Esta semana lamentablemente no tengo más remedio que interrumpir la serie sobre Higiene de los ideales, a raíz de una carta interesantísima del Sr. Mario de Souza que apareció en las cartas de lectores de nuestro último número, bajo el título (puesto por nosotros, bastante intervencionista) de Privatizaciones. Lean la carta si no lo han hecho. Reléanla, si no la recuerdan bien. Realmente, vale la pena. Sólo después sigan adelante con este artículo. Siento que por más que no lo parezca, en el fondo tengo mucho en común intelectualmente con el Sr. de Souza. Tanto que la tarea de intentar persuadirle me resulta irresistible.
Las bases epistemológicas del diálogo
La dificultad mayor que percibo en el camino hacia establecer con el Sr. de Souza una auténtica comunicación intelectual aparece recién en el último párrafo de su carta. Allí se lee:
"No hay teoría económica ni política que no esté al servicio de algún interés. El asunto está en saber dónde está nuestro interés, lo demás (es) secundario".
Tomado estrictamente, este párrafo liquida el diálogo. El Sr. de Souza está sinceramente (no lo dudo ni por un instante) imbuido del propósito de defender a su país. Sus teorías económicas, dada la premisa mayor de su razonamiento, militan necesariamente al servicio del interés nacional. Por ejemplo, su propuesta de que el transporte ferroviario debería fortalecerse tiene que estar, por hipótesis, en concordancia con el interés nacional. Por lo tanto alguien que pensara, como pienso yo, que la mayor parte de las vías del país deberían levantarse y venderse como chatarra, tendría que estar —él o su teoría, no veo la diferencia— al servicio de un interés contrario al del país, presuntamente extranjero. Así es difícil dialogar. Nada menos que, de entrada, al interlocutor se le acusa de traidor a la patria. Y ello antes de examinar el primero de sus argumentos.
Es más: los argumentos vienen sobrando, por completo. Si mi teoría está al servicio de una causa justa es preferible, por hipótesis, a la teoría opuesta. ¿Y los argumentos lógicos? ¿Y las pruebas empíricas? Claramente, están de más. Obsérvese asimismo que esas razones no podrían percibirse como tales más que a la luz de una teoría. Pero no hay un logos imparcial que nos permita discernir la razón de la sinrazón. Sólo hay intereses que son los amos y teorías que son sus sirvientes. ¡Qué triste condición la humana si eso fuera cierto! ¡Qué bromista desalmado el Creador, que nos habría hecho pensar que participábamos del don divino de la razón! Apenas si en la realidad seríamos una suerte especial de chimpancés, sólo suficientemente inteligentes como para argumentar sobre nuestro derecho exclusivo a trepar al árbol donde las bananas nos lucieran más apetitosas.
Para continuar tengo que suponer que el Sr. de Souza no ha vertido con fidelidad su pensamiento sobre este punto. Postulo, pues, esta premisa, y prosigo.
Los monopolios son una calamidad
Los monopolios son nuestra particular calamidad. No sólo los del estado. Todos. Y hay pocas áreas de la actividad productiva que sean fácilmente competitivas. Con el cuadro que pinta el Sr. de Souza al respecto estoy básicamente de acuerdo. Pienso que hay algunas áreas abiertas a la competencia más allá de lo que él parece creer, pero sustancialmente estamos de acuerdo.
Sobre todo es su sentimiento de vehemente rechazo a la institución del monopolio lo que me hace pensar que el Sr. de Souza y yo tenemos mucho en común. No es un sentimiento frecuente en este país. No fue un sentimiento frecuente en occidente en los siglos XVI a XVIII, durante el período mercantilista. No es un sentimiento frecuente en la URSS, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en muchos otros lugares. Los que odiamos el monopolio deberíamos formar una liga para combatir unidos contra él, por más que discrepemos sobre otros asuntos.
Al mismo tiempo, me parece que el Sr. de Souza no ha comprendido mi posición. Mi posición es contraria a los monopolios estatales, sobre esto no puede haber duda posible. Entonces, cuando él sostiene que mi posición "peca de parcial y dogmática en lo que atañe a la realidad de nuestro país", pienso que se refiere a que no comparto la suya sobre el carácter monopólico de la mayor parte de los mercados en los que no rigen monopolios estatales. Pues bien, no es el caso. Yo pienso, al contrario, que ése es un grave problema, y repito que estoy básicamente de acuerdo con el panorama que la carta desenvuelve. En ese aspecto el Sr. de Souza no me ha leído bastante, o no me ha leído bien, o yo no he sido suficientemente claro. Pero, antes de procurar subsanar esa eventual carencia mía, quisiera regresar a los monopolios estatales, por ver si mi corresponsal y yo podemos ponernos de acuerdo al menos respecto de ellos.
