Debía constituirse en algo así como una revolución. "La política económica, a partir del 1º de marzo de 1985, se diferenciará claramente de la que caracterizó al período autoritario...". Así comenzaba un documento producido por el régimen multipartidario que se preparaba para el cambio. Apenas otra cualidad negativa, pero tajante; el futuro sería la antítesis del pasado. Era la hora de la pasión. Era la hora de la CONAPRO.
La Concertación Nacional Programática se había reunido por primera vez el 4 de setiembre de 1984. Antes ya otros organismos —Inter o Multipartidaria, Intersectorial— habían pugnado por aglutinar las fuerzas opositoras al régimen militar. La iniciativa sobre la nueva entidad había partido del Sr. Wilson Ferreira Aldunate, en agosto de 1983, durante una visión. Pese a las dificultades derivadas del arresto del Sr. Ferreira, el proceso negociador del Club Naval no la sepultó, sino que apenas la contuvo. Y luego la idea hizo camino, y a principios de setiembre, como decía, se reunieron representantes de las fracciones mayoritarias de los partidos tradicionales, así como del Frente Amplio y la Unión Cívica, y al mismo tiempo los de un abigarrado grupo de instituciones, algunas bajo el rubro de fuerzas sociales, otras en razón de su carácter gremial sindical, estudiantil o rural. Por tales conceptos fueron invitados, entre otros, PIT-CNT, ASCEEP, SERPAJ, FUCVAM, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, Cámara Mercantil, Confederación Empresarial del Uruguay, Federación Rural, Asociación Rural, Asociación de Remitentes a CONAPROLE, y aún otras entidades.
En un conjunto tan amplio, la ausencia de representantes del sector financiero —ni la Asociación de Bancos ni la Cámara de Entidades Financieras fueron invitadas— no podía dejar de llamar la atención. En realidad, los bancos habían hecho conocer su propia extrañeza a los organizadores en el mes de julio, pero éstos, a instancias del delegado del Frente Amplio, habían resuelto que "con la banca —representativa de intereses extranjeros— no se (podía) concertar y, en todo caso, más tarde se negociaría". Sobre cómo pudo ocurrir que las gremiales empresariales aceptaran la exclusión del sector financiero no tengo por el momento una explicación propiamente dicha, pero sobre esta cuestión he de volver más adelante.
La institución se organizó en tres niveles. En la cúpula se situó el Grupo Político, integrado por dirigentes de primera línea de los partidos. Bajo el nivel político se dispusieron grupos de trabajo, integrados ex officio los cuatro partidos, el PIT-CNT y la ASCEEP, más SERPAJ en el grupo de derechos humanos, y FUCVAM en el de vivienda, y a los cuales en cada caso se invitaba a entidades afines en el tema. Uno de los grupos de trabajo, el Nº 1, versaba sobre política económica, y de él surgió el documento que este artículo citaba al comienzo.
El método de trabajo en dichos grupos consistía en lograr el consenso en torno a cada proposición, de modo que, en teoría, cada participante tenía algo así como un derecho de veto. Digo "en teoría" porque no puedo convencerme de que tanta gente sensata como participó pueda haberle puesto la firma a tanta cosa tan poco sensata como se resolvió, si realmente había libertad para votar en contra.
El documento
La declaración ya aludida sobre política económica fue elaborada en el respectivo grupo de trabajo, con participación de economistas de los cuatro partidos, y posteriormente aprobada por el Grupo Político, es decir, por la cúpula de la organización. Esto ocurría en febrero de 1985, es decir, ya después de las elecciones, y ya conocida la identidad del futuro ministro de Economía. El Cr. Zerbino, firmante del documento como economista del Partido Colorado, fue muy enfático en recalcar en declaraciones a la prensa que lo acordado no afectaba en lo más mínimo la libertad cambiaria ni el derecho de los depositantes a retirar sus fondos en la moneda convenida. Por su parte el (a la sazón) presidente electo, Dr. Sanguinetti, declaró que el Partido Colorado había encarecido "realismo y honestidad" en el documento, así como cuidarse del "voluntarismo demagógico".
Algunas partes del texto reflejan esa clase de preocupación. Por ejemplo, donde se anuncia el acuerdo para mantener "un tipo de cambio realista", y donde se dice que la política cambiaria partiría del régimen de flotación ya vigente. Considerando que entre los firmantes contaban Astori y Couriel, ardientes defensores del control de cambios, estos enunciados eran muy importantes.
Al mismo tiempo, el documento, luego de protestar la necesidad de "recomponer un clima de confianza", incurría en declaraciones antinómicas con la confianza de empresarios e inversores, de quienes presumiblemente no deja de tratarse cuando la confianza se menta en esta clase de contexto. En efecto, mostraba una estrategia peligrosamente sesgada hacia la inflación y el desequilibrio externo, y nada preocupada por el respeto del derecho de propiedad.
El inflacionismo conáprico
Por ejemplo, en el capítulo sobre política fiscal, el documento aboga por que el gasto público no reduzca en el corto plazo su participación relativa en el PBI. Es una proposición azorante. Si a propósito de un paciente en acceso de delirium tremens un médico afirmara que era inconveniente bajarle el contenido alcohólico en la sangre, no habría enunciado un juicio más alarmante. Porque en el año que acababa de concluir el déficit agregado del sector público había alcanzado más del 10% del PBI, lo que representa una dosis peligrosísima de déficit fiscal. La única manera de no aumentar el contenido alcohólico en la sangre del paciente uruguayo era suprimirle la inyección, pero la CONAPRO recomendaba que continuásemos haciendo equilibrio por el perfil, a ver cuánto tardábamos en caer al vacío. Digamos, igual que Argentina y Brasil cayeron en su transición desde los regímenes de facto.
