No debe haber una tarea más apremiante que la de poner de manifiesto la falacia de quienes se oponen al redimensionamiento del Estado y sus monopolios en nombre de la soberanía. Desde que los conquistadores europeos engañaban a los indígenas con espejitos y cuentas de colores, no se practicaba el fraude con parecido descaro.
Soberanía es la capacidad de una nación, o más precisamente, de las autoridades que se hallan legítimamente habilitadas para expresar su voluntad, o que de hecho detentan el poder, para decidir sobre sus asuntos sin interferencia ajena. Si esas autoridades desean que el Estado sea dueño de todas las empresas, como sucede en la URSS, el principio de la soberanía estará contemplado si ese es de hecho el caso; pero si resuelven tener una economía abierta a la competencia, nacional y extranjera, como es el caso de los EE.UU., el principio de soberanía exige que el Estado no interfiera con las empresas que deseen establecerse en su territorio por razón de nacionalidad ni ninguna otra. Ultimamente, en los propios EE.UU. se han multiplicado los casos de inversión extranjera directa, incluso la compra de numerosas compañías tradicionalmente de propiedad de nacionales. ¿Habrá alguien que por ello crea que la soberanía norteamericana ha menguado consiguientemente, o que el apego por la independencia de aquel país sea tibio?
Concedidamente algunos podrían argüir que el poder material de los EE.UU. es lo que compatibiliza su apertura con la preservación de su soberanía. Para un país pequeño y débil, continuaría este argumento, abrirle la puerta a empresas que superan a su propio Estado en disponibilidad de recursos puede implicar un grado de riesgo que otro, grande y fuerte, podría darse el lujo de ignorar. Los defectos de ese enfoque, sin embargo, son notorios. En primer lugar, el Uruguay ya probó que su soberanía podía imponerse a los intereses de empresas ultrapoderosas, por ejemplo cuando monopolizó los seguros primero, y los combustibles más tarde. ¿Es que en 1911 o en 1931 el Uruguay era una potencia ante la cual tenían que inclinarse las mismas multinacionales que ahora, si les dejamos la puerta entreabierta, se meterían a dictarnos las decisiones que les convinieran?
En segundo lugar, si alguien pudiera utilizar la fuerza luego de instalarse dentro del país para dictarnos la política, ¿no es obvio que podrían hacerlo antes para obligarnos a franquearles la entrada? En el siglo pasado, sendas decisiones de China y Japón de permanecer aislados del extranjero fueron abrogadas por las potencias occidentales mediante el uso de la fuerza. Claramente, la clausura en sí misma no aportó a aquellas naciones ninguna defensa eficaz de sus soberanías. Por el contrario, no parece descaminado sostener que la soberanía japonesa se fortaleció merced a la resolución, adoptada en tiempos de la restauración Meiji, de enfrentar a Occidente con sus propios principios y valores, abrazando un ethos de apertura y competitividad.
Hoy en día, cuando el movimiento internacional de capital está flechado, insólitamente, en la dirección de los países más desarrollados, notablemente de los EE.UU., y en no desdeñable proporción desde la propia América latina, la pretensión de que debemos continuar oponiendo la doble muralla del estatismo y los monopolios estatales a la amenaza de una invasión de capital foráneo no es más que un burdo recurso de quienes aprovechan de uno y otros, con el fin de explotar el temor atávico a sufrir despojo de manos de la tribu vecina, al que tres cuartos de siglo de abrumadora propaganda estatista nos han vuelto a los uruguayos tan propensos.
