La lección esencial que deja el episodio que forzó la renuncia de Richard Nixon a la Presidencia de los EE.UU. debe ser que la responsabilidad política en una democracia no exige como condición indispensable que el gobernante se halle incurso en una falta de carácter sustantivo, sino que basta con que intente encubrir faltas ajenas, y para ello falte a la verdad. Un corolario de esa lección es que la adhesión del gobernante democrático a servidores leales y valiosos deja de ser una virtud el día en que deba manifestarse en actos de encubrimiento, así sean las faltas a tapar relativamente triviales. Estos principios arriesgan recibir una innecesaria reiteración en nuestro país, salvando las enormes distancias de todo tipo entre las respectivas situaciones, a propósito del episodio relativo al Consejo del Niño y su establecimiento de Treinta y Tres.
Las conclusiones que en nuestro entender se desprenden de los hechos, tal como ha sido dado conocerlos hasta el presente, son estas. En primer lugar, las truculentas irregularidades descubiertas son incuestionablemente graves. En segundo lugar, la falta de reacción de la autoridad central es inquietante, pero no parece tratarse de la insensibilidad personal de sus integrantes, que sería incongruente con lo que se sabe de ellos, sino de una especie de insensibilidad institucional, debida a la gruesa corteza burocrática que recubre al Estado, la misma que tolera cotidianamente el desabastecimiento desgarrador en los hospitales y el saqueo de sus recursos, en el caso concreto del Hogar Infantil en conjunción con una cadena de infortunadas coincidencias. En tercer lugar, la oposición ha mostrado la avidez habitual en el sentido de explotar la potencialidad política del episodio, inclusive —en algunos casos— intentando enlazar espuriamente la truculencia del episodio original con las autoridades centrales. En cuarto y último término, la Presidencia del Consejo del Niño ha orientado su defensa con un enfoque sencillamente deplorable, que implica estirar su credibilidad mucho más de lo que sus posibilidades de estiramiento permiten, mientras la Secretaría de Estado competente apoya tácitamente esa tesitura.
A nuestro modo de ver, las estrategias admisibles en la emergencia no podían ser más que dos: aceptar los hechos, y reconocer la responsabilidad pero mantener a las personas en sus cargos, sobre la base de que el error es humano, y la complejidad de las tareas a su cargo muy grande, y de que es costoso para una Administración privarse de colaboradores de capacidad y rectitud comprobadas cada vez que cada uno comete una equivocación; o bien, alternativamente, admitir que el juego político exige muchas veces la renuncia de personas inocentes desde el punto de vista jurídico y moral, toda vez que irregularidades de considerable entidad caigan objetivamente dentro de la órbita de responsabilidad de aquéllas.
Lo que no es admisible es pretender, como lo ha pretendido la Sra. Ana María Renna, que inculpablemente careció de la información necesaria para actuar. El lector de la información que brindamos sobre el caso en nuestra última edición (pág. 10) recordará que la Dra. Zulma Casanova, Juez Letrado Departamental, rompiendo la larga inactividad de su antecesor, instruyó una copiosa investigación, y que informó de ella a la Presidenta del Consejo por oficio, así como que reiteró la comunicación ante la falta de contacto desde la capital. También recordará que la Dra. Casanova se retiró ostensiblemente de una conferencia de prensa que la Sra. Renna y el Sr. Juan Miguel Petit, integrante asimismo del Consejo del Niño, cuando la Presidenta afirmó que los oficios referidos no habían llegado al Consejo.