Uno de los aspectos más enigmáticos del documento es la falta de sensación del peligro que transmite. Los autores podrían estar escribiendo de un país con cuentas fiscales equilibradas, que no habría que alterar una sola palabra. Tal vez el lector pueda preguntarse si un keynesiano podría estar de acuerdo con la recomendación que ellos formularon. Estoy seguro que tendría que ser un keynesiano muy distraído, o que se hubiese salteado el Capítulo 15 de la Teoría General, y el II del Tract, donde Keynes precisa expresamente lo que está implícito en todo su pensamiento acerca de los límites de la política fiscal con fines estimulantes. Keynes sabía muy bien lo que ningún economista sensato ha ignorado nunca, que cuando la gente está "huyendo del dinero" (según su misma expresión) darle una inyección mayor a través del déficit fiscal es claramente contraproducente.
Por gran fortuna la política fiscal del gobierno se apartó de manera clara de los consejos conápricos. En síntesis recomendó que la línea del gasto se torciera horizontalmente a la altura de su intersección con la vertical. El lector puede observar que habría quedado al nivel del pico de 1971, el máximo histórico hasta 1982. Sólo que ahora con el aditamento del déficit parafiscal, del orden de 5 puntos del PBI. El cumplimiento del asesoramiento conáprico habría conducido a la hiperinflación, tan pronto como la hemorragia de reservas se tornara insostenible.
La CONAPRO veía la posible reactivación llegando a través del gasto público y de la elevación del salario y las pasividades reales, dos caminos que de acuerdo con la teoría económica eran impracticables. El primero, por las razones que acabo de mencionar. El segundo porque la mejora de los ingresos más bajos mediante transferencias desde los más altos, por deseable que pueda ser intrínsecamente, de ninguna manera constituye una palanca confiable para procurar un incremento del gasto agregado. No hay fundamentos estadísticos, ni de teoría pura, para esperar que así debiera ser. Y si hemos de tomar a Keynes como autoridad en materia de política anticíclica, su obra implica un rechazo terminante a la propuesta de intentar una reactivación vía aumento de los salarios reales. No está de más mencionar que la reactivación llegó de hecho por la vía que otros habíamos previsto, a saber, partiendo de la demanda externa, presumiblemente demorada en 1985 por la fuerte alza del salario real.
Decaimiento del derecho de propiedad
Pero, a mi modo de ver, lo más peligroso del documento se encuentra en su Capítulo V, que versa sobre el endeudamiento interno. El contenido explícito de este fragmento consiste en una clasificación de empresas con problemas de endeudamiento, con una previsión de las soluciones aplicables a cada categoría, dentro de las cuales desempeña un importante papel la Corporación para el Desarrollo, respecto de la cual los recursos materiales y humanos (estos de alto nivel de calificación y especialización) necesarios para hacer un éxito de su gestión se contemplan por el sencillo método de postular su disponibilidad. El contenido implícito del capítulo es postergar sine die la obligación de pagar las deudas, sin dar nadie muestras, ni los que redactaron ni los que aprobaron, del menor escozor por la flagrante inconstitucionalidad que tal programa representaba.
Por cierto que la comunidad actuando por medio de sus órganos representativos tiene pleno derecho a posponer la exigibilidad de las obligaciones de sus miembros, pero si lo hace es obvio que también tiene que respetar el derecho de los acreedores, e indemnizarlos por lo tanto por la pérdida de la propiedad de sus créditos.
Es interesante recalcar que el régimen militar llevaba dos años aplicando la política que recomendó la CONAPRO como cosa nueva. En este aspecto la continuidad entre la solución conáprica y la línea del gobierno militar es perfecta. La pretensión formulada al comienzo del documento aquí resulta frontalmente negada.
La posición de la CONAPRO sobre este punto no se gestó en realidad dentro del grupo de trabajo sobre política económica, sino que ya había sido resuelta previamente en el nivel político. De una crónica retrospectiva de este semanario sobre el organismo concertador (Nº 268, 14-2-85, p. 12) extractamos el siguiente párrafo.
"A principios de octubre la CONAPRO acordó volcar el peso político de la entidad en favor de una suspensión inmediata de ejecuciones judiciales de la banca respecto a los empresarios deudores. Ello fue considerado en círculos empresariales como una herramienta fundamental para negociar con la banca".
Aquí surgen varias preguntas. En primer término: la exclusión del sector financiero de la concertación, ¿no resultará explicada por el propósito de proponer en ella la confiscación de los créditos de la banca con deudores morosos? Y la anuencia de las gremiales empresariales respecto de aquella discriminación, ¿no representaría su forma de contemplar los intereses de sus socios en dificultades? Y finalmente: ¿es que alguien pudo creer realmente que una conspiración desembozada para burlar la Constitución podía realmente poner los cimientos de una nueva etapa de prosperidad y legalidad para la República?
En realidad lo notable es que habiendo partido con esta carta de navegación, el barco esté aún a flote. Cómo se las ha ido arreglando para ello el equipo de expertos navegantes que lo gobiernan, nos ocupará en los próximos artículos.