Como lo advirtió Hume, todas las libertades rara vez se pierden en bloque el mismo día. Por lo general el proceso insume años y sobre todo requiere la pasividad de la gran masa de una sociedad, respecto de los acontecimientos que van preparando el advenimiento de un despotismo de izquierda o de derecha. Los hechos que deberían alertar a las futuras víctimas suelen considerarse triviales, o circunscriptos a ámbitos particulares, sin potencialidad de afectar algún día a quienes se limitan a observar, sintiéndose ajenos, hasta que ya se vuelve demasiado tarde. Por otra parte, el designio de establecer una sociedad servil se juzga incompatible con la personalidad, tal como los observadores la perciben, de los protagonistas de aquel proceso.
Esta clase de hechos están ocurriendo en el seno de nuestra sociedad. Están siendo ejecutados en nombre de la democracia, por hombres que protestan a diario su adhesión a la causa de la libertad, y que nunca dejan mucho tiempo sin recordar su militancia contra el pasado régimen de facto. Y que por otra parte gozan de elevada credibilidad. Pero los hechos transcurren ante nuestros ojos, y dicen que el peligro existe. Nosotros sentimos el deber ineludible de enfatizar la que nos parece ser su significación.
El Senado de la República acaba de aprobar otro proyecto groseramente inconstitucional. Lo ha hecho con los votos del Partido Nacional y del Frente Amplio, y contra los del Partido Colorado, éstos muy débilmente apuntalados desde el punto de vista dialéctico. La inconstitucionalidad ha consistido —nada menos— en la remisión de obligaciones de determinados deudores, con la consiguiente confiscación de los respectivos créditos. Nosotros declaramos nuestra vergüenza por que semejante lesión al derecho haya sido cometida por un cuerpo legislativo uruguayo, y al mismo tiempo nuestra alarma por la potencialidad deletérea de nuestra estructura institucional que ella encierra.
El significado que nosotros vemos en ese acontecimiento trasciende en mucho la mera aprobación de un proyecto de ley en una Cámara, cuando debe salvar aún el obstáculo de la segunda, y aún, lo que la aritmética política nos dice que es más significativo, el veto del Ejecutivo, que en la eventualidad de completarse la sanción se entiende probable. Trasciende aún la eventual consagración definitiva del proyecto, cuando los intereses afectados tendrían todavía la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte. Lo que a nosotros nos sume en una intensa alarma es la indiferencia casi general que ha rodeado este episodio. Ella nos dice que estamos efectivamente avanzando por el camino de servidumbre, y que continuaremos adelante por él mientras una proporción significativa de la población no abandone su pasividad actual. Si es que ello ocurre a tiempo.
No podemos dejar de mencionar que si hubo una voz que se alzó contra la aprobación del proyecto oprobioso dentro del Senado. Ella perteneció a un miembro suplente, el doctor Enrique Cadenas, que reemplazaba a un legislador transitoriamente impedido. Electo por el Partido Nacional, el doctor Cadenas votó él solo contra la iniciativa de su partido, y fundó además su voto, con concisión y enjundia, en la gran doctrina occidental del gobierno limitado. Manifestó compartir la inquietud que animaba al proyecto, pero señaló que éste movilizaba potestades en exceso de las que la Constitución confía al Parlamento.
Hacía muchos años, tal vez muchas décadas, que en el Palacio Legislativo no se oía un lenguaje semejante. A la vez, sin embargo, que nos complacemos en destacarlo, debemos consignar consternados el hecho de que la respuesta del Cuerpo al discurso del doctor Cadenas no estuvo hecha más que de silencio. Silencio de los promotores de la iniciativa, que se guardaron muy bien de contradecirle, y silencio de los adversarios, que, pese a la extremada pobreza del arsenal dialéctico con que combatían, prefirieron desdeñar la ayuda, tan contundente como inesperada, que se les ofrecía. En resumen, el Senado optó por suspender la consideración en particular del proyecto hasta que el legislador que el doctor Cadenas estaba sustituyendo se restableciera.
Luego de lo cual, como es natural, el proyecto fue debidamente votado. En silencio sobre todo lo que importaba. Gracias a una conspiración de silencio cuyas proporciones exceden en mucho el recinto parlamentario. En medio de un silencio que nosotros sentimos cargado de significaciones, y juzgamos tremendamente ominoso.