Vale la pena recordar que ya fuimos víctimas de un fraude político económico similar. Invocando una supuesta debilidad incompatible con la importación exenta de controles estatales y apelando al miedo atávico a que nos robaran el tesoro de reservas, se nos infligió una cuotificación de las importaciones, tibetizando nuestra economía, y poniéndola al margen del periodo de crecimiento del comercio exterior, que abarca las décadas de los años '50 y '60, más espectacular de toda la historia. Ahora, vía primer shock petrolero y la reforma económica de Végh Villegas, nos consta a todos que aquella política de cupos, solaz de políticos y delicia de burócratas, era estrictamente innecesaria, aunque no sean tal vez aún muchos quienes aquilatan la pérdida colosal de riqueza potencial que nos significó. Como quiera que esto sea, de hecho parecemos haber desarrollado una genuina inmunidad a la tentación de regresar al sistema de contingentes para calmar nuestros temores atávicos. Pero, por lo visto, éstos —por más que desplazados— perduran, y son susceptibles de manejarse con la misma soltura con que los antecesores de nuestros estatistas ofrecían cuentas de colores y espejitos a los aborígenes.
Pocas veces, en efecto, ante los vientos de privatización y liberalización que soplan en el mundo entero, se ha desatado una campaña de semejante cinismo, dirigida a la explotación del miedo y la ignorancia populares, previamente trabajados a discreción por la propaganda, incluyendo la que fluye a través de un sistema educativo en abierta crisis. De hecho, aparentemente nada; ningún grado de absurdo, ninguna flagrancia de la tontería, inhibe a nuestros solistas de esta hora. ¿Se trata de liquidar una pescadería estatal más dedicada en realidad a triturar riqueza que a filetear merluza? Pues allá llevan a la soberanía, a que les libre la batalla contra la más elemental racionalidad. ¿Se trata de privatizar parcialmente la línea aérea estatal, la cual, a la enorme mayoría de los uruguayos, que no puede permitirse viajes aéreos, le vende a precio de oro la supuesta satisfacción de saber que alas orientales surcan los firmamentos intercontinentales? Pues el mismo comodín se transforma en carta de triunfo. ¿Se trata de que la onerosidad entre absurda y criminal de nuestro puerto capitalino no siga gravitando de manera tan apabullante sobre el punto más crucial de nuestra economía? Pues allá va el cansado samurai, aburrido de tanto alquilarse, a blandir su espada de cartón para trepidación de los incautos. ¿Se trata de salir del monopolio más disparatado de cuantos han hecho nuestra ruina? Pues enseguida el BSE llama a ver si le prestan la soberanía por un rato.
"El patriotismo", sentenció cierta vez el gran Samuel Johnson, "es el último refugio de los pillos". Entre nosotros la apelación a la soberanía es también la primera línea de defensa de quienes no se avienen a renunciar siquiera a una ligera fracción de las prebendas que tienen al país de rodillas. Primera línea, última línea, única línea: pero, ¿para qué más? Ella cumple su trabajo a entera satisfacción. La privatización y la liberalización están cambiando la faz económica de la tierra. Nosotros nos estamos asegurando de que pasen a la vera de nuestras costas, sin siquiera rozarlas, como otrora pasó la fabulosa onda de expansión comercial. El Uruguay va a seguir siendo el mismo de siempre, el de los entes autónomos y los monopolios. Si alguien se acerca con alguna idea foránea y habla de cambios, le damos por la cabeza con la soberanía. Por ahora funciona.
Mientras tanto la ineficiencia estatal se agrava incesantemente. En algunos casos su aspecto es más ridículo que trágico. El Estado no puede hacer algo tan sencillo como publicar el anuario de leyes y decretos. El último aparecido es de 1982. Tampoco puede publicar los estatutos de sociedades anónimas, que tienen un atraso del orden de un año en el Diario Oficial. Uno da en pensar: ¿por qué no encargar a empresas privadas que hagan estas cosas, que aparentemente resultan imposibles al Estado, y para aquéllas resultarían tan fáciles, y se ahorrarían encima tantos y tantos millones? Pero enseguida cae en la cuenta de que la soberanía lo impide. Impide, en realidad todo, menos que sigamos, respecto del pelotón del progreso económico, más y más rezagados, y que continuemos ofreciendo como solución de vida a más y más de nuestros compatriotas el triste camino de la emigración.