Le han llamado transacción, pero se parece enormemente a una rendición incondicional.
El gobierno había dicho dos cosas: en primer lugar que no había dinero para superar el 85% de aumento a los pasivos, sin retroactividad, que ofrecía como transacción aviniéndose a elevar el ajuste previamente decretado; en segundo lugar, que el proyecto de ley del Partido Nacional bajo el disfraz de interpretativo, era en realidad un proyecto que aumentaba gastos y, por tanto, al faltarle la iniciativa del gobierno, inconstitucional.
Véase el contenido de la supuesta transacción. La pretensión de la oposición y los rebeldes de la UCB era de que el aumento fuera del 107,7%, y es de 107,7%. Querían que fuera retroactivo y lo es. Al parecer el texto que amenazaba aprobarse implicaba una retroactividad mayor, que antes había pasado desapercibida. Esto es lo que se evitó. Al mismo tiempo, el gobierno cedió en un cien por ciento de la proporción del ajuste, y se apresta a pagar algo que antes aseguró no tener recursos para pagar; y lo hace pese a haber tenido de su lado, para negarse, nada menos que a la Constitución; sin hacer entrar en batalla a un aliado tan valioso; cediendo ante la presión de las mayorías.
Las mayorías son muy importantes dentro de una democracia, pero dentro de la ley; al amparo del derecho; en el marco de la Constitución. Fuera de ese contexto, las mayorías son la fuerza. El gobierno dejó que la fuerza triunfara sobre el derecho. Gran golpe para su prestigio. Grave derrota para la democracia uruguaya.
El gobierno se apresta ahora a entregar en cómodas cuotas los recursos que protestó solemnemente no tener. Otro golpe para su credibilidad.
Si ahora paga, es porque podía hacerlo. Si dijo antes que no podía pagar, es en realidad porque no quería. Si no quería, es porque se desinteresaba por el bienestar de los pasivos, largo tiempo ha, dejados de la mano de los gobiernos; sólo ahora rescatados de las garras de la miseria y el olvido por la sensibilidad de los parlamentarios.
Milagro sería que la opinión pública no se hiciera este razonamiento. Maravilla fuera que no pensase que las cualidades que rivalizan por el primer lugar entre las exhibidas por el gobierno en esta emergencia son la falta de apego a la verdad y la dureza de corazón.
Por ello el gobierno solo a sí mismo tiene que reprocharse. Todo comienza con un planteamiento vago, impreciso, y algo tramposo de la cuestión.
Tener o no tener dinero el gobierno para un gasto, esa no es la cuestión. Si por dinero se entendiesen los billetes que él mismo fabrica, ¿cómo no iba a tenerlo?
Los billetes para el pago del 107,7%, nadie puede dudar de dónde van a salir: de la imprenta monetaria, por supuesto. "No tengo dinero para eso" en boca del gobierno quiere decir, en realidad: "No puedo pagar sin darle más vueltas de las que pensaba a la maquinita impresora; y eso es indeseable, porque la inflación es un impuesto; porque cuando yo le doy vuelta a la manivela automáticamente le quito poder de compra al dinero que está en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, quienes, misteriosamente y sin saberlo, pagan todos los días un impuesto invisible, pero de todos modos real".
Esto es complicado, pero es verdad. "No hay recursos" es sencillo, pero falso. Sería mucho mejor que la verdad fuera siempre sencilla y la falsedad complicada, pero desgraciadamente no es así. Cuando hay que optar, se debe elegir la verdad. Aunque sea difícil de explicar. Aunque la sencilla dicotomía hay - no hay recursos tenga que sustituirse por una gama de posibilidades, en la que encontrar la división justa sea problemático. Siempre la verdad, la sinceridad, el reconocimiento del interlocutor popular como adulto responsable. Todo eso es útil además de éticamente correcto. Eludir las dificultades no paga. He aquí la moraleja buena de esta historia. Es una moraleja para presidentes.
Hay también, desgraciadamente, una moraleja mala, que es para parlamentarios.
La moraleja mala dice varias cosas. Pero, en conjunto, dice que en esa emergencia el parlamento logró una victoria sensacional. Hay que observar los hechos y luego marchar en la dirección que ellos señalan.
Los hechos confirman que el parlamento es con propiedad el locus de la sensibilidad nacional; no el locus de la razón; no un foro para debatir serenamente los asuntos colectivos de la república.
"Mostramos", los parlamentarios a justo título pueden sostener, "que ayudar a los necesitados no es difícil, que basta con tener el corazón suficientemente blando y el brazo suficientemente ágil para levantarlo a la hora de votar gastos".
¿Quién va a pagar el aumento a los pasivos? He aquí una pregunta que la moraleja mala aconseja no plantearse. Uno sabe, en el fondo, que es el pueblo el que pagará, el mismo que paga los impuestos, aunque un poco más en este caso, porque el impuesto inflacionario, según dicen, es el más regresivo de todos. Pero, ¿qué ganas con plantearte preguntas que nadie se formula, que providencialmente son tan invisibles como el impuesto inflacionario, que, en cambio, sí paga.
La Constitución, en cierto momento de nuestra historia, cuando hubo aprendido cómo eran de verdad nuestros parlamentarios, les quitó la iniciativa en materia de gastos. Dentro de la civilización occidental según una tradición ya muchas veces centenaria, el Parlamento es el órgano de contención fiscal, y el Poder Ejecutivo es el órgano naturalmente impulsor del gasto. Es el contrapeso del Parlamento. No en el Uruguay. Aquí es al revés. El órgano impulsivo es el Parlamento, y el moderador del gasto el Ejecutivo. Las ovejas son el lobo, y el lobo las ovejas. Pues bien, como decíamos, el constituyente uruguayo, cuando se enteró bien de cómo eran las cosas declaró pródigos a los parlamentarios. Pródigo es aquel a quien se retira el manejo de sus propios asuntos por ser incapaz de contener su afán de gastar. Y dispuso el constituyente, en su adusta sabiduría, que cualquier ley que implicase incremento del gasto requeriría la iniciativa del Poder Ejecutivo. Gran contratiempo. Pero no uno que la viveza criolla no pudiera vencer. Se toma una ley que determina gasto y por vía interpretativa se la hace decir lo que no decía antes. Y todos contentos. Es decir, tal vez no contento el Ejecutivo. Quizá aún el Ejecutivo masculle la palabra "inconstitucional". Pero la sangre no llegará al río. En el Uruguay nunca llega. Siempre se encuentra una solución incruenta: ese es el genio nacional.
Es improbable que los parlamentarios echen esta moraleja en saco roto. Es tan clara de entender y tan fácil de aplicar. Ahí están los proyectos sobre alquileres y canasta familiar, para que los parlamentarios muestren sin demora que han aprendido la lección. Nos sorprendería que no lo hicieran.
La incógnita, para saber si vamos o no derecho al despeñadero, es si el presidente Sanguinetti aprovechará la suya. Si le planteará por fin a la república una política, un plan, dentro del cual la austeridad tenga lugar y sentido, en el que la excelente actuación de su equipo económico no se convierta en el adminículo anacrónico y superfluo de su gestión en que desgraciadamente va arriesgando convertirse.
Para ello no tiene mucho tiempo; porque de los 20 trimestres de su mandato ya le han corrido 9 por entre los dedos, sin dejar en ellos nada sólido; y porque ahora, después del último episodio, el despeñadero está un poco más cerca.