"Lo mejor del Banco de Seguros del Estado", asegura cierta publicidad actual del ente asegurador, "es que es del Estado". Y enseguida se pasa a destacar que el Banco "es nuestro", para así atraer hacia él la adhesión de la comunidad.
Se trata de una actividad publicitaria notablemente desencaminada. En primer lugar nos parece decididamente objetable que una empresa pública invierta sus recursos en realizar publicidad institucional. Vale decir, una publicidad en la cual el objeto hacia el cual se procura allegar el favor del público no es ninguno de los productos de la empresa, sino la empresa misma, su propia existencia institucional, o algunos de los rasgos con que la ley la ha distinguido. Se trata de un objetivo político, no comercial. El propósito de preservar la integridad institucional de un ente es por supuesto un objetivo perfectamente legítimo de la acción política, pero por cierto que la meta opuesta, orientada hacia poner fin a esa existencia institucional, no cede ni un ápice en legitimidad a la primera. Si uno o más partidos desean defender públicamente la preservación de determinado ente o de algunos de sus privilegios, el derecho que para ello les asiste es innegable. Pero es con sus propios recursos que deben hacerlo, no con los recursos del mismo ente, que no pertenecen menos a los ciudadanos que están por la liquidación de la empresa estatal o por la supresión de sus privilegios que a los que desean que aquélla y éstos perduren. La Constitución acuerda a unos y otros los mismos derechos, pero en la práctica los derechos de los opositores al estatismo reinante son flagrantemente pisoteados.
Dicho esto, aclaremos que la gravedad del caso concreto que llamamos a la atención de nuestros lectores excede en mucho de la habitual que se da con el desvío de los fondos públicos hacia la promoción de un fin sectario: en la emergencia nos encontramos también con el mal uso de fondos públicos pero ahora destinados a defender, no ya una empresa pública ni sus especiales fueros, sino una doctrina abiertamente opuesta a la letra y al espíritu de nuestra Constitución.
En nuestro sistema económico, en el que nuestra Constitución refleja, que no es otro que el sistema de Occidente, el que Alfred Marshall llamó sistema de la libertad, la propiedad privada ocupa un lugar preeminente. El fin de la actividad económica es por supuesto la satisfacción de las necesidades de la comunidad, pero él no se persigue haciendo que la propiedad de los recursos adscritos a su promoción sea también común —colectiva o social como las necesidades a satisfacer— sino que el sistema cifra su eficacia en la potencialidad de servicio social de la propiedad privada, cuando los recursos materiales son puestos junto con sus dueños y con una fuerza de trabajo libre en el crisol del mercado competitivo, capaz de transmutar los fines individuales en una realización social de incomparable eficiencia.
Nuestro sistema no se avergüenza de que la propiedad de los recursos materiales sea individual. La Constitución nacional no deja de incluir el reconocimiento a la propiedad privada entre los derechos individuales más solemnemente consagrados, como la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento y expresión, el habeas corpus y el derecho al debido proceso. Al mismo tiempo somete a una severa mayoría especial la creación de nuevos entes autónomos, es decir, la organización de recursos sociales bajo el régimen de propiedad colectiva para fines de producción, no dejando un resquicio de duda sobre cuál es la regla en la materia, y cuál la excepción.
En la estimativa del Directorio del Banco de Seguros del Estado en cambio, esta jerarquía de valores está transpuesta. Su convicción, inequívocamente expresada en las manifestaciones públicas a que aludíamos al comienzo, asevera que la propiedad colectiva de los medios de producción es preferible. En efecto, la publicidad del organismo proclama que lo mejor de su personalidad institucional está configurado, no por la prontitud de sus servicios, ni por la baratura de los seguros que ofrece, ni por la alta rentabilidad del capital nacional invertido en su empresa, ni por la obra social que lleva a cabo, sino por el carácter colectivo del régimen de propiedad en que los recursos materiales que maneja se hallan insertos. La publicidad tampoco nos dice que por razones específicas de la industria del seguro la propiedad colectiva sea, excepcionalmente, en su caso particular, deseable. Nos dice que la propiedad colectiva del capital es, por principio, preferible. Que es el paradigma dentro de nuestro ordenamiento institucional que —la conclusión es inescapable— debería constituir la regla, y la propiedad privada la excepción.
