En el último artículo propuse una conclusión sobre lo que el parlamento no era —en esencia. No se trata, sugerí, de una asamblea legislativa, más allá de un mero sentido formal del verbo legislar— y ahora debo intentar explicar lo que, afirmativamente, entiendo que el parlamento es. Hay que comenzar reconociendo que la cuestión es problemática, y entonces, sobre esa base, es preciso recurrir al método apropiado para resolver problemas en el campo de los asuntos humanos, comprendido por supuesto el de las instituciones. Ortega enseña que ese método consiste esencialmente en narrar una historia, y yo, por consiguiente, puesto ante la cuestión de saber qué cosa sea en realidad el parlamento, me propongo superar el obstáculo contándoles a ustedes un cuento. Mi narración se desarrolla en Inglaterra.
Podría perfectamente bien haberse desarrollado en España, porque en la época en que el parlamento inglés comenzaba a verdear, había en España, en el reino de Aragón particularmente, brotes institucionales que pudieron arraigar, y florecer, y dar fruto semejante al que maduró en Inglaterra; sólo que en España el período absolutista secó aquella planta, y entonces los españoles tuvieron que volver a plantarla, muchos años más tarde, y aunque siempre llamaron a su parlamento con el viejo nombre de cortes, no hubo propiamente continuidad, y el nuevo árbol hispánico es en realidad un retoño del de Albión. Y en Francia aconteció algo muy similar. Al parlamento francés, que era conocido con el engorroso apelativo de états généraux —mientras usaban el de parlement para designar a una corte de justicia— también el árido clima absolutista le privó de todo su vigor, hasta que el desventurado Luis XVI tuvo la ocurrencia de extraerlo de su secular hibernación para pedirle que le votara impuestos. Como el lector sabe, lo que terminó votando aquel cuerpo, luego de haber cambiado su nombre varias veces, y portando a la sazón el de Convention, fue la decapitación del despistado monarca; después de lo cual se transformó en el colectivo dictador de Francia, hasta que fue desplazado por un dictador individual, y durante muchos años fue una institución decididamente poco importante.
En Inglaterra, en cambio, el árbol parlamentario nunca perdió su lozanía, excepto por períodos breves. Es cierto que no pudo evitar las tropelías de Enrique VIII, pero bajo la hija de éste su fuerza fue notable. Isabel Tudor hizo tres cosas memorables, por las que no suele recibir el crédito que merece. Una fue aceptar la derogación de decretos suyos por el parlamento. Otra fue aceptar decisiones similarmente adversas de los tribunales. La tercera consistió en mantener el valor de la libra durante su reinado. Pienso que las tres son fundamentales para explicar que Inglaterra alcanzara una posición de preeminencia económica en el mundo, a la cual ni su tamaño, ni su población, ni sus recursos materiales, parecían destinarle. Porque, como es sabido, un estado donde rija la ley y la moneda sea confiable ofrece las condiciones óptimas para que la economía se desarrolle.
Lo cual es sobremanera interesante, pero no la historia que he prometido contar. Para retomar su hilo debemos remontarnos a la época en que los reyes ingleses eran franceses. Algún Plantagenet fue el primero que decidió reunir un conjunto de notables, tal vez sólo nobles inicialmente, luego también plebeyos de alguna sustancia, para consultarles. Y, ¿cuáles podrían ser los asuntos sobre los cuales el monarca deseaba conocer la opinión y los sentimientos de la flor y nata de sus súbditos?
Pues no es demasiado difícil colegirlo. Difícilmente podría ser para que oficiaran de poder legislativo, reservándose para sí la modesta función de ejecutor de su colectiva voluntad. Difícilmente podría ser para pedirles leyes que luego trabaran el ejercicio de la soberanía, que incuestionablemente reposaba en sus manos. La cosa no venía sin duda por ese lado.
