En 1948, en los albores de la independencia de la India, Pandit Nehru sostuvo que la introducción de la planificación económica en breve plazo volvería irreconocible al gigantesco país que se aprestaba a gobernar. "El mundo", declaró, "va a quedar boquiabierto". Aproximadamente al mismo tiempo el mismo gobernante sostuvo que el sectarismo y los odios religiosos y étnicos en su país en realidad habían sido fomentados por Inglaterra, de modo que la independencia los disiparía de inmediato.
El subdesarrollo es esencialmente un fenómeno cultural, y su raíz más profunda consiste en una desubicación de la gente, notablemente de los dirigentes de un país, frente a la realidad, como la que ponen al descubierto los dos ejemplos mencionados. La predisposición a imputar a fuerzas externas los propios fracasos es una de las características más salientes de esa actitud intelectual. Otra consiste en rendir homenaje perpetuo a mitos, sin someterlos nunca a análisis racional. Esos mitos, por supuesto, son inculcados a la población a través del proceso educativo, que transmite una visión del mundo en la cual los sectores de la realidad que se sustraen a toda posible discusión o análisis incluyen toda la historia nacional y enormes zonas de la economía y la política.
Con frecuencia esos mitos tienen que ver con el distributivismo dominante en todos tales países. En el nuestro éste es uno de los rasgos más conspicuos. Tal vez no pueda aseverarse que todos nuestros mitos son distributivistas —el que selecciona el oro para ser objeto de un misterioso culto no parece serlo— pero sin duda en su mayoría lo son. El que postula la bondad de toda legislación laboral y de toda actividad médica ciertamente lo es. Ese mito, por más que ya llevaba largo tiempo enseñoreado de las conciencias, dio un gran salto adelante el día en que alguien acuñó la frase "legislación social avanzada" —léase con énfasis en la última palabra— y sostuvo que el poseer una tal legislación era una de las propiedades históricas del Uruguay.
Nada me parece tan elocuente para explicar lo que quiero decir como enfocar el caso de la ley llamada "de 8 horas", cuya vigencia data de 1915, habiendo sido el nuestro el primer país del mundo que instituyó esa limitación de la jornada de trabajo. Desde hace muchos años —al menos personalmente nunca conocí otra actitud— esa delantera que el Uruguay tomó entonces sobre las grandes potencias industriales es tenida por uno de los objetos de más legítimo orgullo nacional. La idea de que la medida pueda haber sido extemporánea ni siquiera se plantea, a pesar de que todo indica que habría sido más razonable esperar a que otros mayores y más fuertes transitaran por ella antes que nosotros. Menos aún se plantea la interrogante acerca de quiénes soportaron el peso económico de la medida. Sin embargo parece obvio que los candidatos más probables son los propios trabajadores, a través de una caída (relativa) de su salario real.
Esta misma pregunta es pertinente a propósito de toda la llamada legislación laboral. En general las iniciativas se proponen partiendo de la base de que el empleador será quien cargue con las consecuencias, pero en tanto el empleador es libre de demandar más o menos mano de obra, y en tanto para él no hay diferencia alguna entre el costo de la mano de obra que debe pagar a sus trabajadores a fin de cada quincena y lo que paga, directa o indirectamente, cuando los despide, o cuando una obrera se retira temporariamente para dar a luz, o cuando debe entregarles un decimotercer sueldo, etc., es razonable suponer que el empleador puede trasladar cada nueva carga, al menos al cabo de cierto tiempo, bien hacia atrás, hacia los propios supuestos beneficiarios de la medida, bien hacia adelante, hacia los consumidores de sus productos, en gran número de casos también obreros en su mayoría. Con lo que estoy sugiriendo que todo este asunto de la legislación laboral ha sido un timo de proporciones colosales para los obreros. Y continúa siéndolo, porque la máquina que fabrica proyectos de legislación social avanzada sigue instalada en el Palacio, y trabaja a tres turnos.