Pero entonces, no puede dejarse de inquirir, ¿qué representa el actual predominio de la propiedad individual en nuestro sistema económico desde la perspectiva en que el Directorio del Banco de Seguros del Estado se coloca? ¿Cuál es el rango y el papel que le asigna la filosofía social implícita en las manifestaciones públicas del ente? Se trataría —no hemos podido encontrar ninguna alternativa— de una situación transicional. Si lo mejor del BSE es su pertenencia al Estado, su índole colectiva, no por razones peculiares de la industria, sino por razones de principio, egregias en su generalidad, entonces es evidente que lo mismo podría predicarse de cualquier otra empresa. "Lo mejor de la empresa X es que es del Estado" vale para todo X. "Sería mejor que la empresa Y, privada, fuera del Estado" vale para todo Y. "En la industria Z las empresas públicas son preferibles a las privadas" vale para todo Z. En una palabra, el colectivismo debe ser nuestro sistema. Y el Directorio del Banco de Seguros del Estado considera oportuno invertir los recursos de la comunidad en hacer propaganda en pro de esa orientación ideológica.
La propiedad privada de las empresas —es por tanto la conclusión insoslayable— representa desde aquella perspectiva nada más que un resabio de un sistema deprimido. Está implícito que nuestra sociedad ha optado por un tránsito gradual hacia el colectivismo, pero sobre cuál deba ser el destino del viaje no puede caber ninguna duda. El hecho se deriva en buena parte de la prerrogativa del Directorio del BSE en lo concerniente a reflejar las ideas gubernamentales. Si bien cada ente autónomo es un pequeño parlamento, donde se pueden esperar matices de opinión, lo sensata es presumir, conforme a la experiencia, una coalición al menos predominante. Si los miembros del directorio del BSE se sienten un representante de una mayoría política colectivista, lo cierto, y lo grave, es que cuatro de ellos pertenecen a los partidos tradicionales, y dos de ellos al partido de gobierno. Si éstos han caído bajo el director frenteamplista, o si simplemente se hallan distraídos, es más de lo que nosotros podemos discernir. Nos basta con comprobar la gravísima irregularidad, y con denunciarla a las autoridades competentes.
Nos referimos, como debe ser obvio, al Poder Ejecutivo, que tiene la misión constitucional de supervisar la legalidad de la gestión de los entes autónomos. En particular al Ministerio de Economía, bajo cuyo ámbito de incumbencia especial está el organismo asegurador estatal. Como debería ser superfluo que lo recalcáramos, los entes son autónomos sólo para moverse dentro de los márgenes que la ley les asigna. Y ciertamente que la realización de propaganda ideológica y política está notoriamente más allá de esos límites.
Aparte de las cuestiones de legalidad y constitucionalidad en juego, y de su suprema jerarquía, cabe mencionar antes de concluir un punto de índole meramente práctica aunque no exento de significación. Nosotros creemos que el gobierno desea sinceramente promover la inversión privada. Es lo que afirma, es lo que necesita vitalmente para alcanzar éxito, y es lo que presta significado a su apreciable adhesión a la disciplina fiscal y monetaria, y a su mantenimiento de un régimen libre de controles para buena parte de la economía uruguaya. ¿Cómo puede explicarse entonces que ese mismo gobierno tolere la propaganda colectivista ilegalmente desarrollada por un ente público, gobernado por hombres de su propio partido, que en cierto modo es un anuncio que toda la inversión privada que ahora se lleve a cabo tiene por fin último la colectivización? Para nosotros ello no se explica de ninguna manera. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la figura de Penélope, destejiendo de noche la tela elaborada durante el día, es en algunos aspectos la única representación inteligible de este gobierno.