Nos referimos al que se configura en el sector financiero. Y titulamos este editorial como queremos escribirlo, con gran cautela. Como corresponde a temas tan delicados como son los que atañen al crédito. Decimos esto porque insatisfactorio es el adjetivo más suave y menos alarmista de los que podrían adosarse al objeto de nuestro comentario de hoy.
La cualidad desazonadora de este sector de nuestra economía es multifacética. No sabe uno por dónde empezar para describirla. Y parece ser además infecciosa, ya que ha contagiado a la política desarrollada por las autoridades en su ámbito su patológica condición.
Para situarnos en la adecuada perspectiva, hagamos un poco de historia. La problemática situación arranca con la fuerte contracción cíclica que se abatió sobre nuestra zona del mundo en la segunda mitad de 1981. Una de sus consecuencias fue la crisis en el servicio de la deuda externa en que varios países fueron cayendo uno tras otro, comenzando con México en agosto de aquel año. Otra, también de vasto alcance geográfico, consistió en un grave debilitamiento de los patrimonios bancarios.
Las contracciones cíclicas de cierta intensidad tienden todas a afectar la solidez del sistema financiero de manera análoga, a partir de la incapacidad en que se precipitan algunos deudores para generar un flujo de caja compatible con el servicio de sus deudas. El consiguiente desequilibrio debe ajustarse, y para ello el procedimiento clásico procede por etapas sucesivas. La primera consiste en que, dentro de la estructura de la liquidación, recomponer su patrimonio a costa de las instituciones acreedoras. Si los recursos de los deudores no alcanzan para ese fin, deben sacrificarse los de los accionistas de los bancos afectados. Si el patrimonio de las instituciones no alcanza para cubrir su pérdida de activos, debe entrar en acción la tercera etapa del ajuste, consistente en sacrificar los recursos de los depositantes. En tales casos se reduce el número de las instituciones, y ello representa uno de los mecanismos del ajuste, a través del consiguiente efecto positivo sobre la realidad de las subsistentes.
En nuestro país el problema revistió peculiaridades que lo agravaron. En primer lugar la crisis se postergó artificialmente aproximadamente un año, a través de una política en que nadie ha logrado discernir un plan coherente que concebiblemente pudiera llevar a superar el desequilibrio. Si se hubiese hecho flotar al peso en noviembre de 1981, en lugar de un año más tarde, la situación habría resultado incomparablemente más manejable. La depreciación cambiaria habría sido mucho menos brusca, y se habría evitado el efecto devastador de las desmesuradas tasas reales de interés —reflejo de la evaluación de riesgos por el mercado— sobre los patrimonios de los deudores de pesos así como el tránsito de éstos como deudores de pesos a dólares, en definitiva como reflejo de un tránsito paralelo de los depositantes.
En segundo lugar, las autoridades bloquearon prácticamente todos los canales de ajuste. Las autoridades militares, como forma de reconocer su responsabilidad por la intensidad de la crisis, buscaron poner a los deudores, mediante intervenciones informales en los procedimientos, a cubierto de ejecuciones judiciales y concursos. Las autoridades constitucionales que los sucedieron institucionalizaron la indisponibilidad de los derechos creditorios, y eventualmente la complementaron mediante la concesión de tasas de interés subsidiadas a los deudores morosos, haciendo gravitar la respectiva carga económica sobre los acreedores.
Naturalmente en este caso, como en todos los que atañen a la economía, las potestades de la autoridad, cualquiera sea su origen y naturaleza, poseen límites estrechos. La realidad es inflexible en cuanto a demandar que el ajuste sacrifique los recursos reales de alguien. Si la autoridad resuelve dejar al margen del ajuste los recursos de los directamente involucrados, de hecho no hace más que comprometer en su lugar los recursos de los contribuyentes, que es la identidad que la comunidad asume cuando se trata de aportar recursos reales.
En último término, el ajuste exigirá el pago efectivo de impuestos. Naturalmente, contando entre ellos, como la posibilidad más ominosa, el impuesto inflacionario. Pero, las operaciones de salvataje no son sino préstamos al sector estatal, sostenidos por los acreedores hasta que los tributos no tengan que hacerse efectivos en su plenitud. Debemos comprender la situación. Hay un concepto básico al respecto, que es el concepto de deuda pública. No cabe duda de que hay una deuda en que toda la comunidad participa, cuya efectividad económica es innegable, por más que su existencia jurídica haya sido reprimida, y por más que no haya sido cuantificada ni resulte cuantificable con la información limitadísima que se ha puesto al alcance de la ciudadanía. Entre los rasgos que dibujan el perfil insatisfactorio del actual estado de cosas, éste no es de los menos salientes.
Hace dos semanas una colaboración aparecida en este semanario sostenía que más de la mitad de las carteras de los bancos privados está en situación de mora. Sin que hasta ahora hayamos tenido noticia de una interpretación siquiera, que nos permita al menos atenuar la aguda preocupación en que esa información, indisponible hasta entonces para nosotros, nos sumió y tiene que haber sumido a todos los que la conocieron. En el marco conceptual en que este artículo se está desarrollando, diríamos que aquellos datos apuntan a la conclusión de que los uruguayos tenemos contraída una deuda pública enorme, de la que no tenemos adecuada noticia, y de la que arriesgamos enterarnos debidamente recién el día que el cobrador llama a nuestra puerta.
Otra característica que vuelve particularmente angustiante a la actual situación, es la total falla en la dirección del ajuste. Cada vez que una institución entra en crisis, se procede a rescatarla. Los accionistas son sacrificados, sí, pero no más que ellos. La diferencia radica en que el primer método procuraba disociar al contribuyente de la responsabilidad por mantener la institución en crisis de una manera que los métodos más recientes no intentan siquiera. Todos los métodos tienen en común el mantener los mismos recursos materiales y humanos anclados en el sector financiero, por más que la información disponible sobre la rentabilidad de las instituciones privadas, o, más precisamente, sobre su rentabilidad negativa, indican nítidamente que el ajuste requeriría la reasignación de algunos de esos recursos.
En tal sentido cabe destacar que los beneficiarios de las operaciones de salvataje no son sólo los depósitos. El interés de éstos podría contemplarse aunque las instituciones fueran liquidadas. Los beneficiarios de la continuidad operativa de las empresas, específicamente, no son más que los integrantes del personal de los bancos, que comparten con los funcionarios públicos la condición de ciudadanos de primera, que en el Uruguay implica la seguridad absoluta del empleo.
Si no avanzamos hacia el ajuste, si la rentabilidad de las entidades evaluadas sus carteras para cobrar créditos morosos permanece inexistente, si deben seguir subsidiando a numerosos deudores, si no pueden desaparecer bancos, si los existentes no pueden redimensionarse, ¿qué podemos esperar más que una cadena de crisis que con los años conduzca hacia la eventual asunción por los contribuyentes de su plena responsabilidad, en el marco de una banca crecientemente estatizada? Con un aditamento que a nuestros ojos vuelve el proceso de estatización particularmente odioso: que no se decretará, como otrora pudimos temer, abiertamente por el parlamento nacional, sino que irá llegando, como hasta ahora, al cabo de operaciones de salvataje resueltas en gabinetes inaccesibles, en suma, así como resuelven los padres los asuntos de sus hijos, mientras éstos son pequeños.