Desde mediados del siglo pasado el nivel de vida de los trabajadores en las economías más desarrolladas comenzó una elevación sostenida, que concluyó teniendo efectos acumulativos nunca imaginados, dramáticos, espectaculares, sabe Dios cómo calificarlos. ¿Qué papel correspondió en ese proceso a los sindicatos? En alguna medida —aunque, como pronto veremos, en modo alguno decisivamente— la política aconsejable en el área laboral estará influida por el papel que uno atribuya a esas instituciones en la promoción de ese gran progreso.
Para el saber convencional, esa influencia es muy grande. En líneas generales, yo diría que la gente culta sin formación especial en economía ve la historia pertinente en los siguientes términos.
El progreso económico que hoy conocemos tuvo su comienzo en la segunda mitad del siglo XVIII, en el marco de lo que se conoce como la "revolución industrial", impulsada por descubrimientos científicos y tecnológicos. El crecimiento industrial generó un proletariado urbano que vivió en condiciones de extrema pobreza, debiendo emplear hasta a sus niños pequeños para poder subsistir. Con el tiempo los trabajadores fueron organizándose, y a través de una larga lucha, consiguieron mejorar sus condiciones de trabajo, su salario real, y otros determinantes de su nivel de vida. El Estado, influido por la preocupación filantrópica de algunos hombres y mujeres sensibles al infortunio de las masas, así como por el peso político que éstas fueron cobrando al irse democratizando las constituciones, también fue contribuyendo al mejoramiento de la condición de los obreros y sus familias, sobre todo a través de la legislación social.
En mi opinión, si esta visión refleja la realidad en algunos aspectos, ellos son de mínima importancia. Ante todo, el acento que ella pone sobre la distribución de la riqueza distorsiona los hechos de manera decisiva. El hecho fundamental para explicar el aumento del nivel de vida, de los trabajadores como de cualquier otro grupo social, consiste en el portentoso crecimiento económico que presenció el siglo y un tercio mal contados de que estamos hablando. En ese lapso, la producción —considerando siempre el grupo de los países a veces llamados industrializados— se multiplicó por un factor del orden de 70, mientras que la población lo hizo según un factor, todo lo más, de 7. Ello nos deja con un volumen de producto por cabeza 10 veces mayor que en 1850, lo que por sí solo puede explicar la totalidad del fenómeno que tenemos entre manos.
Mientras tanto, la distribución del ingreso experimentó muy poco cambio. Es cierto que ahora una proporción mucho mayor del ingreso nacional va a parar a las familias trabajadoras, pero también es cierto que éstas forman una proporción también mucho mayor de la población total. Las cifras siguientes, que extracto de Simon Kuznets, Crecimiento económico moderno, son elocuentes al respecto. Compararemos participaciones en la renta nacional en la década 1860-69, en los albores del proceso de mejora del nivel de vida popular, y en 1954-60, ambos lapsos referidos a Gran Bretaña. En el primer período las compensaciones a trabajadores absorbían 47% del ingreso británico, el 17% iba a los empresarios y operadores independientes, y el 36% restante remuneraba a los suministradores del capital. En la segunda etapa los trabajadores se llevaban el 70%, los empresarios y agentes autónomos el 9%, y los ahorristas el 21%. Luce como si la renta de los empresarios se hubiese reducido a la mitad, pero ello es así sólo en cierto sentido. En realidad, los empresarios y operadores por su cuenta representaban el 13% de la población activa a mediados del siglo pasado, y sólo el 6% a mediados del presente. Por lo tanto, por cabeza, la participación de los dueños de las empresas parece más bien haber aumentado que disminuido.
