La semana pasada los ladrones volvieron a entrar en nuestra casa, por segunda vez en poco tiempo.
Esta afirmación, tan desgraciada como verídica, se escucha en diversos y variados ámbitos de nuestra castigada población cada vez con mayor frecuencia. Entre comerciantes, entre industriales, entre profesionales, entre periodistas, entre simples ciudadanos, vecinos, amigos.
En Búsqueda se llevaron la primera vez dinero y objetos varios. La semana pasada, grabadores, cheques, dinero, elementos de trabajo, entre otras cosas. En cualquier otro lado se han llevado cualquier otra cosa. Las palabras "llaves apropiadas", "ganzúas", "rotura de cerraduras", "fueron encañonados por un desconocido que los trasladó a un pequeño cuarto donde los retuvo mientras otro de los individuos..." han pasado a ser moneda corriente en nuestras vidas, y en la de tantos amigos, parientes y desconocidos congéneres con quienes compartimos una suerte de solidaridad pasiva —más que suerte, una desgracia— leyendo cada día la prensa que nos trae la dolorosa cartelera de actividades de los estereotípicamente bautizados "amigos de lo ajeno".
Hemos tenido la fortuna de no tener que lamentar desgracias personales. No es éste por cierto el caso de muchas otras víctimas de robos, atracos, rapiñas, hurtos y delitos conexos, que además de ver desaparecer sus bienes personales han debido padecer de agresión de los delincuentes, en muchos casos pagando con graves lesiones o incluso con la vida, la desgracia de enfrentarse a este drama que se abate sobre nuestra población.
Las declaraciones oficiales de jerarcas del Ministerio del Interior y de la Policía, tienden a restarle importancia al problema. Intentan tranquilizarnos diciendo que siempre hubo criminalidad, que los delincuentes no son ni más ni peores que antes, y que la Policía actúa constantemente con sacrificio y eficiencia.
No nos convencen.
No lo logran porque todos los uruguayos sabemos que los tiempos violentos y desgraciados que estamos viviendo, en términos de la seguridad personal y de la vigencia del derecho de propiedad, son fruto de un sinnúmero de factores coadyuvantes entre sí, que no se le pueden ocultar a nadie, y que no se esfuman ni se atenúan con declaraciones contemporizadoras.
Entre estos factores, una enumeración sin orden ni jerarquía impone mencionar como determinantes algunos tales como la crisis económica que ha golpeado duramente a los sectores más humildes de nuestra población, la liberación masiva de los "presos sociales" en oportunidad de la amnistía, el descaecimiento de normas morales y éticas, en especial entre la juventud, la pasividad policial en esa suerte de "trabajo a reglamento" a la que según algunos se ve abocada nuestra Guardia Civil o por carencias de elementos materiales para cumplir sus tareas, según otros, y a la vigencia de normas legales que facultan a los jueces penales a no decretar la prisión preventiva.
En estos dos últimos casos, los factores asumen la calidad de integrantes de un círculo vicioso. En efecto, la reciente entrada en vigencia de la ley Nº 15.859, que permite el procesamiento sin prisión, ha sido de hecho interpretada por la mayoría de los jueces penales como una medida que determina el procesamiento sin prisión en casi todos los casos, ya que las excepciones son muy limitadas. Ello incide sin duda en el ánimo y en la eficiencia de los integrantes de la Policía, que arriesgan constantemente sus vidas en procura de combatir el delito, y que simultáneamente ven al delincuente arrestado, fruto de sus esfuerzos, entrar detenido al juzgado y salir en libertad apenas unas horas más tarde.
En realidad, si fuera preciso analizar en detalle todos estos factores, uno no sabría por dónde empezar.
No podemos discernir, del mismo modo que no se le puede pedir a la víctima que recite los evangelios, mientras un sujeto la tiene encañonada con un arma de grueso calibre, despojándola de todos sus bienes.
Nuestra sociedad está agredida, y duramente agredida. Por bandidos, ladrones, rapiñeros, seres crueles que no vacilan en vaciar un cargador en su víctima si no consiguen lo que buscan, o si intenta irreflexivamente resistirse a que la desvalijen.
Cuántas veces hay un enorme drama detrás del delincuente. Una niñez desgraciada, de privaciones, castigos, promiscuidad, malos ejemplos. Una cárcel o un albergue que en lugar de rehabilitarlo lo perfeccionó en sus técnicas delictivas, lo frustró en sus intentos de recuperación moral o lo sumió en abismos mayores a los que había visitado antes de ir preso. Desempleo, hambre, insania, desamparo o desesperación.
Pero la víctima no es un analista, ni un asistente social ni un terapeuta, ni un sacerdote reeducador o moralista.
La víctima somos todos. Es la castigada y cada vez más indefensa sociedad uruguaya.
Solíamos vanagloriarnos hace años (y no viene al caso decir cuántos, porque no es la intención de la referencia identificar este hecho con regímenes políticos o gobiernos legítimos o ilegítimos) de la seguridad de nuestras vidas. Mirábamos con horror a Río de Janeiro, Bogotá, San Pablo o Lima, y nos dolían nuestros hermanos del continente, desde nuestra dorada e inexpugnable atalaya.
Hoy día nadie puede distinguir a Montevideo de cualquier otra ciudad peligrosa del mundo. Sus calles se han vuelto un riesgo cierto, y la seguridad de sus habitantes ha desaparecido.
Florecen empresas de serenos armados, guardias privados circulan por algunos barrios cuyos habitantes pagan servicios especiales de vigilancia porque ya no creen en la protección que teóricamente debiera brindarles la Policía.
El desamparo es la nota, la inseguridad es la regla, y la impunidad es el ingrato resultado de la notoria crisis que afecta, sin esperanzas visibles, la convivencia entre los uruguayos.