El procesamiento de la rendición de cuentas en el Parlamento está ofreciendo un espectáculo deplorable. Otro tanto puede decirse del proyecto sobre ajuste de pasividades, que en realidad forma parte del mismo tema presupuestal, junto además con el tema de déficit parafiscal, y por lo tanto los del cobro de la cartera del BCU, la capitalización de la deuda externa, el impacto para el BROU de la absorción de varias instituciones deficitarias, etc. En este penoso asunto la claridad, la información y la lógica brillan por su ausencia. Y todo ello enmarcado en una multiplicidad de violaciones a la Constitución de la República.
A medida que el régimen soi-disant constitucional va definiendo sus rasgos, le encontramos cada vez más semejanzas con su predecesor, el que cerró su largo ciclo de decadencia en 1973. Este parecido para nosotros es alarmante, porque pensamos que la crisis política de aquel año fue una mera consecuencia de sus defectos y vicios, y el régimen de facto que padecimos la retribución inevitable por sus faltas.
Pero vayamos por partes. El tema de las inconstitucionalidades reclama el primer lugar, por su gravedad, por su sencillez, por su carácter definitorio.
La constitución de la República tiene una disposición —el artículo 216, inciso 2º, que dice así:
"No se incluirá, ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución".
La razón de ser de este texto no suscita dudas. Se dirige a evitar una corruptela anterior a su inclusión en la Carta, consistente en usar las leyes presupuestales para toda clase de fines ajenos a su contenido intrínseco, que el constituyente quiso evitar. Pues bien, no evitó absolutamente nada. El Ejecutivo y los legisladores se pusieron de acuerdo para no prestar la más ligera atención a la disposición constitucional. Las rendiciones de cuentas siguen siendo un cajón de sastre donde se encuentra de todo, en contra de la prescripción expresa de la Constitución. La actualmente en trámite sobrepasa en tal sentido todo lo imaginable. Por ejemplo, al llegar al artículo 535 nos encontramos con una disposición que dice así:
"Apruébase la Ley de Contabilidad y Administración Financiera... integrada por las disposiciones que a continuación se expresa:"
Y después de los dos puntos sigue una ley dentro de la ley, un estatuto de 142 artículos, dedicados a regular las materias que su título designa, cuya vigencia, a menos que sea nula, es indefinida; cada uno de ellos, por tanto, inconstitucional; otras tantas heridas al orden jurídico; tal vez no de las más graves, pero, por gratuitas, de las más lamentables. Porque, ¿hay acaso violaciones triviales a la Constitución? Es como inquirir si hay parricidios indiferentes.
¿De dónde proviene la fuerza de las constituciones? Hay que preguntarlo, porque está visto que los golpes de estado no son impedidos por rayos láser emanados de la propia Carta. La fuerza que ésta pueda tener sólo puede brotar de la adhesión por su integridad que aliente en el corazón de los ciudadanos, del respeto, y aun la veneración, que ella pueda inspirarles. Y nosotros querríamos que nos dijeran si una Carta violada a diario puede suscitar esa clase de sentimientos.
Los romanos confiaban la custodia del templo de Vesta a seis vírgenes, y nunca se les ocurrió que el prestigio de la diosa y la seguridad de su santuario podrían preservarse intactos si el lugar de las vírgenes fuera ocupado por igual número de rameras. Nosotros pretendemos que los ciudadanos estén listos a jugarse por el honor de la Constitución luego de haber forzado a ésta el destino cotidiano de una mujerzuela.
Hay un conjunto de legisladores, aparentemente la amplia mayoría de ambas Cámaras, que por lo visto piensa que dotar al Estado de una Ley de Contabilidad y Administración Financiera —admitamos que sea imposible que el Parlamento la apruebe por la vía jurídicamente regular— vale más que someter a la Constitución a otro vejamen más. Con esa clase de estimativa campeando en el espíritu nacional, nuestro futuro institucional no puede parecer más que problemático.
