El Senado votó, como culminación de la concurrencia a sala del Ministro de Economía sobre el tema "precio de los combustibles", una moción de dos puntos: en el primero declaró su discrepancia con la tesitura seguida por el Poder Ejecutivo, y en los capítulos en que ella se articula; en el segundo, dejó constancia del propósito del cuerpo de promover legislación destinada a regular tanto la fijación de precios por las empresas estatales, como el destino a que deberán destinarse los beneficios que éstas obtengan.
La resolución innova en relación a casos semejantes en cuanto no se limita a afirmar la insatisfacción de la cámara con las explicaciones del Ministro. Esta se halla por supuesto, implícita en la moción aprobada, pero lo fundamental parece ser que el Senado quiso enfatizar el contenido de política económica de su posición, más bien que la intención política (a secas) de su desaprobación.
Así la interpretamos nosotros, y ya se ha sabido que así la interpreta el Poder Ejecutivo. El Presidente, por supuesto, ya había sentado su criterio, de no aceptar que sus Ministros caigan sin un voto formal de censura formulado por la Asamblea General por el procedimiento prescrito por la Constitución con tal fin, el cual puede culminar en la disolución del parlamento y el llamado a elecciones parlamentarias. Pero en esta emergencia la posición de los sectores que mayoritariamente apoyaron la moción parece no interesarse en la clase de resultado que enérgicamente buscó a propósito de la interpelación al Dr. Manini, y en cambio concentrar el sentido de su oposición en lo que podría llamarse la cuestión de fondo.
Encontramos que esta posición —si de tal se trata efectivamente— es altamente constructiva. El instituto del llamado a sala de los ministros no debe confundirse con la censura parlamentaria. Su sentido debe diferir del juego político a que estamos acostumbrados a asociar la palabra interpelación. La idea básica en torno a la cual debería empezar a construirse una nueva tradición del llamado a sala consiste en que la comunicación entre el parlamento y los secretarios de estado, la comunicación frecuente y llana, el debate desapasionado y ordenado, son ingredientes que le hacen falta a nuestra democracia. Y esto no puede lograrse si en cada ocasión la oposición pone la mira en la cabeza del ministro, y éste tiene que preocuparse absorbentemente por salvarla.
El sentido constructivo de la resolución senatorial proviene sobre todo de su segundo punto. El señala la posibilidad de que el episodio parlamentario reciente no se limite a haber sumado una batalla más a la secular guerra de los partidos, sino que sirva para promover el interés público, a través del uso de los materiales acumulados en el debate con el fin de evitar la repetición de la instancia que lo suscitó.
La noción de lograr ese fin mediante nueva legislación nos parece eminentemente justificada. No hay nada en la Constitución que pueda interpretarse en el sentido de que la actividad de los órganos encargados de fijar los precios que cobran por sus bienes y servicios las empresas estatales deba ser una actividad discrecional. Al contrario, puede afirmarse en base a los principios pertinentes que se trata de una actividad reglada. Está reglada, en efecto, por las normas que afirman el postulado de la legalidad de impuestos y subsidios. Ningún impuesto sin representación es una de las normas básicas, de mayor alcurnia y más nutrido historial en la tradición constitucional de Occidente. Pues bien, permita usted que ANCAP pueda fijar sus precios a su gusto y gana, o que el Presidente de la República pueda imponerle a ANCAP los precios de su arbitraria elección, o autorice otro tanto a los demás entes estatales, y de aquel solemne principio no quedarán más que añicos.
La cuestión a nosotros no nos ofrece dudas, pero todo indicó que el Ministro y los legisladores colorados tienen de este aspecto una percepción menos nítida que la nuestra. La legislación, por tanto, sería bienvenida.
Nosotros no podemos contener el deseo que sentimos de participar desde ya en el debate nacional que sin duda prologará la iniciativa glosada en la resolución, y queremos efectuar al respecto la primera observación.
Nosotros diríamos que el gran ausente en el debate del Senado fue la institución del monopolio. No tendría cabal sentido que nuestros legisladores continuaran constriñendo su pensamiento, cerrándole el paso en la dirección en que debería sin duda fluir.
Sin lugar a dudas, si no hubiera habido un monopolio de la importación y venta de combustibles por parte de ANCAP, el problema que se ventiló en el reciente llamado a sala no se habría planteado. Si en condiciones competitivas ANCAP hubiera pretendido subir el precio, o aun hubiera dejado de bajarlo, las fuerzas del mercado le habrían obligado a cambiar de tesitura. Esto es lo que realmente hay que hacer: eliminar el monopolio, y sustituirlo con protección arancelaria. Es decir, otorgar a ANCAP la clase de protección que se otorga a todos los demás industriales.
Una palabra final sobre el primer punto. Estamos de acuerdo con las proposiciones que ella contiene; las que afirman su dudosa legalidad (nosotros habríamos ido más lejos) y su inconveniencia respecto del financiamiento eficiente de la economía nacional. No creemos que la imputación de fiscalismo agregue nada válido a la crítica. Si el déficit de este año va a ser de cerca de 5% del PBI, un poco más de fiscalismo no transferiría más recursos de los contribuyentes al gobierno: solo haría que se transfirieran menos por la vía del impuesto inflacionario. Pero, este último aspecto aparte, la resolución en general, y el reclamo de la pronta derogación del decreto respectivo con que ella se cierra, merecen toda nuestra aprobación.