Las denuncias sobre violaciones de los principios del laicismo en la enseñanza oficial, ampliamente difundidas en la prensa semanas atrás emanadas de las máximas autoridades de los niveles preuniversitarios, no pueden menos que haber causado en la opinión pública grave preocupación. Ellas no aluden, sin embargo, más que a una pequeña fracción del problema total.
Este se refiere en su integridad a dos valores diferentes, cuya preservación constituye un deber inequívoco de quienes ejercen el poder dentro de un estado de derecho.
Uno de esos valores, el más obviamente lesionado, y aquel al cual se refieren las denuncias, es la libertad de conciencia. Se violenta la libertad de conciencia de los ciudadanos cuando se fuerza a éstos a desarrollar actividades bajo banderas, efigies u otros símbolos de partidos, estados, religiones, gobernantes, dignatarios o líderes, respecto de los cuales no puede presumirse la adhesión generalizada. La prensa ha reproducido imágenes del líder cubano-argentino Ernesto (Che) Guevara, que se afirma han sido expuestas en lugares conspicuos de institutos de la enseñanza oficial. El comandante Guevara es un símbolo de la guerrilla y la revolución marxistas. Para unos su retrato es digno de veneración; para otros es símbolo de la servidumbre y la degradación a que, según su criterio, el marxismo en el poder somete a los seres humanos. Para éstos la necesidad de contemplar a diario esa imagen en un lugar de honor representa una agresión abierta a su libertad de conciencia.
Muchos lectores recordarán cómo la Universidad de la República no hace mucho engalanó la fachada de su sede central, en ocasión de la visita de un gobernante nicaragüense, con una enorme bandera sandinista, que cubría parcialmente la puerta de entrada, obligando a estudiantes y docentes que debían franquearla a realizar para ello una genuflexión. En el interior de los locales universitarios no son infrecuentes letreros colgantes con consignas políticas o gremiales que informan a quienes deben transitar por los corredores actitudes parecidamente humillantes.
El gobierno y las autoridades del área docente tienen el deber inequívoco de evitar semejantes atropellos de la libertad de conciencia de los particulares. Las segundas de manera directa, y el primero llamándolas a responsabilidad en caso de que se hallen incursas en incumplimiento de sus obligaciones.
Estos principios no limitan su urgencia al campo de la educación. Se aplican plenamente al de la salud, donde la indefensión del enfermo frente al pisoteo de su libertad de conciencia es particularmente odiosa. Y de modo general, se aplican a todo el ámbito de la actividad pública. Por ejemplo, el Intendente aplicó correctamente el principio pertinente cuando recientemente prohibió una exhibición que según el criterio dominante excedía los límites de la decencia.
Como decíamos al comienzo, sin embargo, este aspecto no es más que una parte del problema. Es además, la parte que requiere de los representantes del sector público la actitud más fácil de observar, y aquella que se halla más claramente sujeta al control de la opinión pública.
El otro valor en juego a propósito del laicismo es el derecho de las personas a no ser adoctrinadas, y más específicamente —porque este otro aspecto sí nos sitúa característicamente en el campo educativo— a que los servicios docentes no se usen como mero pretexto para la actividad propagandística.
Observen la clara diferencia que separa uno y otro caso desde el punto de vista de los titulares de los intereses afectados. En el primero, típicamente, encontramos a una persona ofendida en su fuero íntimo porque se la obliga, como espuria condición para la recepción de un servicio, a rendir un homenaje tácito o expresar a un credo o a un símbolo a los que él espontáneamente no saludaría. En el segundo, también típicamente, encontramos a un intelecto joven que moldeado indebidamente por un maestro que abusando de la autoridad que su posición de tal le confiere, le suministra ideología en vez de ciencia y procura en tal modo allegárselo a sus propias filas políticas o religiosas.