Naturalmente, el secreto de lo que pudiera parecer una grosera insensibilidad radica en el elevado número de otras violaciones que se infieren a la Carta poco menos que a diario, sin ir más lejos decenas y decenas en la propia rendición de cuentas en trámite. El legislador que persigue determinado objetivo que estima socialmente útil, y concibe la idea de promoverlo sacrificando una vez más la integridad de la Constitución, se encuentra con que, dadas todas las otras violaciones, el significado marginal de una violación más es trivial. Pero ello significa que el respeto por la Constitución, no digamos nada de la veneración, ya se perdió hace tiempo. Por tanto, ¿cuánta fuerza podemos asignar a nuestra Carta fundamental, si llegara a estar en peligro? Dejaremos al lector que responda a esta pregunta por sí mismo.
Pasemos ahora, del tema de las inconstitucionalidades —sin tiempo para acercarnos siquiera a agotarlo— al tema del contenido del debate sobre los asuntos presupuestales, a la luz de los requisitos que ese debate debería satisfacer para acercarnos al ideal de estado de derecho que debemos suponer ínsito en el concepto de democracia tan traído y llevado entre nosotros en los últimos tiempos. Nosotros pensamos que ese debate exhibe un nivel realmente penoso.
La rendición de cuentas, con los 600 artículos mal contados que la componen, una alta proporción de ellos ininteligibles para quien no haya realizado un trabajo investigativo sustancial, hay que concluir que será votada en su inmensa mayoría por legisladores que no tienen idea cabal, ni mucho menos, de lo que están votando. Menos aún puede concebirse que la ciudadanía haya formado un concepto siquiera somero de los problemas y valores que están en juego. Los ciudadanos que siguen el trámite de la rendición de cuentas con mayor atención, todo lo que pueden percibir es que el Ministro de Economía, con la adhesión frecuentemente tibia de las bancadas oficialistas, resiste la inclusión de ciertos gastos por los que los legisladores de la oposición abogan. Respecto del ajuste de las pasividades se repite la misma escena. Los miembros de la oposición que insisten en aumentar las erogaciones no se desalientan por el argumento gubernamental de que ellas carecerían de financiación. Elevemos los impuestos, proponen entonces. Sobre eso parece no haber dificultades. Las implicaciones políticas de este esquema son alarmantes. Es preciso concluir que los contribuyentes no están representados como tales en el parlamento nacional, mientras que los beneficiarios del gasto público sí lo están. Habría que concluir que la ciudadanía está compuesta sustancialmente de clientes del Estado, en el sentido romano de la palabra. Y ya que el discurso nos lleva hoy reiteradamente a la vieja Roma, recordemos que cuando la ciudadanía allí dejó de estar compuesta por propietarios-agricultores, y pasó a estarlo de proletarios-clientes, el camino que llevaba de la república al imperio quedó expedito.
Otra faceta del trámite que es perceptible al observador de la rendición de cuentas es el reproche reiterado de intransigencia dirigido al Ministro por los promotores de mayores gastos. También este concepto es inquietante. Que le reprocharan error, o inconveniencia de juicios de valor, lo entenderíamos perfectamente. Pero reprocharle intransigencia o inflexibilidad implica que una transacción es como regla la solución de toda controversia. Que si el cirujano discute con el clínico si procede una apendectomía, la solución puede consistir en extraerle al paciente medio apéndice. O si se trata de creciente estabilidad monetaria o hiperinflación, la solución justa podría ser una inflación moderadamente galopante.
En nuestra percepción, no poca de la responsabilidad por la pobreza extremada del debate le incumbe al gobierno, que parece haber optado por no plantear en el contexto del debate presupuestal los dos temas esenciales que lo subyacen en forzado silencio: el tema del déficit global del sector público, incluyendo el parafiscal, que increíblemente se reserva las exposiciones del Presidente del Banco Central, y el tema de la presión fiscal, cuya exorbitancia entre nosotros determina que fuera temeridad aumentar aún más los impuestos. Y como corolario, queda también fuera el tema de la inflación, y el de las consecuencias que tendría sobre ésta, y sobre el ingreso real de los funcionarios y pasivos, una mayor flexibilidad negociadora de parte del Poder Ejecutivo.