En el sector financiero ha pasado —como decía la vieja canción— lo que tuvo que pasar. Los mismos factores que aparejaron la caída del Comercial gravitaban para arrastrar a la Caja Obrera. Por tanto, como todos los informados sabían —y se decían unos a otros en voz baja— su suerte estaba sellada. La consumación de lo ineluctable cierra un ciclo —el directamente conectado con la crisis cambiaria de 1982— en la historia financiera del país, y ello nos invita a los observadores a reflexionar sobre dónde es en verdad que vinimos a parar, cómo es realmente que llegamos aquí y por qué lado puede estar la salida. Lo último ya que, de ello no se dude, nuestra situación de hoy es una selva oscura, donde ningún camino cierto hacia la luz es fácilmente discernible.
Nuestro paradero actual puede caracterizarse diciendo que tenemos una banca nacionalizada o estatizada, lo que según el uso corriente significa lo mismo. Y lo que significa es que la asignación de recursos reales que se desprende de la función esencial de la banca de intermediar en el crédito ahora se cumple, o al menos podría cumplirse, en un ámbito político, y no en un ámbito de mercado. Y la ironía de la situación —porque la situación rebosa ironía, por más que no nos haga ninguna gracia— está en que la culminación del proceso estatizante se aprobó con los votos en contra de los partidos que están por la banca estatizada, y con los votos a favor de quienes —como el presidente Sanguinetti lo precisó terminantemente en la muy recordada entrevista que concedió a Bernardo Neustadt— se oponen a ese arreglo institucional.
Tal vez debamos detenernos a desarrollar el concepto que acabamos de verter con excesiva concisión. Los bancos, ¿qué función esencial cumplen? En esencia, reciben crédito de las unidades sociales financieramente excedentarias —básicamente familias y ocasionalmente empresas— y procuran atraerlo ofreciendo intereses y servicios varios, y lo vierten hacia las unidades sociales que son normalmente deficitarias en sentido financiero, el grueso del sector empresario (cuya inversión excede normalmente de su ahorro) y el gobierno. Según sean los destinatarios del crédito, así será la asignación de recursos reales resultantes de la canalización del ahorro nacional que transita a través del sistema bancario. Dicho de otro modo: toda sociedad debe resolver cómo ha de invertir el ahorro que genera; en las sociedades actuales, una fracción significativa de esa respuesta viene dada a través del funcionamiento del sistema bancario. Pues bien, ese funcionamiento puede ser de dos maneras. Según una de ellas, la manera de mercado, los demandantes de crédito pujan por los recursos que competitivamente se les ofrecen, y de este modo se fija el precio del crédito, o sea la tasa de interés. Dentro del marco así determinado, los bancos, usando la información que constantemente recogen y procesan sobre los riesgos —riesgos de industria y riesgos de empresa— implícitos en cada alternativa, eligen quiénes han de ser sus prestatarios. La otra manera, la de índole política, se configura cuando los bancos, o alguna autoridad central que los rige, se preguntan a quién conviene que le presten, sin que la rentabilidad del negocio sea la consideración dominante. Idealmente al menos, esa interrogación los bancos, o la autoridad central que pueda regirlos, se la formulan con referencia a los intereses del país. En la modalidad de mercado nadie está pensando en el interés colectivo. Sus partidarios aducen que, sin embargo, no hay mejor manera de contemplar el bien común que dejar que los agentes persigan su interés individual en un ambiente competitivo y bajo la regla de derecho. Sus opositores, sin duda numerosos en el Uruguay, encuentran seductora la idea de que decisiones tan cruciales como las que hemos estado considerando se adopten teniendo al interés nacional como meta explícita. Para pensar así suelen mantener una posición optimista frente a dos problemas que la modalidad política plantea: el problema de la desviación de los fines con que las autoridades de hecho se muevan, y —el más sutil e importante— el problema derivado de la enorme, y fácilmente subestimable, complejidad de la información a manejar si es que ha de adoptarse un conjunto eficiente de soluciones. Mientras que los partidarios del método tradicional de Occidente enfatizan que historia y teoría confluyen en demostrar que el mercado es el equivalente de un sistema cibernético incomparablemente más poderoso que las mayores computadoras, a la vez que reúne además la ventaja de no apoyarse en una hipótesis excesivamente exigente sobre las verdaderas motivaciones de los seres humanos. En suma, la cuestión es ardua, y el mundo está dividido entre una y otra alternativa de manera bastante pareja. Los EE.UU., Inglaterra, Suiza, Japón y Singapur, permanecen adheridos al sistema de mercado; la URSS, la RDA, Polonia, la República Popular China y Kampuchea poseen sendas bancas estatizadas. Como puede verse, en la adopción de este segundo sistema no estamos de ninguna manera solos.
