Lector: le propongo que dediquemos algunos ratos de estas semanas estivales que tenemos por delante a charlar sobre Constitución. El tema, ciertamente, nos interesa a todos. No sólo a políticos y juristas. Los uruguayos hemos cometido el error de dejar que éstos se apropiaran del asunto. Cada vez que yo me he metido en él, alguien ha puesto en tela de juicio mi competencia para hacerlo: "¿No es éste uno que se ocupa de economía? ¿Y quién entonces le ha dado vela en este entierro?" Pues yo, cada vez que me ha parecido del caso contestar, he dicho siempre, y diría siempre, lo mismo: Primordialmente, la Constitución es un tema para ciudadanos. Es a la perspectiva del ciudadano que la Constitución revela su ser más característico. Para los políticos, la Constitución es como un vehículo que debería servir para llevarles al poder. Y si tarda en hacerlo, se ponen a cambiar el vehículo; por eso hemos tenido tantas Constituciones. Para los juristas, es como un jeroglífico, cuyo sentido sólo ellos son capaces de descifrar; por eso levantan las cejas si algún lego se inmiscuye en tan ardua tarea. Para el ciudadano, en cambio, la Constitución debería ser como el título de propiedad de un bien inapreciable, la libertad; y es por eso de haber dejado tan valioso pergamino en manos ajenas, que nos ha ido como nos ha ido, a los ciudadanos de esta república y a ella misma.
Hemos tenido seis constituciones, y, sin la sombra de una duda, la primera fue la mejor. Y si bien la vida política que se desarrolló bajo su vigencia fue con frecuencia turbulenta, aun a veces cruenta, tampoco nos parece dudoso que en su época el país alcanzó cimas de prosperidad y libertad jamás después superadas. La segunda Constitución data de 1917. Fue entonces que empezamos a experimentar con las instituciones. Estábamos insertos en una determinada tradición institucional, y dimos un salto fuera de ella. La ocasión resultó sobremanera desgraciada. Intrínsecamente, la reforma fue harto infeliz. Alguien ha definido al camello afirmando que es un caballo diseñado por un comité. Pues bien, el Ejecutivo plasmado en 1917 era un camello institucional. Más grave que el adefesio en sí mismo, sin embargo, fue que el salto fuera de la tradición que había guiado con acierto, relativo pero innegable, nuestros primeros pasos de país independiente, nos precipitó en la inestabilidad institucional. La innovación engendró más innovación. El constitucionalismo llegó a ser entre nosotros una de las bellas artes.
La reforma de 1934 puede verse como apuntando a la vez en dos direcciones. Por un lado, su restauración del Ejecutivo unipersonal, reforzada por la enmienda del Legislativo que confería automáticamente la mayoría en una de las cámaras al partido de gobierno, nos habría orientado en la dirección tradicional. Al mismo tiempo, no cabe duda de que el nuevo texto denunció la intención fuertemente innovadora de sus autores. El radicalismo de 1917 se había circunscrito a la forma de las instituciones. El de 1934 llegó hasta la materialidad del Estado y sus fines. Podría decirse que fue entonces que la Constitución uruguaya se desgajó cabalmente del tronco liberal tradicional, para nunca volver a injertarse en él; con la consiguiente pérdida de la savia vivificante que de él había recibido antes, y de unas raíces que se hundían varios siglos en la historia de Occidente.
Aparte de todo ello, la Constitución de 1934 había surgido a la existencia en una coyuntura histórica muy particular. En efecto, no sólo había sido el fruto de un golpe de estado, sino que la unión política que le había dado el ser marcaba muy nítidamente su fisonomía institucional. El origen no le auguraba larga vida, y, efectivamente, pasó lo que tenía que pasar: a los ocho años apenas feneció, y una nueva conjunción de fuerzas políticas instaló en su lugar a su propio vástago institucional; quien, dicho sea de paso, no corrigió ninguno de los males que había traído consigo su antecesora, sino, más bien, lo contrario.