Porque —esto es claro— el proyecto posee dos clases de destinatarios: una clase de destinatarios positivos, a quienes se desea favorecer, que son los pequeños deudores, y una clase de destinatarios negativos, dueños de los recursos que se quiere movilizar con el primer fin, que son los bancos. Por el momento no habría otro segmento de la sociedad uruguaya contra el cual fuese factible intentar una confiscación sin levantar una resistencia generalizada. Pero el terreno había sido preparado cuidadosamente. Durante bastantes años se fue estableciendo el principio que hay en nuestra sociedad ciertos sujetos de derechos que no merecen serlo con plenitud. Gente que se ubica en el último nivel de la condición humana, donde hasta su mismo reconocimiento de tal dignidad se vuelve dudoso o contingente.
La historia de la discriminación contra el sector financiero en nuestro país, en flagrante infracción al principio de la igualdad ante la ley, ya es extensa. Tan prolongada como la indiferencia de la sociedad uruguaya al respecto. Por muchos años las leyes de arrendamientos han negado sus beneficios al sector financiero, dentro de un conjunto que sólo integran además las casas de cita y los reñideros de gallos. Esa afrenta continuada, esa arbitrariedad flagrante, ¿cómo ha sido posible? En parte, sin duda, ella se ha apoyado en la difundida aversión atávica hacia el prestamista, con sus connotaciones históricas de antisemitismo. Pero, sin duda, su factibilidad dependió asimismo de su falta de significación económica. ¿Desde cuándo le interesó a los bancos, propietarios de la enorme mayoría de sus locales, ampararse en la ley de alquileres? Como innumerables veces antes, el principio fue abandonado por su carencia de consecuencias prácticas inmediatas.
Luego vino la CONAPRO. La maquinaria del consenso de todos los partidos y todas las fuerzas sociales dignas de participar en ella. Participaron todas las gremiales empresariales menos una: la gremial financiera nunca fue invitada a sentarse con los otros concertantes. Todas las personas eran iguales, pero tal parece que algunas lo eran un poco menos que otras. Aquí la indiferencia general ante la agresión abierta al principio esencial de la justicia pasó a adquirir un tercer sostén, éste ya algo sórdido. Una concertación genuinamente general es fatalmente un juego de suma cero. Una concertación con exclusiones puede ser un juego de suma positiva. Si usted relee los documentos de aquel acuerdo, y se encuentra con que se manejan recursos sin especificar su origen, no se pregunte de dónde habrían de salir. Pregúntese más bien quiénes quedaron fuera de la reunión general.
Luego vino la ejecución de la CONAPRO. La Ley de Refinanciación obligó a los bancos a extender los plazos y bajar los intereses por debajo del nivel de mercado. ¿Cómo se justificó aquel claro ataque al derecho de propiedad y al principio de la igualdad ante las cargas públicas? De ninguna manera: la conspiración de silencio ya se había concretado. Finalmente, llegó el turno de la confiscación desembozada. Y si la indiferencia pública se mantiene, vendrá luego otra etapa, más ambiciosa que la anterior. Nadie que haya repasado la historia de nuestro siglo querrá ponerlo en duda.
Lo que sí es inseguro es quién resultará en definitiva el enemigo. El sector bancario privado parece demasiado pequeño, y su asiento entre nosotros demasiado precario, para que pueda desempeñar ese papel.
Esto, con todo, es secundario. Una empresa política antiliberal no puede prescindir de un enemigo, pero ¿qué movimiento autoritario o totalitario ha tenido dificultades para procurárselo? Lo difícil, en una primera etapa, es que la gente acepte el principio mismo de la discriminación. Que esté dispuesta a mirar hacia otro lado cuando agreden a otros, simplemente porque son otros. Y eso aquí ya parece haberse logrado.
Entonces ¡atención! Es como decía —palabra más, palabra menos— aquel personaje de Brecht: "Primero se lo hicieron a los judíos; después a los comunistas; y nosotros siempre mirábamos en otra dirección; ahora..." Sí señor, es como usted está empezando a sospechar: en el fondo es a usted mismo que se lo hacen siempre.