El país vuelve a asomarse al tema de la reforma constitucional, una de las aficiones más persistentes de los uruguayos. La idea de que hay en ello una intención escapista, la mera ilusión de una salida mágica de las frustraciones nacionales, resulta irreprimible. Desde esa perspectiva, nos sentimos inclinados a registrar nuestra discrepancia con cualquier empresa reformista. La coyuntura política y económica reclama otra clase de soluciones. Reclama un acuerdo político que englobe los problemas acuciantes que enfrenta la República, sobre todo el de los derechos humanos, y que dé pie a la estructuración de una política económica para el resto del mandato del actual gobierno, que sea capaz de suscitar la confianza de los agentes privados, y de tal modo permita que se aprovechen las condiciones excepcionalmente favorables concretadas por primera vez en mucho tiempo en el exterior.
Algunos hablan y escriben como si una Constitución distinta pudiera ser capaz de eximir al gobierno de buscar coaliciones y negociar alianzas. Ello sencillamente no es así. La necesidad en tal sentido viene del hecho de que las fuerzas electorales se distribuyen de manera tal que el partido gobernante carece por sí solo de una mayoría viable en el Parlamento. Cada vez que esto ocurra es justo y natural en el ámbito de una democracia que sobrevenga una política. No sería natural ni democrático que la Constitución asegurara al Presidente una mayoría operativa, como si contara con un respaldo popular amplio, tal como pretendía el proyecto plebiscitado en 1980. En tal situación de equilibrio de fuerzas, las negociaciones, las concesiones, las transacciones, conforman el pavimento político por el cual todo régimen democrático puede y debe transitar. Y si ello resulta enojoso para los partidarios del gobierno, no tienen más que pensar que pronto tal vez sean adversarios suyos quienes ostenten la mayoría relativa, a fin de darse cuenta que una situación de impasse es más tolerable de lo que crean.
En otras palabras, la impasse no es el último mal en política: el último mal es un gobierno carente de representatividad con poder para resolverlo todo.
Tampoco la consulta popular frecuente o anticipada es un antídoto seguro contra el atascamiento político. En EE.UU. acaba de haber una elección parlamentaria en la cual el partido gobernante perdió el control que tenía en la Cámara de Senadores. Por los dos años que le restan de mandato el Sr. Ronald Reagan tendrá una capacidad para decidir y realizar algo menor que hasta ahora. Sus partidarios tienen pleno derecho a lamentarse por ello, pero nadie tendría derecho a reprocharle a la Constitución federal de los EE.UU. por ese resultado, que ha sido querido por su cuerpo electoral.
Menos aún es concebible que un método distinto de elegir al Presidente de la República, por el cual se asegurase que el ganador debiera contar con la mayoría absoluta de electores, pudiese fortalecer en algún sentido la institución de la Presidencia. Ello implica hacer un ídolo de la regla mayoritaria. La regla mayoritaria no es de la esencia de la democracia. Lo que sí es de su esencia es el principio de que todos los ciudadanos son hábiles para ejercer las magistraturas. En la democracia ateniense la mayor parte de éstas se discernía por sorteo. Los gobernantes bajo ese sistema derivaban su potestad de la Constitución ateniense, con la mediación del azar. Un mandatario designado por una mayoría relativa, tal vez una mayoría pequeña, aun una ínfima, también tiene su poder de la misma augusta fuente. Hacer de la legitimidad del poder una cuestión aritmética es un error, y encima un error no exento de peligros.
Esto se ve más claro atendiendo a la institución del ballotage, que resulta atractiva a muchos, y no es ajena a las empresas reformistas que se insinúan. La característica esencial del ballotage es que los votos no son homogéneos como expresiones de apoyo político. Los votos de la primera ronda significan una cosa, y los de la segunda, en parte, otra. Los cómputos oficiales no distinguen, pero la ciudadanía no se deja confundir.