Interpreto que las siguientes dos posiciones son sustentadas por el Sr. de Souza: (1) Todos los monopolios son indeseables, tanto los estatales como los privados. (2) La pequeñez del país determina por sí sola una propensión a la cartelización de todos los sectores. De acuerdo con la proposición (1) convendría eliminar todos los obstáculos a la competencia que sean removibles por naturaleza, entre los que se destacan los de origen institucional: es decir, parecería inequívoca la ventaja de derogar los monopolios legales. De acuerdo con la proposición (2) se vería como improbable que el resultado de tal derogación fuese un mercado ampliamente competitivo. Pero, algo es algo. Un cartel —preguntémoselo si no a la OPEP— padece fragilidades. Los monopolios legales son de acero. ¿Por qué no adelantar camino derogando los monopolios legales, mientras le buscamos solución al problema más general? ¿Acaso el monopolio de hecho de gran número de sectores, en manos de productores privados en el mejor de los casos, representa un argumento para oponerse a aquellas derogaciones? ¿Verdad que no? Yo, al menos, no advierto ni un adarme de fundamento para sostenerlo.
¡Viva el libre comercio!
Pasemos ahora al problema más amplio. Me agradó comprobar que el Sr. de Souza propone en su carta soluciones con vistas a promover "el desarrollo empresarial" y "una sana economía de mercado". Se trata de objetivos cuya estimación tampoco se halla muy difundida en nuestro país, ni en gran número de otros lugares, y que él y yo compartimos.
Según el corresponsal, para alcanzar esas dos metas debería contarse con una legislación antimonopólica, una especie de ley antitrust, como la norteamericana.
Es posible que le asista razón al Sr. de Souza. Personalmente, no tengo objeciones de principio contra su propuesta. Apenas dos observaciones de carácter relativo.
En primer lugar, la experiencia de los EE.UU. en la materia no logra entusiasmarme. Es muy fácil comprender una ley antitrust como prohibición de los acuerdos colusivos entre empresas. Lo es mucho menos cuando se dirige a proscribir tanto la competencia basada en la reducción de precios, aunque se apoye en mayor eficiencia, como el simple crecimiento diferencial de una empresa debido a su gran éxito en la competencia con las otras, direcciones ambas que la organización antitrust norteamericana ha recorrido ampliamente. Por otra parte, las dificultades de aplicación práctica han sido enormes. La aplicación de la ley antitrust al gobierno respecto del Uruguay, y yo también, la legislación antitrust tiene el inconveniente de que no contribuye nada a ensanchar el mercado. Apenas, en el mejor de los casos, evita la colusión abierta. Pero si el mercado no admite más de dos o tres empresas, aunque una única empresa es todo lo que el mercado admite.
Por mi parte, entiendo que existen métodos de indudable eficacia por los cuales cualquier país puede ampliar la competitividad de sus mercados, si parte de una posición relativamente proteccionista, y ello se resume en una sencilla expresión: la reducción del arancel de aduanas y la simplificación de su estructura.
Yo creo que el arancel óptimo para Uruguay es cero. Es más: no creo que haya razones que merezcan el nombre de tales para oponerse a esa solución. Creo que sólo la fuerza de los intereses especulativos en los productores beneficiados con arancel y las ideologías indiciales por el arancel pueden explicar las posiciones contrarias al libre comercio, pero sobre todo en un país pequeño y atrasado como el nuestro.
(Para que quede muy claro lo que estoy haciendo: no es que yo sostenga que todas las teorías están al servicio de intereses; sostengo, en cambio, que si los partidarios de una teoría no pueden defenderla con argumentos válidos, entonces es legítimo presumir que son los intereses los que los mueven. El propio Sr. de Souza acaba de probar esa proposición. Sostiene que ANCAP no habría construido una refinería en el Uruguay hace 30 años. Concedido; no la habrían construido hace 30 años, ni la construirán ahora, ni lo harían en el futuro previsible. Dejamos por el momento de lado la razón de esa supuesta decisión.) Sobre la omisión en sí comparto el punto de vista del corresponsal. ¿Cuáles habrían sido, para éste, las consecuencias de no haberse construido una refinería de petróleo en el Uruguay? Pues que "habríamos seguido importando los subproductos del petróleo al minoreo en un negocio de márgenes infinitos".
Pues entonces, si es que la competencia de la refinería consistiría en una importación sumamente onerosa —al por menor y con grandes márgenes— de productos refinados, ¿qué peligro podría haber en suprimir el monopolio legal? ANCAP, provista de su refinería, no perdería ni el equivalente de un barril de crudo de ventas locales. Los importadores —debiendo, como es natural, enfrentar el mismo régimen impositivo que la producción doméstica— no podrían colocar ni un quito de productos refinados.
