Argumentando en defensa de la declaración de servicios esenciales efectuada por el gobierno en relación con la producción de combustibles por ANCAP, el ministro de Trabajo, Sr. Fernández Faingold, hizo caudal del monopolio petrolero del ente. Si la población contara con una fuente de abastecimientos alternativa, adujo el secretario de Estado, la declaración podría ser cuestionada. En el Uruguay, sin embargo, el mercado —por igual consumidores y empresas— o bien compra los productos de la destilación petrolera de ANCAP, o bien queda reducido a una generalizada parálisis. La esencialidad del trabajo de ANCAP no viene pues tanto de su intrínseca naturaleza como de la estructura monopólica que la ley prescribe para su organización.
Por más que pueda resultar superfluo, no podemos dejar de puntualizar que el monopolio petrolero de ANCAP es total en su alcance. Nadie más que ANCAP puede importar petróleo crudo y destilarlo. Nadie más que ANCAP puede importar productos destilados y venderlos al público, o consumirlos él mismo. Nadie más que ANCAP puede siquiera vender al público los productos que ANCAP haya elaborado en su destilería o haya importado ya destilados. Por más que las estaciones de servicios y los camiones cisternas que vemos ostenten en parte nombres y distintivos de compañías privadas, éstas no son en el Uruguay —por vastas que puedan ser sus explotaciones petroleras en el mundo— más que meros agentes de ANCAP, personeros que distribuyen combustibles de propiedad de ANCAP, a precios fijados por ANCAP, sólo a bocas de expendio autorizadas por ANCAP, trabajando puramente a comisión. En el Uruguay, desde que se abolió el control de importaciones en 1974, cualquiera puede importar la mercancía que se le antoja, a condición de pagar los aranceles respectivos. Estos suelen ser elevados, indicativos de grados de protección en ciertos casos extravagantes; pero no obstan a la posibilidad, al menos, siquiera como expediente de emergencia, de la importación del bien. Para el petróleo y sus derivados, así como para el alcohol, esas posibilidades no existen, precluidas en absoluto por los omnicomprensivos monopolios de ANCAP.
Asistía, pues, razón al Sr. Fernández Faingold: o ANCAP funciona, o el transporte, la industria y la agricultura, en suma, el país entero, deben entrar en inevitable receso.
Por su parte, los delegados del sindicato de ANCAP han alegado que es inadmisible privar a determinadas categorías de trabajadores de un medio de defensa de sus intereses que goza de garantía constitucional como es la huelga. ¿Acaso porque ciertos trabajadores produzcan bienes de crítica importancia para la vida y el trabajo del país han de quedar desprovistos de los medios de acción gremial que a todos los demás se reconocen?
La verdad es que este argumento no es tan fácilmente refutable como podría parecer. Es cierto que la Constitución no puede garantizar el derecho de huelga a expensas de la continuidad del trabajo y la normalidad de vida de toda la comunidad. Cuando dos valores entran en colisión, el derecho no tiene más remedio que arbitrar entre ellos asignándoles jerarquías. Ni esto es discutible, ni puede caber duda de cuál sea en la emergencia el valor prioritario.
Al mismo tiempo, si hemos de restringir el derecho de ciertos trabajadores a ejercitar con plenitud el derecho de huelga, por más que sea en defensa de exaltados valores, no podemos negar que estamos restringiendo de alguna manera nada menos que la libertad de algunos uruguayos. Y esta dolorosa conclusión sólo puede ser aceptada en tanto nos sea estrictamente imposible preservar los mismos valores de una manera que consiga obviarla.
Lo dicho previamente basta para mostrar concluyentemente que la limitación del derecho de huelga a ciertas clases de trabajadores del sector combustible de ANCAP dista mucho de ser inevitable. Ella es, en efecto, la consecuencia de la manera artificial de organizar el mercado respectivo en nuestro país. Si en el Uruguay se pudieran importar combustibles refinados, como se puede importar cualquier otro producto, el sindicato de ANCAP no tendría problemas para recurrir al expediente de la huelga en defensa de sus aspiraciones. Tal acción podría paralizar la refinería de La Teja, pero no el abastecimiento de combustibles. La presión de los trabajadores sobre su empleador a través de la huelga sería entonces normal y legítima, basada en las pérdidas económicas que la empresa sufriría con cada día en que las importaciones, y no su propia producción, abastecieran el mercado. Entonces nadie podría argumentar que los servicios de los huelguistas son esenciales, ni el ejercicio del derecho de huelga pudieran someterse a condiciones de excepción.
