La República está en deuda con sus clases pasivas. Las declaraciones del Presidente Sanguinetti en cuanto a que su gobierno se apresta a revisar el sistema previsional en el marco de un análisis en profundidad de los grandes temas estructurales del país, abren la posibilidad de que esa enorme obligación moral y material tenga en breve al menos principio de cumplimiento.
Los hechos de la historia oficial son bien conocidos.
El Uruguay se situó muy pronto en una posición de liderazgo mundial en materia jubilatoria. En 1928 había completado una cobertura vastísima de los riesgos de ancianidad e invalidez, casi completa fuera del sector rural, con muy pocos precedentes internacionales. Las pasividades estaban orientadas hacia asegurar a sus titulares con 30 años de servicios el mantenimiento del nivel de vida a que los ingresos de actividad los habían acostumbrado. Luego el estancamiento económico que se abatió sobre nuestro país hace unas tres décadas junto con la transformación demográfica concomitante —caída de las tasas de natalidad y mortalidad, seguida más tarde por la emigración, contribuyendo todo ello al envejecimiento general de la población— produjeron un sensible deterioro del nivel real de los beneficios que el sistema sirve a sus afiliados pasivos.
Pero la historia oficial está lejos de decir toda la verdad. Calla, por ejemplo, todo lo relativo al cambio de sistema que de facto se introdujo en nuestro régimen, del sistema de capitalización al sistema de transferencias intergeneracionales, con desastrosas consecuencias para los pasivos, y silencia la enorme responsabilidad que por ello contrajo la clase política uruguaya. Nos referimos a los partidos, y a los grupos, y a los individuos. A todos, unos por acción y otros por omisión, con muy escasas excepciones.
Aunque tal vez el sistema nunca tuvo una base actuarial rigurosa, denunciaban su asiento en la capitalización los períodos de carencia previstos en las leyes respectivas —lapsos en que los afiliados activos ya deben contribuir pero en los cuales no hay aún efectividad de los beneficios, a fin de permitir la acumulación de capital por el ente rector— y aun el nombre primero y aún tradicional de ese ente —la Caja de Jubilaciones— nos está diciendo lo mismo. De hecho durante mucho tiempo la Caja se llenó de activos rentables, que permitían pagar los beneficios sin interferir con el acceso a la capitalización de los aportes corrientes. Lamentablemente luego la Caja fue violada y saqueada, sin que la historia oficial se digne recoger el hecho.
En parte el proceso de desvalijamiento se llevó a cabo a través de la legislación. El Uruguay se transformó en una sucursal de Utopía, donde una mujer de menos de 30 años de edad podía jubilarse si daba a luz un hijo, y toda mujer podía jubilarse a los 45 años de edad, y todos los hombres a los 50, y unos y otros a los 40 si eran despedidos, y donde el retiro de la actividad en el apogeo del vigor era estimulado y premiado con una suculenta bonificación. Todo eso pasó a engrosar el gigantesco rubro de las "conquistas sociales", respecto de las cuales lo más curioso es que nadie preguntaba quién era en cada caso el "conquistado". De hecho, como es obvio, en la emergencia el papel de Moctezuma lo representaron los legisladores, que se habían volado a sí mismos las finanzas del ente.
Presumiblemente, sin embargo, los capítulos más alucinantes de esta historia de horror son otros. Durante mucho tiempo la inversión favorita de la Caja fueron títulos de deuda pública en pesos al 5% anual. Y ello comprensiblemente durante parte de ese tiempo, ya que muchos inversores privados encontraron también atractivos los papeles del gobierno uruguayo. Grosso modo, ese mercado genuino de la deuda pública uruguaya se mantuvo hasta mediados de la década de los años 40. Pero la corriente inversora persistió mucho más allá, cuando nadie en su sano juicio habría consentido en invertir su capital en los títulos de renta fija de un Estado que había repudiado abiertamente su vieja adhesión a la disciplina monetaria. Dicen que en los sótanos del viejo edificio de la calle Daniel, sobreviven aún roídos por las ratas y chamuscados por el fuego de algún providencial incendio, montañas de viejos títulos absolutamente desmonetizados, testimonios mudos pero elocuentes de la política inversora más estulta o más inmoral —dejamos al lector la elección— de todos los tiempos.
