Al conmemorar el tercer aniversario de su asunción, el Presidente Sanguinetti se comprometió formalmente a que su gobierno seguiría observando durante el bienio final de su mandato el mismo grado de disciplina fiscal del primer trienio. Es una declaración de primera importancia, que merece de la ciudadanía una atención prioritaria. Nosotros queremos contribuir a que alcance el realce a que es acreedora, y a hacer explícito el marco histórico que permite apreciar su cabal significación.
Otrora el Uruguay poseía una moneda sana y sólida. El peso valía lo mismo en términos de dólares en 1930 que en 1879. El nivel de precios era igual en 1936 que en 1918. La inflación data apenas de la década de los años 50, pero desde entonces no nos da tregua. Desde 1950 una de nuestras unidades monetarias ha quedado reducida aproximadamente a una 400.000-ava parte de su valor original en términos de bienes y servicios internos, a un 100 milésimo de su tasa de cambio con el dólar. Y si alguien nos pidiese que sintetizásemos las causas de ese dramático deterioro, no vacilaríamos en centrar nuestra explicación en la pérdida de las virtudes de sobriedad fiscal y prudencia monetaria que habían sido distintivas de nuestra personalidad nacional sufrida en los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial.
En mayo de 1906, salida la república apenas de su cruenta guerra civil cuyos destructivos efectos no habían escatimado al erario público, el Parlamento recibió la rendición anual de cuentas del Ejecutivo. El mensaje fue leído por un funcionario a una asamblea expectante. Cuando concluyó la lectura, narra Milton Vanger, "tanto colorados como nacionalistas, estallaron en aplausos espontáneos." El Ministro de Hacienda Serrato había anunciado un superávit presupuestal. "No restañadas aún las heridas abiertas por la guerra, los hombres de ambos bandos celebraban en comunión la restauración de la salud fiscal de la República." Obviamente, para los orientales de entonces la preservación de una moneda sólida era un valor indiscutido, por encima de las facciones, un poderoso factor de unidad.
Hurgar en la prolongada y sutil evolución que trocó ese consenso en torno a la disciplina fiscal y monetaria en una común irresponsabilidad sobre esos mismos terrenos es una tarea apasionante, que al mismo tiempo excede vastamente de las posibilidades de esta ocasión. Sólo cabe, sin pretensiones de profundizar, ateniéndonos a lo claramente discernible en la superficie, sugerir que aquella grande y triste transformación tuvo que ver estrechamente con la forma de encarar la actividad política por nuestros compatriotas. Nos parece claro que en cierto tiempo la comunicación de los líderes políticos con la masa (si el término no es demasiado impropio), mediatizada por una estructura jerárquica de caudillos de distinto nivel, representaba una conmixtión de los principios democrático y aristocrático, comprendido éste en la acepción amplia que el contexto reclama. Y que ello a su vez implicaba que las ideas de la élite —entre ellas su apego a la frugalidad fiscal y a la mesura monetaria— poseían una vigencia práctica que no se mantuvo con la delantera que el principio democrático fue tomando progresivamente. Asistimos a un proceso en que el acceso a una banca parlamentaria, previamente cuestión dependiente más que nada de la percepción por la cúpula partidaria de los méritos relativos de los distintos candidatos, se troca en el premio a la laboriosidad en condiciones de ardua competencia, dentro de lo que podríamos llamar el mercado político. Pues bien, allí, entre una diversidad de monedas que participan en las transacciones, se destaca la moneda del gasto público, por la vía del empleo, de la pasividad, de la obra pública. Y, ni qué decir tiene, es la proximidad de los comicios la que vuelve frenética la actividad en este mercado.
El hecho —éste ya indiscutible, con prescindencia de cualquier interpretación— es que desde principios de la década de los años 50, por lo menos, se instala en nuestra estructura económico-política un ciclo sumamente marcado del gasto público y de la inflación. En todos los años en que se celebran elecciones en noviembre, la relación del gasto público con el PBI registra un máximo, y cada año siguiente a las elecciones la curva de la tasa de inflación exhibe una cima. La probabilidad de que estas regularidades obedezcan al mero azar es vastamente inferior a la que por convención los estadígrafos utilizan para aceptar o rechazar una determinada hipótesis.
