El 14 de mayo del año pasado, en esta misma columna editorial publicamos una nota bajo el título: "El Auge de la Delincuencia".
Señalábamos entonces, casi un año atrás, los rasgos más salientes y dolorosos de la permanente inseguridad en la que vive sumergida la sociedad uruguaya.
No han variado un ápice los factores jalonantes de aquella —esta— situación en la que continuamos inmersos: la crisis económica que ha afectado duramente a los sectores más humildes de la población, la circulación activa de los "presos sociales" absurdamente liberados en forma masiva en oportunidad de la amnistía que se les dedicó especialmente, el descaecimiento de los valores éticos y de las normas de la convivencia respetuosa, en especial entre la juventud, las normas vigentes en materia penal, el "trabajo a reglamento" de una policía que ve a los detenidos en cuya captura arriesga muchas veces la vida entrar y salir del juzgado sin pasar ni siquiera un aleccionador período —por breve que fuera— a la sombra de algún establecimiento correccional.
Si algo ha pasado desde entonces, ha sido para empeorar el desafortunado clima de inseguridad en el que vivimos.
En mayo de 1987 decíamos que las declaraciones oficiales de los jerarcas policiales y del Ministerio del Interior tendían a restarle importancia al problema, y procuraban tranquilizarnos diciéndonos que siempre hubo criminalidad, que los delincuentes no eran entonces ni más abundantes ni más peligrosos que antes, y que la Policía actuaba constantemente con sacrificio y eficiencia.
Al poco tiempo de estas arriesgadas afirmaciones de sus jerarcas, la Policía llevó a cabo la primera huelga de su historia, jaqueando al Ministerio del Interior en uno de los episodios más deplorables y absurdos de los últimos tiempos. El pueblo tuvo la ocasión de compenetrarse entonces, en medio de aquel conflicto, y por boca de sus protagonistas, acerca de la gravedad de la situación de abandono y de desamparo que afectaba duramente a los modestísimos y sacrificados guardiaciviles.
Horarios extensísimos, falta de equipos apropiados, remuneraciones insuficientes, carencia del necesario respaldo logístico, y acumulación de frustraciones. Tal vez la suma más indeseable de condiciones que pueblo alguno podría pedir para aplicarle nada menos que a aquellos que deben preservar la paz y el orden interno, y velar por la seguridad colectiva.
A ello agréguesele el correlativo fortalecimiento de los elementos antisociales que nos agreden por los cuatro costados. Barrios marginales o zonas suburbanas transformadas en inexpugnables fortalezas de grupos delictivos, por dentro de los cuales hasta deja de circular el transporte colectivo, hartas las empresas de los asaltos y agresiones a sus unidades y de los riesgos a los que exponen a su personal.
Ensoberbecimiento correspondiente por parte de los delincuentes, quienes en recientes acciones dejan su firma con esquelas o inscripciones que los identifican como "los del Casabó", "somos del Borro" —o de donde sea. Tal vez una absurda vanagloria de una suerte de orgullo emergente de la supuesta inexpugnabilidad de sus fortines. Polarización, en todo caso, entre las desvalidas y superadas fuerzas del orden, y los envalentonados agresores.
Se consolida entonces la nueva moda de los "copamientos". En un estilo que cada vez se parece más al del Far West o al del Chicago de Al Capone, bandas delictivas invaden comercios, consultorios, empresas, casas de familia o lo que les quede más a mano, golpeando, robando, agrediendo, vejando, humillando, delinquiendo a cara descubierta ante el desconcierto de la Policía y el aterrado asombro de toda la sociedad.
Irrumpen nuevamente en escena las declaraciones de los jerarcas responsables del servicio. El Ministro del Interior nos dice que hasta en la Unión Soviética hay copamientos, y que no hay que preocuparse porque se está trabajando intensamente. ¿Mal de muchos...?
A estas desconcertantes declaraciones se agrega la coacción ejercida sobre el Parlamento por la Ministra de Educación, cuando anticipa su disposición a renunciar si se aprueba una Ley que reduce la edad que determina la imputabilidad penal de los 18 a los 16 años.
No intentamos ni siquiera plantear aquí la debatible idea que alienta a tal proyecto de ley, pero tampoco podemos taparnos los ojos para intentar no ver a los asesinos de 16 años, a los copadores de 17 y 18, y a toda la terrible problemática de la minoridad delictiva de hoy día, tan diferente a la que pautó las normas penales que nos rigen sin modificaciones desde hace más de medio siglo. Lo que sí intentamos decir es que la Dra. Reta no sólo no colabora en este proceso de defensa de la sociedad agredida, sino que con su anuncio agrega otro factor de inseguridad y de desconcierto.
Pongamos más ingredientes. Cualquier ciudadano alarmado y preocupado que intente munirse de un arma para intentar neutralizar el tambaleante clima de riesgo que lo rodea parece ser para las autoridades un delincuente en potencia, que debe pasar por tantos permisos, filtros, autorizaciones y gestiones que seguramente lo disuadirán de sus propósitos. Mientras, los delincuentes, que no piden permisos ni registran su armamento, lo consiguen y —lo que es peor— lo utilizan con peligrosa y preocupante impunidad.
Al margen de esta situación, como hongos a la sombra húmeda y fértil de un añoso y arruinado tronco, han proliferado las empresas vendedoras de seguridad, guardias armados, serenos de ocasión y vigilancias especiales de todo tipo, intentando suplir las notorias carencias que nuestros impuestos deberían pero no llegan a financiar.
El gobierno le debe a la sociedad uruguaya una respuesta seria y responsable más allá de los consuelos colectivos y de los tranquilizamientos superficiales que a nadie convencen. Una respuesta condiga con la necesidad que todos experimentamos de volver a confiar en nuestra policía, de poder abrir nuestras puertas cuando alguien toca el timbre, de dar por descontado que nuestros hijos están fuera pero volverán sanos y salvos, de poder creer que esos señores o aquellos jóvenes que entraron al comercio están interesados en algún precio o en alguna compra, y no en amarrarnos con alambre en un baño, hacinándonos y golpeándonos mientras nos despojan de nuestras pertenencias, aprovechando para manosear a las mujeres y dándole de paso un culatazo en el cráneo al que los mira fijo.
Este clima de inseguridad no sólo no le sirve al pueblo ni le sirve al gobierno: es inaceptable, humillante e insostenible, y nuestra protesta es la canalización estentórea de una exigencia colectiva.
Nadie tiene derecho a darle la espalda.