Mucho tememos que el acuerdo político se haya perdido en una selva oscura, y que la fronda de mitos y confusiones no le permita retomar el camino recto.
A nuestro modo de ver ello arriesga colocar a la república en una situación de crisis. En la medida de nuestras fuerzas, querríamos contribuir a evitar su concreción. El método con que intentaremos cumplir esa misión es el análisis. Alguien tiene que pensar ideas claras, y, rompiendo el reticente silencio de los actores, tiene que enunciarlas, para que aporten su luz, a través de la fronda de mitos y confusiones.
Nosotros creemos que la concepción básica del acuerdo puede encontrarse en declaraciones del Presidente de la República, en el documento que éste entregó a los partidos de la oposición, y en declaraciones del Sr. Wilson Ferreira. En nuestra interpretación esta concepción básica se asocia al objetivo de suscitar un clima de confianza en el sector empresarial privado, a fin de promover la inversión, y lograr con ella la largamente ansiada, y largamente esquiva, recuperación económica.
Este objetivo podría cumplirse sólo un acuerdo que poseyera dos características: la primera, definir con claridad y concisión las reglas de juego a que la actividad privada estaría sujeta. La segunda, en cuanto a la estabilidad, lo suficientemente creíble como para determinar a los agentes privados a comprometer sus recursos en inversiones que demanden un horizonte cronológico de varios años.
En lugar de este acuerdo, sin embargo, se buscó otro totalmente distinto. Se procedió conforme a un método que no podía darlo por resultado. Se necesitaban peras, y plantó una quinta de olmos.
Se instituyó un comité con representación de todos los partidos. Y se discutieron interminablemente proyectos. Y parece que se concluyó con asentimiento unánime sobre las líneas generales de 100 iniciativas legislativas, que en principio tendrían las mayorías parlamentarias requeridas para su aprobación.
Esto vendría a ser el acuerdo, se nos dice. Pero si hay algo claro en este mundo es que ése no sería el acuerdo de que se trataba. Convendría llamarlo CONAPRO II, para evitar confusiones.
Un convenio sobre 100 leyes no puede ser la solución, por una multitud de razones. He aquí unas pocas.
El factor limitante de la recuperación económica no es, con seguridad, la falta de legislación. Por cierto, existen iniciativas útiles, que podrían estimular la inversión. Pero mucho más importante que la buena legislación que falta es la mala que podría venir, y habría que evitar. Los agentes privados vieron dictar el año pasado leyes que modificaban los contratos libremente celebrados por intereses privados, y de otras maneras aún se pisoteaban los derechos a la propiedad privada. Y tendrían mucho más interés en saber qué leyes no se sancionarán, que en conocer la nómina de las que sí van a votarse.
El elenco económico del gobierno ha hecho enormes avances hacia la reconquista de la confianza, pero no está en sus manos llegar con plenitud hasta la meta, en tanto las condiciones políticas sigan flanqueando con signos de interrogación su permanencia en el poder.
Aún votando todas las leyes que el gobierno le pidiera, el parlamento no podría forzar la renuncia del Ministro de Economía, y con ello obligar al Presidente de la República a un cambio radical de política. Frente a esa posibilidad el acuerdo no solo carece de credibilidad: ni siquiera existe en función de los objetivos que nosotros hemos oído delinear al Dr. Sanguinetti y al Sr. Ferreira Aldunate.
Lo que a nosotros nos cuesta más comprender, a propósito de este atolladero, es lo que nos parece un error flagrante en el punto de partida. Si se necesita acuerdo político, ello es más que nada en función del marco constitucional parlamentarista que rige en nuestro país. La Constitución prescribe que los ministros deben poseer mayoría parlamentaria. Si no la poseen, pueden ser derribados por un voto de censura. Aun sin censura formal, los ministros están expuestos a un fuego político que como lo demostró el año pasado la interpelación al Ministro del Interior, sin ser letal puede resultar desgastante.
Cuando en un régimen parlamentario una mayoría relativa se lanza a la empresa de reunir la mayoría absoluta que necesita para gobernar, se reúne con fuerzas que percibe contiguas a la suya en el espectro electoral. En Francia, el Sr. Chirac, líder del R.P.R. se ha reunido con el Sr. Lecanuet, de la U.D.F. No le ha formado un comité de todos los partidos. No le ha pedido al Presidente Mitterrand que nombrase un representante. No ha citado al Sr. Marchais, ni al Sr. Le Pen. Esto es normal, es natural, es de rigor.
A nadie se le ha ocurrido criticar al Sr. Chirac por haber dejado al PCF fuera de la coalición. Nadie piensa que habría sido más democrático que se sentara con los delegados de la izquierda para ensayar el diseño de un programa común. En el Uruguay parece que quisiéramos proclamar el principio de que todos los partidos son iguales, cuando en realidad la diferencia entre unos y otros constituye su mismísima razón de ser.
Esta confusión probablemente provenga del período en que los partidos debieron unirse para enfrentar al régimen militar. Sería por así decirlo, un resabio del espíritu del obelisco. Pero urge comprender que, si es la democracia la que realmente triunfó, ahora se ha vuelto imperativo que los partidos que piensan de manera semejante se separen de los que piensan de manera diferente, y que unos gobiernen y otros hagan oposición. Sin olvidar que la oposición es tan esencial como el gobierno para que una democracia auténtica funcione.
Es preciso no dejar crecer más a ese mito incipiente, que amenaza con infligirnos una CONAPRO II, y luego una CONAPRO III, y así sucesivamente, como si Silvester Stallone dirigiera nuestra vida política.
Es igualmente imperativo que revisemos el concepto, que se ha infiltrado quién sabe de dónde en el discurso nacional, según el cual un partido que resuelve participar en un acuerdo político cobra un precio si exige cargos en el gabinete ministerial, y de tal modo pone de manifiesto una avidez un tanto sórdida, a la vez que se aleja de la norma ética que le exige brindar su colaboración por puro patriotismo.
La confusión es total. En la historia de los regímenes parlamentarios las alianzas o coaliciones son cosa de todos los días. Las constituciones parlamentaristas las exigen en todos aquellos casos en que el titular de la mayoría la posee sólo en términos relativos. Pues bien, lo que no se conoce en la historia del parlamentarismo mundial es una coalición donde algunos de los partidos coaligados no hayan entrado en el gabinete. La participación en el ministerio es de la misma esencia de las alianzas. Lejos de ser una demanda de cada partido, esa participación es exigida por la naturaleza misma de las cosas. Sin ella, nadie creería en la estabilidad del acuerdo: nadie le atribuiría firmeza, ni le reconocería seriedad. La participación de hombres de un partido en el gabinete formado por un jefe de gobierno de otro partido es la prenda que aquél entrega a éste, de la autenticidad de su compromiso, de su disposición a aceptar las consecuencias políticas de su coparticipación, si son desfavorables, como —naturalmente— de su resolución de cosechar su parte de los frutos del éxito eventual.
Un acuerdo sobre la base de una lista de iniciativas legislativas, sin coparticipación negociada en el gabinete, no merece el nombre de tal y en nuestra coyuntura colocaría al Presidente de la República en la disyuntiva de proseguir con su gobierno carente de adecuado apoyo parlamentario, cuyos riesgos de perpetuar la frustración del primer año son muy graves, o procurar un enfrentamiento que permita la disolución de las cámaras y la celebración de elecciones parlamentarias. Lo que puede ofrecerle perspectivas más atractivas, pero con un consumo de tiempo y energías que el país necesita para otros fines.
En otras palabras, la alternativa es sencilla: el acuerdo o la crisis. Pero, se sobrentiende, el acuerdo de verdad.