Si eso es así, ¿por qué se aferran ANCAP y todos los gobiernos (civiles y militares) al monopolio legal? Un monopolio que no se limita a la destilación sino que abarca la importación de productos terminados. Hay una sola explicación posible: porque no tienen el coraje de revelar a la opinión pública la magnitud de la exacción a que el consumidor local está sometido, más allá de los impuestos que se le cobran. De lo contrario, si se autorizara la importación de productos refinados sujetos a un arancel que permitiera competir a ANCAP, tendríamos los consumidores, a través de la observación del arancel, una idea bastante aproximada del grado en que nos explota. Esto hay que evitarlo a toda costa. Hay que evitarlo también respecto del alcohol. Y se evita: en ambos casos el monopolio legal se encarga de mantenernos en la ignorancia.
Aquí sí hay una diferencia manifiesta entre el monopolista público y el privado. El monopolista privado por lo general goza de una protección nominal del 50% o menos. ANCAP disfruta de una protección infinita.
Preservemos la racionalidad
Hay una sola razón concebible para preferir el monopolio estatal a la competencia. Si los entes estatales no pudieran competir, una parte mayor o menor del mercado podría ser surtido, y probablemente lo sería, o bien por productores del exterior, a través de importaciones, o bien —menos frecuentemente— por capital extranjero radicado en el país.
Hay una visión de las relaciones internacionales que establece entre lo nacional y lo extranjero una diferencia tajante, cualitativa. La carta del Sr. de Souza suministra de ello ejemplos interesantes, por ejemplo, cuando escribe:
"...un balance exitoso en el caso de que se nos muestre en una empresa multinacional, una suculenta repatriación de dividendos, a sus directores de ultramar, es una pérdida real para cualquier país. Por el contrario un déficit interno en una empresa estatal, siempre que no obedezca a negligencia o vicio propio de sus gestores, puede representar una ganancia neta para la colectividad, pues esta empresa puede estar invirtiendo en activos fijos de gran duración para el país, tal como puede ser una planta telefónica, una destilería o una línea férrea, inversiones que por nuestra pequeñez no interesan a los agentes exteriores y sobrepasan las posibilidades de los agentes privados interiores".
Es un pasaje inquietante, que sugiere poderosamente —aunque de hecho diga una cosa muy distinta, y bastante confusa— que el despilfarro estatal-nacional puede fácilmente ser preferible a la eficiencia privado-foránea. Se trata de un enfoque romántico, que somete a la lógica a la tiranía de los sentimientos. Elimina la posibilidad de fundar la política económica en la razón. El imperativo de racionalidad exige que sea posible reducir los términos de las opciones a un denominador común. Los dividendos suculentos de una empresa extranjera poseen dos orígenes posibles. Uno es el monopolio. Estoy plenamente de acuerdo con que el monopolio concedido o facilitado a una empresa extranjera, para que expolie al consumidor nacional, implica una situación particularmente repudiable. Más repudiable aún que un monopolio allegado a una empresa nacional. Pero otro origen de las ganancias puede ser la eficiencia. Si la empresa multinacional fabricó y vendió localmente sin protección arancelaria ni equivalente, y obtuvo ganancias, ello se debe a que creó riqueza en exceso de la que consumió, y la remesa de dividendos, que se nos muestra como una pérdida para el país, no lo es en absoluto: representa la remuneración justa de los recursos que la empresa aportó, de capital y de gerencia, y que, aparte de generar rentas para sí, beneficiaron a los recursos nacionales que se combinaron con ellos. En el fondo la remesa es de igual naturaleza que el pago de una importación.
Ojalá que tuviéramos empresas extranjeras que, como ocurre en Singapur, en Tailandia, en Hong Kong, y un poco en Brasil, vinieran al país a producir para exportar (sin subsidios) y realizaran pingües ganancias. Eso, sin embargo, no ocurrirá mientras sigamos soportando el peso de las empresas estatales, y su abrumadora ineficiencia.
Ojalá también que tuviéramos empresas nacionales, privadas o públicas, capaces de moverse en los mercados internacionales, y competir en ellos en todas las áreas de nuestra ventaja comparativa. Pero eso precisamente es lo que el monopolio legal y su principal sucedáneo para el sector privado —el arancel— no nos ha dejado ni nos dejará hacer todo ello hasta que hagamos frente a la realidad, y nos congreguemos en la plaza pública, a encender una gran hoguera con todas las leyes que consagran tales privilegios, al grito combinado de: ¡Abajo el monopolio! ¡Viva el comercio libre!