Respecto de la dificultad de observancia y de control que esta segunda modalidad plantea, no configuran muy distintas situaciones. En un extremo tenemos el caso del profesor que se aparta de los límites de su asignatura para incursionar abiertamente en el campo ideológico. Un instructor de matemáticas que encuentra repetidas ocasiones para hablar de política en clase, y los tristemente famosos "contracursos" con que los dirigentes marxistas de la Universidad complementaban en cierta época las actividades curriculares, son ejemplos claros de ello. En una posición central, característica, de esta modalidad de conducta "antilaica", tenemos al docente de filosofía, de historia, de economía, de sociología, de ciencia política, de derecho, que se vale de la indefensión intelectual del alumno para servirle, sutilmente, gato ideológico por la liebre científica que debería suministrarle. Se apreciará enseguida la enorme dificultad para controlar esta modalidad de infracción "antilaica", derivada del hecho de que su víctima no llega a apercibirse frecuentemente de su condición de tal. En el otro extremo de esta gama de comportamientos violatorios del laicismo tenemos los de aquellos docentes, mucho más numerosos de lo que suele presumirse, en filosofía y ciencias sociales, que adoctrinan a pesar suyo, porque lo único que a ellos mismos les han enseñado es ideología, porque de la ciencia que deberían profesar lo ignoran todo, aun a veces hasta su existencia misma. Puede comprenderse la enorme dificultad que plantea la preservación de los valores del laicismo en tales casos, en los que el infractor carece de conciencia de su condición de tal, que lo es compulsivamente, contra su misma voluntad.
A tal grado alcanza la dificultad de mantener vigente al laicismo frente a semejante clase de acechanzas, que el ánimo del observador se ve irresistiblemente compelido a revisar los supuestos mismos del concepto de enseñanza laica. Estos se asientan sobre la tesis de que es posible una enseñanza filosófica, religiosa y políticamente neutral. Naturalmente, se trata de un punto altamente discutible, en el mejor de los casos. Fuera del campo de la matemática, y la lógica y de las ciencias naturales, aquella neutralidad debería perseguirse a través de una presentación equilibrada de las distintas doctrinas en pugna. El supuesto concreto en tal sentido es que los docentes no solo están dispuestos a esforzarse heroicamente por alcanzar ese nivel de objetividad, sino que conocen y comprenden las posiciones contrarias a las suyas con algo parecido a la claridad y coherencia mínimamente necesarias para que su presentación no represente una grosera caricatura de la doctrina adversaria, la mera construcción de hombres de paja destinada a una diestra decapitación dialéctica, ante la admirativa mirada de los educandos.
Análogamente, el supuesto implícito en el laicismo, en cuanto a que es posible formar hombres y ciudadanos sin partir de una teoría acerca de lo que los hombres esencialmente son, y deben aspirar a ser, como tales y como ciudadanos, nos parece sobremanera cuestionable.
En suma, lo menos que puede decirse del laicismo es que se trata de una doctrina difícilmente sostenible. Lo más, y dudamos que la exageración sea grande, es que no se trata más que de una pantalla para ocultar una campaña de adoctrinamiento deliberado a cargo del dogmatismo que haya tenido la habilidad y la fuerza necesarias para infiltrar primero y dominar ulteriormente el sistema docente estatal.
Y lo que en particular queremos agregar nosotros es que hay una alternativa válida al laicismo, capaz de asegurar a la educación popular exactamente el mismo grado de apoyo financiero, y aun la gratuidad, si eso es lo que se quiere, a todos los niveles. Y esa alternativa no es otra que la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza sin el riesgo de nuestro régimen actual, que obliga a los padres que no eligieran la escuela estatal supuestamente laica para sus hijos, a financiarla en el caso de la mayor parte de la población, sin dejar con ello un remanente disponible para permitirles solventar una alternativa privada.
En esa dirección es que la República debe, en nuestra opinión, examinar sus opciones educacionales. Más allá del laicismo, superando esa alternativa falsa, engañosa, antiliberal.