Aún falta, aunque parezca mentira, lo peor. Con el poco capital que quedaba los dirigentes de la Caja se lanzaron a un programa de préstamos para vivienda a los funcionarios del organismo, no reajustables, a un interés cuyo monto exacto no recordamos bien, pero sí nos consta que era el mismo que regía para los préstamos para vivienda que lo mismo —en una época en que la inflación estaba cómodamente instalada en los dos dígitos. El programa incluía el amoblamiento de las casas en su sistema de financiación, y los directores del ente encontraron tan gratificante el reconocimiento del funcionariado por su munificencia que se apresuraron a ampliarlo para incluir una casa de veraneo, también con cobertura, comprendido por supuesto el respectivo mobiliario.
La "Caja" quedó entonces tan vacía como la tienda London París después de la famosa "multi". No quedó en adelante más sistema posible que el de financiar los beneficios corrientes con los aportes también corrientes de los afiliados activos. Con una relación de menos de dos activos por cada pasivo, la dependencia del sistema de transferencias intergeneracionales no podía menos que surtir un efecto demoledor sobre la sustancia de las pasividades.
De la situación económica en que esta catástrofe deja a los ciudadanos que han sobrepasado el límite de la vida activa no sólo puede afirmarse que es mucho peor que la de sus antecesores de hace 30 y más años, sino que también sin temor a equivocarse, se puede decir que es mucho peor que la de los ancianos de la época anterior a la cobertura estatal del riesgo de vejez. Todas las sociedades se cubren al respecto, mientras o cuando el gobierno no interviene, con una mezcla de los mismos dos sistemas que vemos operar en el marco del seguro social público: el sistema de transferencias intergeneracionales, representado en el caso informal por la "familia de tres generaciones", y el sistema de capitalización, representado por el ahorro de cada pareja y su inversión en activos rentables. En el Uruguay ese ahorro de los trabajadores se volcó en masa a la inversión inmobiliaria, y sin él no se explica buena parte del enorme desarrollo edilicio que tuvo Montevideo en la segunda mitad de la última centuria y primeras décadas de la actual. Dos viviendas en el patrimonio, la primera para la familia y la segunda para renta en los años de vejez, llegó a ser la meta de todas las familias obreras, y la realización de muchísimas. En los barrios más humildes ambas edificaciones se levantaban por lo general en un solo terreno, donde la vivienda del frente, y principal, estaba destinada al alquiler, y podría simbolizar con propiedad el sistema jubilatorio de la época. Luego vino el Estado: se apropió del flujo de ahorro privado, que en adelante, según proclamó, sería innecesario; y con ello modificó radicalmente a la familia: su tamaño, el grado de su cohesión, su mismo estilo de vida. Y precisamente, cuando las bases de la provisión privada estuvieron hechas polvo, el sistema público fue víctima de la peor defraudación de cuantas bajo cubierta del welfare state se han cometido.
La conclusión que, pensamos, emerge de esta triste narración es que sólo un retorno al sistema de capitalización, siquiera un retorno parcial, puede aportar una salida auténtica de este atolladero. Innegablemente ello no es fácil, porque, si los aportes corrientes se dedicaran como deberían a la capitalización, no estarían disponibles para la financiación de los beneficios de los pasivos actuales.
La dificultad genuina del problema unida a su contextura dramática, reclama soluciones heroicas. Por de pronto es preciso elevar en alguna medida los impuestos para atender con esa fuente de financiamiento a una proporción mayor de las pasividades. No sería más que el corolario de que la comunidad admite su solidaridad con las culpas de sus dirigentes, como le conmina a hacerlo un postulado ético indiscutible. Es improbable, sin embargo, que por esa vía pueda llegar un paliativo suficiente. Afortunadamente existe un expediente de emergencia, también heroico, al que sería posible recurrir. Desde que fue propuesto hace ya muchos años desde nuestras páginas, por un integrante de nuestro consejo editorial, nos parece que la justicia y la pertinencia de esa iniciativa saltan a la vista. La República, si bien endeudada y con su economía maltrecha, es propietaria de un importante acervo de capital, representado por un conjunto importante de empresas públicas. Lo mismo que el capital que dilapidaron los dirigentes de la Caja de Jubilaciones, las empresas estatales pertenecen a la nación, y la nación, por ende, podría disponer de ellas para la reparación que los pasivos requieren. La idea concretamente consiste en sustituir el ente actual del sistema previsional y transferirle la propiedad de todas las empresas estatales, con el encargo de volver rentables a las que no lo son, y liquidarlas en caso contrario.
No es que eso sólo pueda darnos la solución total, pero —tanto desde el punto de vista moral como material— sería un gran primer paso.