La encuesta que Búsqueda publicó el 6 de junio sobre las empresas públicas mostró dos aspectos interesantes. En primer lugar, reveló que en una proporción de casi 3 a 1 los opinantes estimaron que la privatización mejoraría el funcionamiento de las empresas estatales. En segundo lugar, puso de manifiesto la renuencia del público a extraer la consecuencia que parecería desprenderse naturalmente del primer pronunciamiento, ya que apenas uno en 8 de los encuestados o uno en 7 de los que manifestaron su opinión se declararon a favor de, sin más, "dejar las empresas en manos privadas" y mayoritariamente se inclinaron en cambio por la realización de un esfuerzo "muy serio" por mejorar la gestión estatal y sólo dar el gran paso de la privatización como ultima ratio en caso de comprobarse la imposibilidad de concretar aquella mejoría.
La segunda respuesta se halla fuertemente relativizada por la forma peculiar en que se formuló la pregunta, pero parece de todos modos razonable interpretarla como signo de un sentir nacional poco propenso a aceptar una solución tajante al problema de las empresas estatales.
Al mismo tiempo quedó confirmado lo que muchos ya anticipábamos, a saber, que el público uruguayo ha alcanzado una percepción muy nítida del verdadero desastre que implica el régimen actual de gestión de dichas empresas.
Como lo hemos destacado una y otra vez, ese régimen actual no se caracteriza solamente por la titularidad pública de las entidades. Al mismo tiempo se distingue por estos otros tres rasgos esenciales:
- El gobierno y la administración de las empresas por órganos colegiados, integrados por personas que como regla no se hallan especializadas en administración de empresas, con frecuencia carentes de experiencia en la industria respectiva, que no se hallan pecuniariamente interesadas en los resultados patrimoniales de su gestión, y que son renovados cada cinco años, o sea cuando puede presumirse que, al menos algunos, estén comenzando a superar las carencias originales de su formación.
- La gestión de tales directorios está sometida al derecho público, con inamovilidad del personal, intervención previa del Tribunal de Cuentas en todos los gastos, recurso preceptivo a la licitación pública en casi todas las compras, control gubernamental de los precios y falta de adecuada publicidad de los resultados (los balances por lo general son confusos, no están auditados y suelen publicarse con gran atraso).
- Las empresas son titulares de monopolios, de modo que el acicate de la competencia, que sería indispensable para promover la eficiencia, queda totalmente anulado.
Es imperativo que cambien estos tres aspectos si es que el Uruguay ha de zafar del estancamiento económico en que cayó hace cosa de treinta años. Esta reforma no es una condición suficiente para que el país recupere su vitalidad económica, pero ciertamente es una condición necesaria.
Desde un punto de vista estratégico, los tres rubros a reformar no deberían concebirse situados sobre un mismo plano. Existe una clara ventaja en comenzar con la eliminación de los monopolios, por cuanto la competencia emergente se transformaría muy pronto en un estímulo sumamente eficaz para la promoción de las demás reformas, sin las cuales la supresión del monopolio se traduciría en enormes pérdidas para empresas como las públicas actuales, que no sólo fracasan en alcanzar un grado razonable de eficiencia, sino que ni siquiera lo intentan, cortadas como se hallan por el patrón de la burocracia.
Por otra parte, la derogación del monopolio eliminaría los casos más flagrantes de expoliación del consumidor ínsitos en el régimen actual. El tiempo que requiriese el estudio de las demás reformas no tiene por qué implicar la conservación entre tanto del sistema de impuestos ocultos en las tarifas públicas que mantiene agobiado al sector privado y distorsiona su asignación de recursos.
No podría haber otra medida legislativa más sencilla ni más fácil de aplicar que la eliminación de los monopolios, ni otro acto gubernamental que fuera un candidato tan natural a la popularidad, ni otra forma comparablemente eficaz de promover simultáneamente la justicia distributiva y la reactivación económica. Como paso inicial en el camino hacia la modernización del país, ninguno podría comparársele en relevancia.
Para proponer, como hacemos ahora, que se dicte una ley cuanto antes derogando todos los monopolios, partimos de la base de que éstos son estrictamente indefendibles. Estamos separando la cuestión de la existencia de empresas estatales —en defensa de la cual nos consta la vigencia de diversos argumentos en la conciencia de nuestros compatriotas, como la encuesta citada al principio nos lo recuerda, por más que nosotros no compartamos ninguno— de la cuestión de los monopolios, que no tienen ni tuvieron nunca ningún argumento a su favor.
Si puede concebirse conveniente que el Estado posea sus propias empresas en determinados sectores de actividad, porque en ellas ciertas motivaciones no abarcadas dentro del afán de lucro pueden ser importantes, no es lógico al mismo tiempo suprimir por la fuerza al competidor movido sólo por objetivos económicos. Si el consumidor necesitaba protección, ya está ahí la empresa estatal para dársela. Si la soberanía nacional requería tal o cual intervención, ya está ahí el empresario público para adoptarla. Pero si llama a la puerta un empresario privado, dispuesto a ofrecer en el mismo mercado una contribución adicional, no le cerremos el paso. Recordemos que llega soportando el handicap de su afán de ganancias. Recordemos la ventaja competitiva que le lleva la empresa pública por no hallarse animada por el lucro. El empresario privado, al fijar precios, tiene que hacer cierta provisión para sus accionistas. El empresario público no. Éste se halla asimismo libre, por lo general, de los impuestos directos que gravan la actividad privada. Si pese a esas desventajas éste puede competir, tiene que ser porque la ineficiencia pública es muy grande.
¿Quién puede aferrarse al monopolio? Ciertamente no puede ser el consumidor. Sin duda, a nadie puede molestarle que, junto al producto estatal, se le ofrezca la alternativa de un producto privado. Un producto que él es libre de rechazar. Al decisor la posibilidad de optar no puede menos que enriquecerle. Para él la alternativa no puede tener costo alguno. Tampoco puede aferrarse al monopolio el contribuyente de impuestos. Es natural que éste prefiera que los tributos que se le cobren pasen por el control del Parlamento y que luego de percibidos tengan un destino útil, en lugar de ir a financiar el papeleo, la planificación defectuosa, el mantenimiento irresponsable, la inflación burocrática y demás rubros de la ineficiencia estatal.
Los únicos defensores del monopolio, por consiguiente, tienen que ser los titulares de privilegio que se nutren con la savia económica que los monopolios le succionan a nuestra sociedad. En el Uruguay puede tratarse de un grupo de intereses importante. Nosotros no decimos que sea políticamente fácil suprimir los monopolios. Proclamamos que para el interés nacional es imperativo hacerlo y declaramos nuestra convicción de que, en el balance, hay en el área antimonopólica un espacio político, por ahora vacante, de notable fertilidad.