Supongamos que en la primera ronda tres candidatos, que llamaremos A, B y C, recibieran caudales electorales en su mismo orden alfabético, y que la mayoría de A fuese sólo relativa, volviéndose preceptiva una segunda ronda entre los dos primeros. Para ésta los partidos de B y C forman una coalición, con la que B resulta electo. La aritmética oficial diría que por mayoría absoluta, pero de hecho se sabe que el apoyo de los electores de C al ganador es de índole diferente. Supongamos que la coalición entre B y C se rompe, y que A y C terminan coaligándose en la oposición. Esto puede tomarse por la ciudadanía como demostración de que el Presidente ha perdido legitimidad. En rigor, sabemos que no es así, pero el sistema de ballotage parece pensado para confundir a la gente al respecto.
El hecho fundamental es que si los partidarios de B y C concuerdan en que la victoria de A es el peor desastre posible pueden unirse, sin necesidad de ballotage, presentando un candidato único. Si las preferencias de los ciudadanos son muy fuertes en el sentido de multiplicar las opciones, preservando todos los matices, es natural que la mayoría del candidato ganancioso sea sólo relativa. Esto debería verse como una consecuencia normal de la idiosincrasia ciudadana, y ser aceptado sin dificultades.
Dicho todo esto, registrado el temor que sentimos de que las iniciativas reformistas adolezcan del escapismo y el oportunismo que han signado las empresas semejantes en el pasado, no podemos dejar de registrar al mismo tiempo una vez más nuestra convicción de que nuestra carta fundamental adolece de gravísimas fallas. Que ciertamente merecerían la atención de la ciudadanía, si en ella cundiera la voluntad de llevar a cabo una reforma a fondo.
La Constitución actual es un mamotreto de unos 350 artículos, que regula minucias como los plazos de los recursos administrativos, pero carece de un sistema simplemente civilizado de garantías contra el riesgo de prisión prolongada sin debido proceso. Es un documento que ha injertado fuertemente el árbol presidencialista plantado por los fundadores de la Nación con elementos parlamentaristas, al punto de permitir en casos especiales la disolución del Parlamento y la realización de elecciones generales para designar uno nuevo, pero sin introducir la distinción esencial del parlamentarismo entre jefe de estado y jefe de gobierno; con la consecuencia de que las elecciones parlamentarias pueden empeorar la situación del inamovible Presidente, condenándolo a la más terrible frustración; de la cual su renuncia no solucionaría más que su dificultad personal, ya que pondría en movimiento una línea de sucesión, encabezada por el vicepresidente, que en ningún caso lleva a nuevas elecciones presidenciales. Es una ley fundamental que organiza las empresas estatales como si fueran oficinas burocráticas, perpetuando una vieja confusión, tal vez única en el mundo. Es un texto formado de manera aluvial, que en cada reforma se adornó con más disposiciones programáticas de craso utopismo, que asegura el derecho de todos a la vivienda salubre y decorosa, al pleno empleo, al reparto equitativo del trabajo, a la educación gratuita a todos los niveles y a la atención médica, a la salud física y al perfeccionamiento moral, todo por dispensación del Estado, una figura paternal un dechado de virtudes, cuya perfección ética torna totalmente incongruente el habeas corpus, que de todas maneras se consagra junto con otras instituciones dirigidas a proteger al ciudadano contra el mal uso del poder del Estado, que hoy en día lucen como otros tantos resabios de la época en que las Constituciones eran documentos de inspiración liberal.
En suma, vemos mucho que mejorar en la Constitución, pero vemos también que la mayor parte del lastre de defectos la cargó nuestra carta en el proceso de sus reiteradas reformas, supuestamente encaradas cada vez con el propósito de mejorarla. Lo que nos mueve a estar en contra de la reforma, al menos por ahora, más concretamente, en tanto ella no sea precedida de un gran debate nacional, conducido sin prisa y con la debida altura.