfono, sobrevive aún en el nombre de una de las mayores compañías del ramo. George Stephenson construyó la primera locomotora con fines comerciales y siguió trabajando en la industria ferroviaria privada toda su vida. El seguro fue inventado por mercaderes italianos en la Edad Media, sin duda ávidos de buenos negocios.
Los fines sociales de la iluminación eléctrica, los teléfonos, los ferrocarriles y los seguros no estuvieron esperando para fructificar, a que en el Uruguay se legislaran monopolios a fin de protegerlos de la contaminación del afán de lucro.
Mientras tanto, los entes autónomos uruguayos ni siquiera logran hacer funcionar con mediana eficacia lo que otros inventaron y construyeron.
En 1959 los socialistas alemanes, en su famosa declaración de Bad Godesberg, abjuraron del fin de la estatización de empresas. Aceptaron que el fin de lucro era el más indicado para orientar la producción en la sociedad solidarista que deseaban. Tras ellos los demás socialdemócratas, expresa o tácitamente, han venido a recorrer lo mismo. Entre ellos González, Craxi, Alfonsín... ¿Sanguinetti?
No nos atrevemos a incluirlo. El remitido del BSE está enfáticamente firmado por la unanimidad de los directores del ente, entre los que se cuentan tres correligionarios del Presidente de la República.
Cuando éste había hablado recientemente de modernización le habíamos imaginado con atuendo de Brick Bradford, empuñando los comandos de la máquina del tiempo, enfilado hacia el siglo XXI. Mucho tememos que haya equivocado alguna palanca: su nave anda a buena velocidad, pero —nosotros ahora la ubicaríamos allá por 1911— mucho tememos que esté viajando marcha atrás.