Esto es lo más grave, porque, como acabamos de ver, con respecto a la legislación que existe y conocen, los empleadores pueden tomar medidas defensivas, destinadas a la transferencia del respectivo gravamen. Lo realmente difícil es ponerse en guardia contra la legislación por venir. A menos que haya tomado providencias con tiempo, el empleador puede verse sometido a costos sumamente pesados cuando se instituye nueva legislación, y hasta tanto las variables que deben alterar su curso a fin de permitirle la traslación tengan tiempo de hacerlo. En alguna medida el demandante de mano de obra no tiene más remedio que presumir que todas las iniciativas que se presentan en el Parlamento serán aprobadas, con la consecuencia de que algunos proyectos que nunca se sancionan surten de todos modos algunos de sus efectos negativos. Pero, más generalmente, la defensa del empresario no puede ser otra más que la de reducir todo lo posible la variable que puede cortarle la retirada si el costo de la legislación laboral se vuelve prohibitivo; es decir, el capital y, por lo tanto, el flujo que lo nutre, la inversión.
Junto con la legislación social es preciso considerar su aplicación, que suele colocar a los empleadores en una franca desventaja. La teoría es que la realidad contiene precisamente la desventaja inversa, y lo que la ley laboral y la forma de interpretarla y aplicarla tienen que hacer es compensar aquélla con una Justicia que usa una balanza trucada. Los laboralistas y administradores públicos jamás parecen preguntarse, sin embargo, si la incertidumbre que su afán protector proyecta sobre el cálculo económico del empleador no girará en el aire como un bumerán atrás a lesionar precisamente aquellos intereses que desean promover. Sin embargo, la más ligera de las reflexiones debería ponerlos en la pista de que las cosas efectivamente son así.
No tendrían más que reparar en qué cosa acontece allí donde el nivel de vida de los trabajadores es mayor. Verán que la Justicia usa una balanza honesta, y tiene la visión efectivamente impedida por una venda bien colocada. Entre los secretos del desarrollo ninguno tan importante como la disponibilidad de esa clase de justicia, aparte de un derecho relativamente estable y previsible.
Después están los sindicatos. Claro que sindicatos hay en todo el mundo —a diferencia de legislación social avanzada y laboralistas que creen en torcer el derecho para sus santos fines— de modo que sería imposible asociar con ellos al subdesarrollo. Lo que sí está a mi modo de ver asociado con el bajo nivel de inversión, y por lo tanto con el bajo nivel de desarrollo económico, es la clase especial de sindicatos que nosotros padecemos.
En la idea del sindicalismo no hay nada que implique que su acción deba dedicarse a destruir el sistema capitalista y reemplazarlo con uno colectivista. Sin embargo, esa es la clase de sindicalismo que nos ha tocado en suerte, según las declaraciones reiteradas de sus principales dirigentes.
¿Cuáles son las raíces del sindicalismo marxista que actúa para preparar la revolución y no para mejorar la condición económica de los trabajadores dentro del sistema actual (objetivo sobre cuya viabilidad el marxismo le impide creer)? Tal vez ellas se remonten a principios de siglo, aproximadamente a la misma época en que comenzó la legislación social avanzada en nuestro medio. Milton Vanger, en su segundo libro sobre José Batlle, escribe lo siguiente: "En el clima de sospechas de que los sindicatos eran células revolucionarias dirigidas por extranjeros, quienes proponían su legalización tenían la intención de restringir sus actividades mediante el establecimiento de obligaciones para sus dirigentes e integrantes. Batlle no dio apoyo a tal legislación y ninguna se aprobó. Batlle tampoco trató de reemplazar a los dirigentes sindicales anarquistas por colorados, o de establecer sindicatos patrocinados por su partido. Los sindicatos eran demasiado débiles y la hostilidad demasiado grande... En cambio, la legislación de Batlle estaba dirigida a toda la clase obrera, de la cual sólo una pequeña parte estaba sindicalizada, e impulsó medidas, especialmente la jornada de 8 horas y las pensiones a la vejez, que beneficiarían a todos los trabajadores, no sólo a la minoría organizada." (El país modelo, p. 388).
Diríase que aquellos polvos y estos lodos no dejan de tener conexión. Pero ahora la cuestión es: ¿cómo vivir con la clase de sindicatos que la evolución histórica nos ha legado? La respuesta, obvia aunque insatisfactoria, es: de mal en peor. Pero tendremos que inquirir si todo el mal que ahora soportamos es realmente necesario.