La aprobación del proyecto de ley llamado impropiamente "de fuero sindical" le pone por delante a la República un tema que trasciende la evaluación de esa iniciativa concreta. Nos referimos a las relaciones que existen entre el bienestar de los trabajadores por una parte y, por la otra, la legislación laboral, los sindicatos y la actividad empresaria.
A principios de este siglo el Uruguay abrazó vigorosamente la idea de que la legislación laboral era el camino indicado para mejorar la suerte de los trabajadores. El país derivó gran orgullo de haber aprobado en 1915 la primera ley de 8 horas del mundo entero. Y se propuso mantenerse a la vanguardia de un proceso que conduciría a los sectores laborales hacia mayor paga, menos carga de esfuerzo, mayor seguridad en el empleo, menor edad de retiro, mayor y más intenso disfrute de las vacaciones, mayor protección contra accidentes y enfermedades, etc. Allá por la década de los años 40 el ritmo de este proceso se aceleró visiblemente. A mediados de la década siguiente la economía se estancó, y el salario real inició una firme tendencia decreciente. Mientras tanto el Palacio Legislativo seguía cumpliendo su papel con entusiasmo comparable al que hoy vemos palpitar allí por el mismo motivo. Tal parece que el método adoptado para promover la prosperidad obrera era menos seguro de lo que creía.
En la misma óptica, predominante en nuestro país, lo que por los trabajadores no lograra hacer la legislación debían hacerlo los sindicatos, y sus instrumentos de presión. Hoy una huelga, mañana una ley, pasado un decreto, traspasado un laudo y el día siguiente una sentencia judicial. Así avanzaría la República hacia el destino de seguridad y abundancia que tenía reservado, con tal de que dictaran bastantes leyes, e hicieran bastantes huelgas.
El supuesto implícito en esa visión es muy sencillo. La riqueza nacional es un acervo dado, un stock, y el bienestar de cada cual es función de la participación que le toque en los frutos de ese acervo. Mejorar la suerte de cualquier grupo no quiere decir otra cosa que ensanchar su participación. Nada de lo que se haga con tal fin, por otra parte y por hipótesis, puede afectar la riqueza nacional, ni el flujo de ingreso que de ella mana. Dar por sentada la producción y concentrarse en la distribución, he ahí la clave del éxito económico.
Por supuesto nosotros creemos que esa concepción —el distributivismo radical— es totalmente falsa. Básicamente lo que nosotros creemos es que el ingreso real del trabajador depende de su productividad y ésta, esencialmente, de la cantidad de capital de que disponga. Si una cuadrilla de peones provistos de palas manuales es reemplazada por una pala mecánica y su operador, el salario de éste será sin duda mayor que el de aquellos. La actividad capaz de dotar a cada trabajador de más capital y mayor productividad se llama inversión. Alta inversión, vigoroso crecimiento, elevado nivel de empleo, estos son los objetivos que en nuestra óptica se hallan asociados al bienestar de los trabajadores. Todo lo más, la legislación y los sindicatos pueden influir en la forma que un mayor bienestar se haya de verter en forma de mayor ingreso pecuniario real o de mayor ocio.
Por supuesto el proyecto aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes se inspira en la concepción distributivista. No en la nuestra. Mal llamado "de fuero sindical", lo que él de manera principal aportaría, de ser convertido en ley, sería la inamovilidad de todo el personal del sector privado. Bastaría con que un empleado se afiliase a un sindicato para que ya no pudiera ser despedido excepto pudiendo probar el empleador causa justificada, como decíamos, exactamente el mismo régimen que tenemos instalado en el sector público bajo el rótulo de inamovilidad.
Hay bastante más en el proyecto merecedor de graves objeciones de todo orden, económicas y jurídicas. Pero la mera idea de tener a la entera fuerza laboral en un régimen de inamovilidad es de proyecciones tales, que nos obliga a posponer los demás comentarios para otra ocasión.
Hoy queremos atenernos a expresar con la mayor concentración posible nuestra convicción de que esta iniciativa es frontalmente contraria a los genuinos intereses de los trabajadores. Que, de aprobarse, deprimiría la inversión por debajo de los niveles de catástrofe que tenemos en la actualidad y con ella el volumen de empleo y el salario real. Que la imagen de un país en que todo el mundo tiene el empleo asegurado con tal de que no robe o no se emborrache en el trabajo, o haga cosas por el estilo, pertenece, con Utopía y Jauja al género de la fantasía o los sueños, y nada tiene que ver con la realidad.
Por eso creemos que el proyecto debe ser rechazado por el Parlamento. La Cámara de Industrias, y en particular su presidente, el Sr. José Villar, ya han hecho oír críticas bien articuladas al proyecto. Podrá decirse que el caso contra el desde el punto de vista de los empleadores está ya presentado. En cambio, es de lamentar la debilidad con la que la resistencia ha sido conducida en nombre de los trabajadores. Y no podemos apartar de nuestra mente el hecho de que este deplorable proyecto haya obtenido el voto unánime de los miembros presentes en la comisión parlamentaria que los aprobó.
¿Qué significa esa unanimidad? ¿Debemos suponer que la visión onírica del distributivismo radical ha hecho carne en todos nuestros legisladores? ¿O que los que disienten no se atreven a hablar? ¿O que las comisiones parlamentarias encargadas de asuntos laborales se integran deliberadamente solo con legisladores de aquella tendencia, lo que implicaría una lamentable renuncia a sus deberes por parte de los parlamentarios de ideas diferentes?
Nosotros carecemos de mandato para ejercer la personería de los trabajadores compatriotas desde nuestro punto de vista, pero hay sin duda numerosos diputados y senadores que recibieron un mandato popular inequívoco en tal sentido, y que están omisos cada vez que omiten disputar los puestos en las comisiones laboralistas o registrar su discrepancia ante iniciativas como la que acaba de aprobarse.
Hemos leído en El Día del domingo pasado un excelente editorial sobre este tema, en el cual el diario más claramente oficialista, que cuenta al Vicepresidente de la República entre sus directores, toma tajantemente posición contra el proyecto. No comprendemos entonces, cómo esa posición no puede conseguir siquiera una voz minoritaria en la Comisión. Ni cómo el Ministro de Trabajo puede referirse al proyecto en declaraciones a la prensa (véase El País del 11 de marzo) en un tono neutro que implica por añadidura que deba esperarse su definitiva sanción.
Por nuestra parte contamos en que el proyecto no prosperará pero eso no basta. La aprobación unánime en comisión de esta iniciativa ha contribuido a intensificar la imagen ya preexistente de una economía que yace junto a un volcán tremebundo, presto a entrar en erupción en cualquier momento. Y en una economía tal las empresas no se instalan, se van en cuanto pueden y, sobre todo, invierten lo menos posible.
Todo lo contrario de lo que consultara el auténtico interés de los trabajadores.