La Constitución de 1942 apenas si se mantuvo en vigor cosa de un par de años más que la anterior. A esta altura era ya obvio que en el Uruguay se había establecido una peligrosísima asociación entre lo que aun solía llamarse, a la sazón con notoria impropiedad, "Carta fundamental", y algunos de los factores más circunstanciales, y menos fundamentales, del devenir político. En esta ocasión no se trató del desplazamiento del poder desde una cierta configuración política a otra, sino una mera desavenencia intestina del partido de gobierno, en buena medida de carácter personal. De hecho, para reformar la Constitución ya no hacían falta causas poderosas. Sencillamente, alguien levantó un día cualquiera la vieja bandera del Ejecutivo colegiado, y tras ella marcharon los devotos de Batlle y Ordóñez, que creían en ella por razones cuasirreligiosas, y muchos más que no creían en ella en absoluto, pero a quienes un cambio institucional a la mitad de un período de gobierno venía de perillas. De esta manera gloriosa advino un nuevo texto constitucional, en líneas generales tan malo como los anteriores, que además restauraba una forma de Ejecutivo en la que casi nadie ya creía. Y que, si todo eso fuera poco, no tardó en dar frutos más ruines que los que cabía esperar.
Puede despertar legítimo asombro que la vigencia de este último adefesio durara casi tres lustros. Finalmente, el fin merecido le llegó, impulsado por lo que tal vez quepa describir como un auténtico clamor popular en pro de una reforma constitucional. Por su origen, pues, la Constitución de 1966, aun vigente, supera a todas las anteriores, con excepción de la primera.
Ello, sin embargo, no la purgó de sus múltiples y gravísimos defectos, acumulados a través de la turbulenta historia a que hemos pasado esta brevísima revista. Hoy tenemos por Constitución un texto farragoso, torpemente redactado, repleto de materias francamente triviales, que nada tendrían que hacer en una Carta bien concebida, desgajado, como decía hace un momento, del gran tronco liberal de Occidente. En estas condiciones, hay quienes encuentran oportuna la ocasión para hablarnos a los ciudadanos, una vez más, de reforma constitucional. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar?
Por de pronto, es muy claro que no debemos apresurarnos. La Constitución no se parece a una camisa, por más que no hayamos dado señales fundadas de confundirla con una muda de ropa. Es parte de nuestro ser nacional. No debemos acceder a reformarla con una deliberación menor de la que pondríamos en acceder a someternos a una intervención quirúrgica. En segundo lugar, debemos insistir en una vasta participación ciudadana en el proceso de una eventual reforma. Justamente, Jiménez de Aréchaga, el gran maestro en materia constitucional que tuvo el país, solía hacer votos por que, alguna vez, se elaborara una Constitución "en más de cuatro días para más de cuatro años". Si ese fuera el espíritu con que se solicita ahora nuestra atención, y sólo en ese caso, deberíamos aceptar el diálogo.
Luego que la convención de Filadelfia hubo aprobado el texto de la Constitución Federal norteamericana, hizo pocos meses atrás dos siglos, y en el marco del proceso de ratificación por los estados miembros de la Unión, se desenvolvió un debate a su respecto en escala propiamente nacional, y de gran amplitud de participación. Entre la multitud de documentos que se suscitaron, la posteridad ha distinguido al Federalista, colección que llegó a ser de 85 ensayos, de estilo periodístico, no dedicados ni a juristas ni a políticos profesionales, sino a sus conciudadanos, a fin de dilucidar el alcance y propósito del documento que tan vitalmente concernía a unos y otros. Madison, Hamilton y Jay, como se llamaban aquellos ejemplares escritores, firmaron sus artículos con el seudónimo común de Publius. Confiando que no se me impute a inmodestia, querría tomar, para esta serie que hoy inicio, en la llaneza del estilo y el sano pragmatismo de la intención, a Publius como modelo.