Es así, como dice el título, con honda preocupación, que hemos seguido el desarrollo de la Rendición de Cuentas, a la que el Poder Ejecutivo acaba de oponer gran número de vetos.
Con éstos concordamos. Y si no podemos afirmar que concordamos plenamente, ello es sólo porque no han ido lo bastante lejos, y porque el mensaje del Poder Ejecutivo que los opone omite transmitir directamente al Parlamento, e indirectamente a la ciudadanía, el sentido de alarma que el texto sancionado, y ahora parcialmente vetado, no puede dejar de suscitar en todo observador bien informado, a quien la suerte de la república no resulte indiferente.
¿Qué es lo que ese documento ha dicho? En un texto correcto, pero distante, y excesivamente protocolar, el Poder Ejecutivo anuncia al parlamento que, en el texto de Rendición de Cuentas que él sancionó, ha encontrado noventa y tres (93) artículos inconstitucionales, cuyo efecto financiero conjunto consiste en elevar el déficit agregado del sector público en el orden del 40%. La inconstitucionalidad que se imputa a los artículos observados no es en modo alguno opinable. Se trata de normas que, con la mayor claridad imaginable, prescriben que la iniciativa en materia de creación de empleos, remuneraciones, pasividades, o el aumento de unas y otras, la iniciativa compete privativamente al Poder Ejecutivo. Los legisladores, que estaban enmendando el proyecto del Poder Ejecutivo, no podían dejar de saber que al hacerlo infringían la Constitución. El hecho de que las violaciones en que incurrieron —en reiteración real, para decirlo en el lenguaje de los penalistas— se aproximan mucho al centenar, no atenúa por cierto su responsabilidad.
Ya no puede estar tan claro en qué medida los parlamentarios que apoyaron los textos vetados comprendían que el incremento del déficit resultante de los mayores gastos que irregularmente habían aprobado simplemente liquidaría el esfuerzo antiinflacionario muy limitado y gradualista, pero indudablemente persistente, que la presente Administración ha llevado a cabo desde su instalación en el poder, y sumiría la economía uruguaya en algo parecido a un caos; pero no puede constituir una exageración afirmar que, en conjunto, pusieron de manifiesto, ante tan delicada situación, una actitud desaprensiva.
Hay ciertas reglas de cortesía formal que toda comunicación entre dos poderes del Estado debe cumplir, pero no cabe duda de que las fórmulas de estilo en tales casos pueden dejar traslucir muchos grados distintos de desaprobación. En la emergencia el protocolo no dejó entrever ningún grado de firmeza. El mensaje llama "fundamentos jurídicos" a las inconstitucionalidades que invoca. Nos parece un giro verbal inconvenientemente eufemístico. Quien comete un homicidio incurre, es cierto, en una trasgresión jurídica, pero resulta más relevante señalar que ha agredido el valor inapreciable de la vida humana. Cuando alguien viola la Constitución pone en peligro las bases de nuestra libertad, y luce tremendamente abogadil afirmar, en lugar de ello, que los fundamentos para objetar tal conducta son de índole jurídica. Más adelante en el documento se lee:
"El Poder Ejecutivo señala que esta observación parcial tiene como único motivo la inconstitucionalidad de las disposiciones observadas; y, en consecuencia, no implica ningún juicio sobre el acierto, conveniencia, o equidad de cada una de ellas."
Para nosotros la inconstitucionalidad de un acto no es objeción que tenga que ser apuntalada por otra ninguna. Ciertamente, decir que la inconstitucionalidad es el "único motivo" de un veto nos parece el colmo de lo inadecuado. Y de la idea de aludir a los méritos eventuales de las disposiciones violatorias de la Carta fundamental pensamos otro tanto.
En cuanto a esos méritos eventuales, ellos son indisociables de su implicación para el erario, que —a estar al mensaje— alcanzaría la espeluznante suma de 25.500 millones de N. pesos, en unidades de comienzos del año en curso —algo así como 140 millones de dólares— de lo que inferimos que, en conjunto, las disposiciones vetadas agravarían el déficit del sector público en el equivalente, grosso modo, de dos puntos porcentuales del PBI. Puesto que el déficit corriente se ubica en el entorno de 4,5% del PBI, estamos hablando de un incremento del desbalance en exceso del 40%.