Si acaso, entonces —la información que al respecto ofrece Kuznets es menos completa— si alguna redistribución en favor de los trabajadores de todos modos se produjo, ella provino de recursos extraídos a los ahorristas o rentiers (el grupo social que Keynes proponía destinar a la eutanasia), no de los empresarios. Y, ¿de quiénes es que los sindicatos, igual que la legislación social, pueden extraer recursos en pro de los trabajadores? Claramente, sólo de los empresarios, es decir, de los empleadores de mano de obra. En modo alguno de los suministradores de capital. Si éstos perdieron participación en el ingreso nacional, como los números de Kuznets prima facie sugieren, ello debe imputarse, bien a fenómenos de mercado, como podría ser un descenso de la tasa real de interés, bien al desarrollo de la imposición directa y progresiva, sobre la renta o el capital, nunca a sindicatos ni a leyes laborales.
Existe otra razón para enfrentar con franco escepticismo la pretensión de que los sindicatos han sido agentes eficaces de la redistribución del ingreso, y ella proviene de la economía política. En efecto, ésta no contiene ninguna teoría que conduzca a la conclusión de que la acción sindical es capaz de conseguir una elevación duradera del salario real. Ello es cierto, no sólo respecto de las escuelas de la corriente ortodoxa, que aplican un análisis en términos de funciones de oferta y demanda de mano de obra, sino también de la escuela marxista.
Hay quienes encuentran paradójica la proposición de que Marx no creía en la capacidad de los sindicatos para mejorar la suerte de los trabajadores; sin embargo, es la cosa más natural, y una tesis, por lo demás, que Marx compartió con otros socialistas revolucionarios, como Proudhon y Lasalle. No hace falta más que un instante de reflexión para comprender que ello debía ser así, ya que de otro modo la revolución podría ser sustituida por la lucha pacífica de los gremios. Marx, hablando en 1865 frente a la 1a Internacional, sostenía: "...pese a todas (las) altas y bajas (del salario) y a todo lo que el obrero pueda hacer, acabará obteniendo, por término medio, el valor de su trabajo solamente, que se halla determinado por el valor de los medios de sustento necesarios para su manutención y reproducción..."
Es decir, la pugna de los sindicatos es inútil, la ley de bronce de los salarios es demasiado dura para torcerse por su acción. En las conclusiones del mismo discurso, Marx expresaba:
"La tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio del salario, sino a reducirlo...Los sindicatos trabajan bien como centros de resistencia contra las usurpaciones del capital. Fracasan, en algunos casos, por usar poco inteligentemente su fuerza. Pero en general son deficientes por limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema existente, en vez de esforzarse, al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez de emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipación definitiva de la clase obrera; es decir, para la abolición del trabajo asalariado."
Los economistas de la corriente ortodoxa también están contestes en que los salarios reales están sujetos a una legalidad económica que los sindicatos no podrían cambiar. Sólo que no es ya la vieja legalidad propuesta por Ricardo, en la cual Marx quedó por siempre anclado. Ellos parten de la base de que los empresarios demandan mano de obra con el fin de ganar dinero, de modo que, cuando la productividad del trabajo aumenta —por efecto de la acumulación de capital, o del desarrollo de la tecnología, o por lo que fuere— y se intensifica por tanto la potencialidad de beneficio del empleador, éste querrá emplear más mano de obra a la tasa de remuneración real corriente; sólo que, como todos sus colegas querrán hacer lo propio, la recíproca competencia les llevará a pujar al alza por los recursos laborales disponibles. Es decir, el alza de la productividad arrastrará la de los salarios reales. Para los economistas de esta orientación, los sindicatos sólo pueden influir sobre los salarios reales en tanto y cuanto sean capaces de restringir la oferta de mano de obra. Básicamente, para ello se requiere que rija en una industria un acuerdo de "taller cerrado" (closed shop), que impida a los empleadores contratar operarios no afiliados al sindicato. Bajo esa hipótesis un sindicato puede procurar a sus miembros una remuneración real mayor que aquélla de que de otro modo gozarían, pero sólo a costa de imponer a los trabajadores que queden excluidos de la industria una remuneración real menor que la que de otro modo podrían disfrutar. Desde este punto de vista el sindicato se percibe, sí, como una institución con alguna potencialidad redistribuidora, pero se trata de una redistribución intralaboral, de unos grupos de trabajadores a otros.
Sobre todo lo cual seguiremos, D.v., de aquí en una semana.