La solución, pues, está en eliminar el monopolio petrolero. La libertad del comercio apuntalaría la libertad de los trabajadores. ¿Hay alguien que saldría perdiendo? Nosotros creemos que sólo intereses espurios resultarían lesionados.
Estamos viviendo esa emergencia que los defensores del monopolio de ANCAP han insistido en presentarnos como tan temible: la importación de productos destilados; y vemos que la tal temibilidad era falsa. Lejos, en efecto, como se pretendía, de retacearse nuestra soberanía, vemos que ella se expande con nuevas posibilidades de elección. Podemos hacer lo que hacíamos antes —importar crudo y refinarlo localmente— si es lo que colectivamente deseamos hacer, pero también podemos, si así es nuestra voluntad, importar productos ya refinados. Si esto fuera cierto siempre, claramente seríamos más soberanos que ahora, más libres para elegir, en modo alguno menos.
No hemos oído, sin embargo, al sindicato de ANCAP reclamar la derogación del monopolio petrolero del ente, pese a que esa sería la medida específica que inequívocamente eliminaría la capitis deminutio que está pesando sobre cierta sección de sus afiliados. Siendo esto así, habría que inquirir cómo es posible que la solución clara y fácil a la dificultad sea desechada por los afectados por ella.
Podemos pensar en dos respuestas alternativas, no recíprocamente excluyentes. La primera sería una razón dogmática. Como diversos otros sindicatos de nuestro medio, la dirigencia del de ANCAP es predominantemente de tendencia marxista-leninista. Y, naturalmente, el monopolio omnicomprensivo es característicamente la estructura marxista-leninista de la producción. Un régimen económico como el soviético, o el cubano, o el polaco, no es más que una estructura en que los mismos monopolios que en el Uruguay detenta ANCAP se generalizan a todas las unidades productivas. Gracias a los monopolios de ANCAP somos ya un poco marxista-leninistas. El apoyo de los sindicalistas a estos, por una razón de principios, no deja de ser comprensible. Naturalmente, en el sistema marxista-leninista todos los servicios son esenciales, como los trabajadores polacos tuvieron ocasión de aprender por la vía de apremio, una vez instalada la dictadura militar precisamente con el fin de convencerles de ello.
Pero, siendo la razón dogmática, como decíamos, comprensible, uno sospecha que la razón principalmente operativa es la restante, que ahora vamos a considerar. El monopolio es poder. En particular, el monopolio petrolero de ANCAP representa una concentración de poder económico mayor a cualquier otra en el Uruguay. Ahora bien, el titular de esa concentración de poder no es necesariamente y en todo tiempo el mismo órgano encargado por la ley de administrar el monopolio. El poder es, al fin de cuentas, en esencia una cuestión de hecho, y la política es el juego que nunca cesa, cuyos resultados determinan quiénes, y en qué medida, cada día lo ejercitarán. Para extraer beneficios extraordinarios del monopolio petrolero de ANCAP no hace falta controlarlo permanentemente: basta con hacerlo en algunos momentos claves. El sindicato de los trabajadores tiene en ese sentido posibilidades notablemente promisorias. También erizadas de dificultades, porque ello es de la esencia de ese juego en que las apuestas son desmesuradas. Pero siendo la psicología humana lo que es, también su apego al monopolio es comprensible desde este punto de vista.
Lo que ya no va siéndolo tanto, según nuestra manera de ver, es lo que hacemos los demás. Los que no participamos de manera central en el juego del poder, la gran mayoría, que sólo aspira a trabajar y vivir en paz. La que de tiempo en tiempo es víctima de sustanciales transferencias de riqueza, que dejan sus caudales maltrechos, debidas a causas con frecuencia oscuras, con beneficiarios no siempre identificables. Desde el punto de vista de esta mayoría, la mayor difusión posible del poder, a través de la competencia, de la libertad de comercio, de la limitación de los poderes del Estado, es eminentemente deseable. Y el monopolio es indeseable. El actual conflicto de ANCAP es como una ventana que nos permite un vistazo elocuente hacia esa esencial realidad. Conviene que la oportunidad no se pierda, porque los participantes centrales en el juego del poder hace mucho tiempo lograron en nuestro país convencer a la mayoría acerca de la bondad de ciertos principios que son en realidad diametralmente opuestos a sus verdaderos intereses.