En cuanto a las consecuencias que se seguirían de semejante desborde del gasto público, el mensaje del Poder Ejecutivo expresa que las necesidades de financiarlo reacelerarían el proceso inflacionario y obligarían a un incremento de la deuda externa más allá de lo programado. Este enfoque presupone que sería posible ampliar el mercado para los valores públicos uruguayos aun luego de poner de manifiesto un decisivo aflojamiento de la disciplina fiscal. Para nosotros no cabe duda de que la promulgación de la Rendición de Cuentas tal como salió del parlamento habría catapultado la inflación a tres dígitos y nos habría colocado en la ruta de la hiperinflación. La cautela del gobierno para describir los peligros que sus vetos procuran evitar no dejan de causarnos cierta perplejidad. Diríamos, con todo, que ella representa un esfuerzo tardíamente desubicado para salvar el consenso, un resabio de la CONAPRO.
Una explicación alternativa podría hacer base en el hecho de que las disposiciones no vetadas de la Rendición contienen numerosas otras inconstitucionalidades, concretamente infracciones al artículo 216, inciso 2° de la Carta (que manda no incluir en presupuestos ni rendiciones de cuentas disposiciones cuya vigencia exceda del mandato gubernamental corriente) de las cuales fue el propio Poder Ejecutivo el proponente. Desde ese punto de vista puede resultar comprensible que éste no se sienta autorizado a arrojar la primera piedra.
En suma, la Rendición ha descubierto un panorama político e institucional inquietante. Los vetos del gobierno han salvado a la república de una verdadera debacle económica, pero su defensa de los valores en juego no ha sido más que tibia. Se ha mostrado añorante de un consenso perimido, que nunca fue más que espurio, y dispuesto a debilitar su autoridad moral incluyendo en su propio proyecto numerosas disposiciones inconstitucionales, en el mejor de los casos para servir objetivos de legislación francamente triviales, en el peor —pensamos en la disposición por la que se interpreta una vieja asignación presupuestal en el sentido de ampliar el objeto empresarial de ANCAP— con secuelas sombrías para nuestro eventual avance hacia la meta del estado de derecho, cada vez más lejano y problemático.
En cuanto al parlamento, lo que su actitud en este proceso puso de manifiesto es lo más inquietante de todo: nada menos que la representatividad del cuerpo es sobremanera parcial. Todo indica que sólo el electorado que se aglutina en grupos de presión alcanza adecuada representación. La delantera en conseguir representatividad parlamentaria para sus intereses pertenece indiscutiblemente a funcionarios públicos y jubilados y pensionistas. La orfandad de los contribuyentes, de quienes sienten que la inflación es un azote inicuo, de quienes están dispuestos a asociar su suerte en la vida al propio esfuerzo, al trabajo y al ahorro, de quienes creen que la palabra empeñada no es un valor obsoleto, diríamos nosotros que es prácticamente total. Si el Uruguay no es irreductiblemente sui generis en materia política, y si por lo tanto no es tarea vana escudriñar el horizonte internacional en procura de divisar los acontecimientos y tendencias que se nos avecinan, habría que concluir que nuestros políticos están desatendiendo un espacio político sencillamente enorme. El que esa negligencia cese por obra de los partidos, y no de otro modo, nos parece un acontecimiento clave para el futuro de nuestras instituciones.
Mientras tanto el gobierno, con ese inmenso campo vacante ante sí, se muestra renuente a ocupar siquiera una superficie apreciable, como si fuera prisionero de viejos mitos vernáculos, tributario de un discurso arcaico, nostálgico de un consenso imposible. Debería comprender que hay momentos en la vida y en la historia para reclamar, como el personaje de la tragedia lorquiana, la formación de dos bandos. La ocasión de interponer los vetos no habría sido una mala oportunidad, pero habrá otras. Y si se decide, apostaríamos que la atracción del bando que hoy habría acudido a defender los vetos sería arrolladora.