Pensamos que entre las personas que siguen sin apasionamiento ni partidismo la gestión de la presente Administración debe predominar la impresión de que la Sra. Renna poseía las cualidades personales demandadas por el cargo para el que fue designada en un grado cuando menos decididamente aceptable. Al mismo tiempo, hoy no puede pedírseles que acepten por buena la explicación de su pasividad que insiste en ofrecer la alta funcionaria. Menos aún, como es natural, puede pedírseles que cierren los ojos a lo que las pruebas parecen indicar como una gruesa tergiversación de los hechos, en base a la simpatía y aprobación que la figura de la Sra. Renna les merece. En lo que a nosotros respecta, esa actitud positiva hacia la funcionaria cuestionada nos lleva hasta a preguntarnos si la actitud que ha adoptado no le habrá sido aconsejada por asesores políticos, invocando intereses de nivel suprapersonal. Si así hubiera sido, y siguiera siendo, se estaría cometiendo un grave error.
Nos referimos, por supuesto, a un error político, aparte de la indeseabilidad intrínseca de la línea de defensa. No sería, por otra parte, ni el primero ni el único en que se habría incurrido a su respecto. En efecto, el hecho de que la Sra. Renna esté casada con uno de los Ministros de este gobierno debería haber bastado para excluirla de manera terminante de la designación de que fue objeto, por excelentes que fueran sus calificaciones para desempeñarla. El Presidente Sanguinetti debe haberse confiado a su buena suerte al dar el visto bueno al nombramiento, pero no cabe duda, —los hechos lo demuestran— que con ello asumió considerables riesgos.
De hecho, la circunstancia de que la Presidenta del Consejo del Niño es a la vez la esposa del Ministro de Trabajo está incidiendo sin duda sobre la cuestión. Es difícil saber en qué proporción, pero la influencia es difícilmente cuestionable, tanto en la temperatura política que el acontecimiento suscita, como en la renuencia del gobierno en extraer las conclusiones que parecen estrictamente obvias, y de modo general al bloquear las salidas menos radicales del impasse.
De hecho, no es éste el primer caso en que la presente Administración demuestra una renuencia a admitir reveses parciales, y se niega a un repliegue táctico a todas luces conveniente desde el punto de vista estratégico. Simplemente tememos que las particularidades del episodio que motiva nuestro comentario pueda estar exacerbando lo que pueda ser una peligrosa inclinación general.
En lo que al país y a sus intereses globales concierne, lo último que podría desearse es que gobierno y oposición se enzarcen en un debate que no compromete ninguno de los principios capaces de desempeñar un papel de significación en nuestro futuro, y sólo sirva para fines tan coyunturales y estériles como satisfacer la demanda de sensacionalismo que alienta en todos los mercados políticos, a la vez que dar vía libre a las tendencias escapistas que en particular nos caracterizan.
Estamos viviendo las postrimerías del período útil de la presente Administración, antes de que el tiempo electoral nos envuelva a todos como un gigantesco torbellino. Por lo tanto asistimos a las últimas posibilidades para que el gobierno del Dr. Sanguinetti logre dejar en la estructura del país una señal útil de su pasaje por el poder, y de que la oposición presiona por siquiera una solución en serio y a fondo de los problemas que nos asedian. ¿Será posible que ni seguridad social, ni salud, ni educación, ni sector público y monopolios y burocracia, atraigan la atención pública en grado suficiente para que, siquiera, se debata una solución para una de estas cuestiones? ¿Es concebible que el Presidente concluya su mandato sin revelarnos el secreto de la modernización del país que, cuando su gobierno era joven y auspicioso, se comprometió a promover?
Lucidos estamos si a la lista de impresionantes problemas genuinos que nos abruman, damos ahora en agregar el de un mini-Watergate. La responsabilidad de que ello no suceda incumbe al gobierno. La pretensión de éste de que la cuestión no sea politizada es fútil. La cuestión ya lo está, y de aquí en adelante lo estará cada vez más. El único que puede despolitizarla es el propio gobierno, actuando con realismo, prontitud y la necesaria firmeza; o sea, pidiendo la renuncia a miembros del Consejo del Niño. Sin duda ello dará a las fuerzas opositoras una victoria táctica. Pero de todos modos ofrece a la Administración las mejores posibilidades sobre el plano estratégico.