La celebración de elecciones parlamentarias anticipadas es una solución escapista para la actual crisis política. Lo más probable es que su celebración dejará la aritmética parlamentaria básicamente igual que ahora, en cuyo caso la situación política se volvería mucho peor. Es lo que ocurre siempre si se recurre a una medida extrema, a un expediente de última instancia, y éste fracasa. Más allá de la crisis se vuelve especialmente visible, y no más manejable por sus canales regulares.
A nosotros nos parece que sería útil que se reconociera la falta de coherencia de nuestra Constitución al haber introducido dentro de una estructura presidencialista unos pocos elementos propios del sistema parlamentario. Para comprender la inconveniencia de nuestra ley fundamental en este aspecto, basta pensar que habría ocurrido si en Francia, luego de las últimas elecciones parlamentarias, hubiera regido la Constitución uruguaya. La situación sería como la actual pero sin Chirac. No habría cohabitación porque Mitterrand no tendría con quién cohabitar. Seguiría mandando solo, único titular del Ejecutivo, pero por falta de aprobación parlamentaria no podría nombrar ministros que le permitieran mandar. Si designara ministros con apoyo parlamentario de centro-derecha, no podría entenderse con ellos. Entonces serían los ministros quienes mandaran y el Presidente una figura decorativa, pero sería un gobierno sin cabeza.
En el fondo los elementos de parlamentarismo incorporados a nuestra Constitución nunca fueron pensados como mecanismos básicos para mantener la coordinación entre la opinión ciudadana y el gobierno, principal en una democracia. Ese papel siempre lo cumplieron las elecciones nacionales, ahora quinquenales, antes cuatrenales. Los elementos de parlamentarismo, las interpelaciones y eventuales censuras, sólo tuvieron por fin ofrecer un escenario al juego político característico de nuestro turbulento pasado. En el presente conviene que los dejemos en el papel que realmente les corresponde, es decir, un papel decorativo, parte del circo con que hemos procurado distraernos de nuestras frustraciones.
¿Cuáles son, a fin de cuentas, los problemas realmente graves que hasta ahora no hemos podido resolver? Todo indica que el problema presupuestal, traducido en la falta de aprobación de la Rendición de Cuentas por primera vez en la historia del país, no es uno de ellos, y que la cuestión de los derechos humanos y la eventual responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas por su violación es realmente el único que el país tiene por delante.
La cuestión presupuestal merece que nos detengamos un momento sobre ella. Ante todo para una aclaración. ¿Cuánta gente sabe qué tras lo que llamamos Rendición de Cuentas de 1985 se oculta el presupuesto de 1987? Tal vez no demasiados, y ello no puede sorprender. También en este aspecto nuestras instituciones reflejan el ejercicio del constitucionalismo como una de las bellas artes, al que los uruguayos nos hemos incesantemente dedicado, con olvido de la tradición universal y con una disposición para innovar no plenamente acompañada de una capacidad para hacerlo conscientemente. A veces parece que hubiera habido un esfuerzo deliberado en crear confusión.
En el Uruguay el presupuesto es quinquenal, pero se ajusta anualmente a través de una ley que aprueba las cuentas del gobierno por el último año, y al mismo tiempo revisa las disposiciones presupuestales del año siguiente. La ley se nombra en función de la primera misión, que carece por completo de importancia, y deja en la penumbra la parte que hasta hace cierto tiempo fue crucial: el ajuste de las partidas presupuestales del año siguiente.
Como, sin embargo, la inflación hace ya tiempo impidió que las partidas se mantuvieran siquiera un año completo en vigor, y no digamos nada de cómo se fueron introduciendo expedientes "ad hoc" que permiten su ajuste fuera de las ocasiones constitucionalmente previstas. En éste como en materia de impuestos, la inflación ha desnaturalizado por completo las instituciones.
Como quiera que ello sea, sin embargo, gracias a esos expedientes de emergencia, en materia presupuestal la sangre no llegará al río. El restante de los asuntos nombrados posee, en cambio, innegable gravedad.
A esta altura parece evidente que el Poder Ejecutivo debió haberse rehusado a promulgar la ley de amnistía de los llamados delincuentes políticos sin que se resolviera al mismo tiempo la eventual responsabilidad del personal militar. Su omisión, como otros aspectos de su política en la etapa que podríamos llamar "de la CONAPRO", le ganó un período de armonía con la izquierda, pero —ahora se va apreciando claramente— a un precio sumamente elevado. Los economistas dirían que el Dr. Sanguinetti descontó el futuro a una tasa demasiado elevada.
De la cuestión de los derechos humanos en relación a las Fuerzas Armadas, tal como hoy se presenta, podría decirse que no es propiamente un problema, sino que se trata de un dilema. Los problemas, si auténticamente lo son, poseen siempre solución. Por difícil que pueda resultar encontrarla. Pero los dramas no la tienen. La solución A no sirve y la Z opuesta, tampoco. Por tanto, sin embargo, puede buscarse una salida intermedia que no salvaguarde todos los valores en juego —en cuyo caso habría un problema resuelto— pero que minimice su mengua.
El quid de una salida transaccional tiene que ver con el hecho de que los militares siguen siendo hoy, no un poder del Estado como habría implicado la vigencia del COSENA, sino un poder dentro del Estado, con el cual el Estado tiene que tratar. Volver a una etapa de transición. El retorno a la democracia no ha sido aún tan pleno como la retórica usual hace pensar.
Con las realidades es inevitable transar. Esa clase de pensamiento, que no parte de los primeros principios para resolver en términos absolutos un supuesto problema, como en un ejercicio matemático, sino que toma en cuenta hechos y posee valores, fue estudiada hace ya tres o cuatro siglos y se llama desde entonces razón de estado.
Aquí y ahora tenemos que usar la razón de estado. No hay una verdadera alternativa basada en la razón pura, lo que no significa predeterminar el camino de salida. Esta debe buscarse por medio de la transacción del equilibrio de fuerzas, y solamente en íntimo contacto con las realidades pertinentes podría delinearse. Sería frívolo que pretendiéramos hacerlo aquí.
La dificultad mayor consiste en que quien debe soportar las presiones es el gobierno, pero quien puede resolver es el gobierno más una mayoría parlamentaria. Pues entonces la forma de superar esa dificultad tiene que consistir en que el gobierno traiga a parte de la oposición a su terreno, y comparta con ella la búsqueda de una salida del dilema. ¿Qué parte de la oposición? Aquella que sienta más afín a su forma de ver el país globalmente. Aquí no se trata de revisar las plataformas publicadas en busca de afinidades, sino sobre quién busca la construcción del país en base al trabajo en paz de sus hijos, alternativamente en base a la transformación cualitativa por medio de una peripecia revolucionaria que reclama una etapa previa de grandes perturbaciones. Esa distinción probablemente sirva para trazar la necesaria línea divisoria.
Ese traer a parte de la oposición al ámbito en que se experimentan las urgencias y las presiones debe empezar con un planteo muy franco. Tal vez, de hecho, el vicepresidente Tarigo haya dado el primer paso en este sentido en un reciente programa televisivo, en cuyo transcurso las angustias y las soledades que hoy conlleva el poder en nuestro país pudieron entreverse. Por ahí debe poderse avanzar hacia el deseable acuerdo. Al cerrar esta edición parecía abrirse en tal sentido una perspectiva promisoria. Nosotros formulamos votos para que la empresa fructifique.