Es fácil comprender la enorme importancia de esta eclosión periódica del gasto en la notable tenacidad del mal inflacionario, una vez que nuestra economía lo contrajo. Luego del pico del año poselectoral, el ritmo alcista comienza a amainar, pero antes de que el amortiguamiento pueda llegar muy lejos, la proximidad de una nueva elección vuelve a reactivar la enfermedad.
Como era inevitable, la interrupción del régimen constitucional en 1973 aparejó también la del ciclo político del gasto público y la inflación. Sin embargo, luego del insuceso de la dictadura en su aventura del referéndum, prontamente vemos al régimen castrense abjurar de la parsimonia fiscal que antes había exhibido, presuntamente buscando la popularidad que le había sido esquiva por la fórmula del gasto público, que los gobiernos civiles habían convertido en tradicional. A la postre de la consulta plebiscitaria, era como trancar la puerta del establo después de que el caballo se había escapado, pero el hecho es patente: bajo una nueva modalidad, la vigencia del módulo elecciones-derroche quedaba confirmada. Más allá de las contingencias institucionales o políticas, parecía ser el sello distintivo del país.
¿Qué esperanzas podían razonablemente abrigarse, de volver un día a poseer una moneda tolerablemente sana, capaz de ambientar una restauración de la vitalidad económica y la capacidad de crecimiento vigoroso, largamente desaparecidas de nuestro medio? Aun las políticas de estabilización que habían alcanzado prominentes éxitos parciales, como la puesta en práctica por el Partido Nacional en 1960, o la intentada por el Partido Colorado a partir de 1968, o aun la ensayada por el régimen de facto desde 1974, habían sido abandonadas y negadas por sus promotores a la vera de un acontecimiento comicial. Para el futuro, ¿qué actitud podíamos adoptar los uruguayos? ¿Acaso sólo la resignación, o la emigración tal vez?
Es en este contexto en el cual la declaración formulada por el Presidente de la República nos luce revestida de dramática importancia. Sin lugar a dudas el gobierno del Dr. Sanguinetti se halla embarcado en una de las contadas campañas estabilizadoras intentadas desde que el país contrajo el mal inflacionario. Para nosotros, como nuestros lectores más asiduos lo saben, esta campaña está excesivamente gradualista, pero al mismo tiempo, nos place reconocerlo, revestida de inusual coherencia. De ese esfuerzo, ¿qué desenlace cabe esperar? ¿Acaso un nuevo abandono a mitad de camino, bajo la deletérea proximidad de las elecciones de 1989?
Nosotros leemos en las palabras del Presidente que estamos comentando un compromiso solemne en el sentido de que la campaña estabilizadora en que su administración está empeñada no tendrá el desquiciante desenlace que frustró a sus predecesoras. Nuestra memoria no registra una promesa semejante en apoyo de aquéllas. El Dr. Sanguinetti no puede haberse apartado del precedente inveterado sin saber que con ello pone fuera de su alcance una estrategia preelectoral que hasta ahora ha sido preferida por los políticos uruguayos. Tampoco es concebible que ignore que toda eventual negación de su actual política ahora sería juzgada con doble severidad. Para nosotros, lo que el Presidente ha hecho es quemar sus naves.
La historia tiende a repetirse, pero no ineluctablemente. También es posible que la índole del liderazgo que caracteriza a determinada sociedad experimente una mutación. La actitud del Dr. Sanguinetti, que interpretamos como una apuesta a que el electorado compatriota es más maduro de lo que hasta ahora se había creído, y más sensible a los requerimientos del interés general que a los de los intereses sectoriales, bien puede inaugurar una nueva etapa de nuestra evolución nacional.