El quid está en que aquellos reyes medievales gozaban de un poder aún sumamente endeble desde un punto de vista material, o militar. El monopolio de la fuerza, que caracteriza al gobierno moderno, todavía no lo habían alcanzado. Como se comprende, las potencialidades en materia de rebelión que se derivaban de ese estado de cosas eran muy grandes. Cuando el rey adoptaba alguna medida que despertaba fuerte resistencia entre sus súbditos, éstos se levantaban en armas. Es decir, eran súbditos, pero no demasiado. Si el monarca chocaba demasiado frontalmente con ellos, llevaba las de perder. En una de esas circunstancias, Juan Plantagenet, apellidado "sin tierra", cuando vio que los vasallos que se le habían ido para las cuchillas —para decirlo con una expresión vernácula proveniente de una época en que nuestro país en materia de equilibrio de poder se asemejaba no poco a la Inglaterra medieval— eran demasiados para permitirle una represión exitosa, tuvo que contemporizar con los alzados y firmar el largo documento que le impusieron, que logró gran fama con el nombre de Magna Carta, el cual en esencia era una promesa de buena conducta sobre una cantidad de cosas que la corona no debía hacer, al menos sin el consentimiento de sus súbditos. Con el sentido práctico que ya parecía caracterizar a los ingleses, aun a los que sólo habían cruzado pocas generaciones atrás el Canal de la Mancha, los reyes dieron en llamar a aquellos de sus súbditos que les parecían más distinguidos, y cuya opinión por ello les interesaba más, para que se sentaran con él en gran Consejo, y le trasmitieran su reacción sobre las medidas que se proponían adoptar. De esta manera, si estaban por provocar otra revuelta con alguna decisión excesivamente impopular, los supuestamente soberanos recibían de aquella asamblea una advertencia sumamente útil.
El árbol parlamentario creció de esta semilla, y ella dice mucho sobre las características que la institución fue presentando. Se comprende que los súbditos llamados a sentarse en el gran Consejo en Parlamento, como en algún momento dio en llamarse, eran aquellos con capacidad para poner caballeros y arqueros, más tarde infantes con arcabuces y cañones y una caballería, en el campo de batalla. Cuando el desarrollo económico de la isla hizo surgir una clase media con apreciable capacidad de fuego, su opinión también se volvió interesante —ya se sabe lo que le pasó a Carlos I Estuardo por ser cabeza dura e insistir en desdeñar esa opinión— y entonces los reyes dieron en encargar a sus autoridades locales, especie de jefes políticos, llamados sheriffs, que les seleccionaran a los notables de cada zona para formar un consejo de plebeyos con que complementar el de los pares del reino. A su vez los sheriffs fueron desarrollando una variedad apreciable de métodos para individualizar cuáles eran los verdaderos caudillos de sus condados, de los que eventualmente surgieron las elecciones por circunscripciones que se utilizan actualmente, y desde hace varios siglos.
¿Cuáles eran las materias que la Corona consultaba a estas asambleas? Pues, sencillamente, aquellas de importancia suficiente como para provocar una rebelión si su voluntad era excesivamente contrariada. Los impuestos, como es natural, tuvieron siempre al respecto una gran importancia. Y los presupuestos de gastos que podrían demandar más impuestos. Pero también todos los demás asuntos de gran trascendencia para el reino, generales o no, requiriendo legislación en sentido material o no.
Naturalmente, la lista de asuntos de incumbencia parlamentaria que fue surgiendo a través del devenir histórico no poseía mayor unidad conceptual. Ello es aún visible en las nóminas de competencias de las constituciones modernas, tales como el artículo 85 de la nuestra, o la sección 8 del artículo 1 de la federal de los EE.UU. Cuando los filósofos políticos se pusieron a escribir sobre este tema, allá por el siglo XVI o XVII, y trataron de buscar el principio abstracto que regía tales nóminas, ello comenzó a causarles problemas. Locke dio el primer paso, tal vez, para asociar el Parlamento con una asamblea legislativa. Esa tendencia resultó mucho más marcada aún en Montesquieu.
Descartes había enseñado a pensar con ideas claras y bien delimitadas, lo cual, cuando de instituciones y otros asuntos humanos se trata, no es fácil. La actitud de Montesquieu, ante la resistencia del material histórico y empírico que tenía por delante a dejarse reducir a tales ideas claras y distintas, fue recortar abundantemente ese material, y tirar lo que le sobraba por la ventana. La idea del Poder Legislativo nació así. La visión del carácter esencial del Parlamento, que es una institución de control del Poder Ejecutivo, comenzó desde entonces a perderse.