Aquí donde hemos llegado, ¿cómo es que hemos venido a parar? En parte —ya vimos que votaron a favor los que estaban en contra y en contra los que estaban a favor— por virtud de las oscuras fuerzas del destino. No porque el país se halle naturalmente incapacitado para tener una banca privada sanamente competitiva y próspera, como ya tuvo durante un lapso secular. No, ciertamente, las oscuras fuerzas que actuaron no fueron las del mercado. Fue preciso que el gobierno se precipitase en las insensateces sin nombre de 1981 y 1982. Después que las autoridades condicionaran la inyección de recursos reales necesaria para evitar el descalabro consiguiente de las instituciones del sistema a la capacidad de éstas para suministrarles fondos con que proseguir su catastrófica aventura monetaria, y de tal modo excluyeran del rescate a las empresas de capital exclusivamente nacional.
Y fue preciso aún —y aquí gobernantes de facto y de jure han de compartir responsabilidades— que el Uruguay declarara en suspenso las leyes que mandan cumplir los contratos y pagar las deudas. Todo ello conformando una historia de locura y soberbia, actuando lenta pero inexorablemente, sobreponiéndose a la voluntad de los actores individuales, y culminando en un desenlace que nos hace pensar en la palabra némesis. Hay tiempo —seamos realistas— en alguna medida nuestro destino ha sido querido por una mayoría.
En cierto modo, ésta es una historia que empieza en 1896. Por lo menos a la luz de los hechos supervinientes, no está descaminado pensar que aquel año, al fundarse el Banco de la República sobre los restos de un sistema de banca libre, que había prosperado durante medio siglo, se adoptó un compromiso en contra de la banca de mercado y a favor de la banca política. Y cada vez que se entonaron las loas de esa singular institución, cada vez que se cantó su consubstanciación con el interés nacional, cada vez que se pintó de ella una digna imagen hipostática, en la cual el ser del BROU trascendía el de los recursos humanos que actuaban en su marco jurídico, empleados y directores, y se hallaba dotado de eficiencia, sabiduría y otras virtudes en un nivel excepcional, más allá de todo lo que sus recursos humanos pudieran concebiblemente infundirle, a través de ese interminable ditirambo, que hoy aún resuena en nuestros oídos, las implicaciones de la decisión de 1896 fueron afirmándose cada vez más. Si, por lo tanto, alguna vez, tal vez antes de mucho, tenemos causa tangible para dolernos de nuestra afligente situación actual, aquello de "Tú lo quisiste, Fraile Mostén..." no nos estará del todo mal aplicado.
En Montevideo, tal vez el lector ya haya reparado en ello, hay dos, y sólo dos edificios realmente suntuosos, con más de templo que de local gubernamental, donde mármoles y lambrices proclaman la grandeza de algo claramente sobrehumano. Son —¿qué duda cabe?— el Palacio Legislativo y la casa central del Banco de la República. Aproximadamente en la misma época los uruguayos quisieron celebrar con gran pompa y superlativo costo, por un lado, su aceptación de la soberanía de la ley, y por otro lado, la prosperidad desusada entre la mayor parte de las naciones del orbe que su economía había alcanzado. Tal vez haya un significado profundo en el hecho que ahora, cuando ya no hay prosperidad para festejar, los dos edificios de análogo porte se hayan dedicado a fines muy semejantes, y que los mármoles y boiseries que hayan rodeado la adopción de las decisiones finales sobre estatización de la banca no hayan sido los de la Aguada, sino los de la Ciudad Vieja. Esta idea exige un análisis que hoy no tenemos tiempo de dedicarle, lo mismo que el tema de cómo encontrar en el espeso bosque el camino recto de vuelta a la luz. Ambos quedarán para una próxima ocasión.