Elecciones

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A mucha gente le da grima que nuestros presidentes por lo general ocupen su cargo al impulso de mayorías sólo relativas, y querrían reformar la Constitución para evitar esta posibilidad. Por ejemplo —presumiblemente se trata de la fórmula más en boga— a través de una segunda ronda, o ballotage, entre los dos candidatos más votados.

Esta es una idea de signo ambiguo y lógicamente defectuosa. En efecto, no puede saberse si tiene por fin lograr un Ejecutivo más fuerte o más débil, ni permite interpretar de modo incontestable los resultados electorales.

Si la razón de tal propuesta radica en que para gobernar con legitimidad se requiere tener tras de sí más de la mitad de los votos emitidos, se trataría de fortalecer la Presidencia; si el objetivo fuera obligar a los dos candidatos más votados en la primera vuelta a pujar por los votos de los grupos minoritarios, y a concertar con ellos por tanto pactos y alianzas, se trataría de debilitarla, de una manera muy semejante a la que lograría la parlamentarización de nuestro sistema. La primera razón mencionada es harto endeble, porque —como ya señalé— sumar los votos de quienes seleccionaron al candidato X como primera alternativa y los que le eligieron como segunda alternativa es una operación tan carente de sentido lógico como sumar perdices más bicicletas. Se buscaría, pues, que el Presidente llegara al poder con los brazos trabados por las ataduras nacidas de los acuerdos previos al ballotage. ¿Quién puede querer semejante cosa?

Quienes crean, como yo he sostenido ya en esta serie, que la Presidencia debe ser fuerte, si bien limitada, juzgarán sin duda que ese objetivo volvería menos eficaz nuestro sistema de gobierno. Es apenas menos fácil percibir que, aparte de esa consideración en buena medida práctica, el ballotage también le haría perder a nuestra Carta pureza teórica y virtud democrática.

El valor peculiar de la democracia no radica en que se vote y se cuenten los sufragios y se unja a la mayoría, sino en que se discute lo que se vota antes de hacerlo. Es un sistema que aprovecha la chispa divina que misteriosamente brota del barro humano. Un ateniense ilustre, resumiendo aquello que otorga al hombre su singular dignidad, escribió: "...en el arte de la palabra, y en el pensamiento sutil como el viento, y en las asambleas que dan leyes a la ciudad se adiestró..." (Sófocles, Antígona).

Insistir en el ballotage significa querer trasladar la sede ideal de nuestro régimen del ágora al mercado persa.

Por supuesto, desde el punto de vista de los principios democráticos no hay la menor dificultad en aceptar que un presidente sea elevado a su cargo por una mayoría solo relativa. Naturalmente, el Presidente electo por una genuina mayoría absoluta tiene un mandato de índole nítidamente diferente, capaz de extenderse a profundos cambios estructurales, a la vez que, presuntamente, la fuerza parlamentaria para llevar a cabo las reformas implícitas en él. Pero es conveniente reconocer dos cosas difícilmente discutibles: la primera es que tales mandatos y reformas poseen en la vida de una sociedad, para todos los que no se afilien a la tesis de la revolución permanente, carácter excepcional, y no tendría sentido que las instituciones se moldearan con el fin de allegar de modo cotidiano lo que por esencia debe ser insólito. La segunda es que en abstracto, cualquiera sea la posición filosófico-política del observador —excepto si éste cree que el cambio histórico posee por dispensación divina la garantía de ser exitoso— las probabilidades de éxito y fracaso a ser asignadas a un eventual régimen futuro del que sólo sabemos que sería radical en sus reformas, deben ser, en el mejor de los casos, iguales. De manera que sería absurdo devanarnos los sesos tratando de allanarles los caminos a esos hipotéticos gobernantes, que tanto podrían culminar haciendo la felicidad de sus súbditos como la desdicha.

Las funciones del Ejecutivo por regla general no están revestidas de dramatismo. Presentar un presupuesto equilibrado, que a la vez refleje las prioridades de la hora, mantener el orden público, elegir con acierto a los colaboradores, representar al país con decoro y republicana austeridad, esa es la clase de orientaciones capaces de redondear una presidencia plenamente exitosa. Y ¿a quién se le ocurre que para hacerlo haya que contar con más del cincuenta por ciento de los votos?

Dicho todo ello, y sentada por tanto de manera terminante la oposición del autor a las iniciativas de reforma sobre el sistema electoral que han ido esbozándose en nuestro medio, es preciso que consideremos algunas normas que nuestra Carta contiene sobre materia electoral, que no tienen lugar en un ordenamiento de tal jerarquía, y a veces llegan a ser intolerables. Algunas de las normas que me parecen objetables, en mayor o menor grado, son las siguientes:

  • Todos los cargos electivos previstos en la Constitución y en las leyes deben discernirse por voto popular el mismo día, los cargos nacionales de Presidente, Vicepresidente y Legisladores en una misma hoja de votación, y los cargos departamentales en otra hoja, debiendo ambas pertenecer al mismo lema.
  • La elección de Presidente y Vice debe hacerse por doble voto simultáneo: es decir, se vota por candidato y por lema; primero se cuentan los votos de los lemas, y luego los de los candidatos del lema ganancioso.
  • Para que pueda haber acumulación de votos dentro de un lema tiene que tratarse de un "lema permanente" (que haya obtenido representación en una elección anterior).
  • Todas las elecciones para las asambleas nacionales o departamentales deben regirse por la representación proporcional.

Algunas objeciones que estas reglas me merecen atañen solo a su falta de enjundia para formar parte de lo que una Constitución bien concebida debería ser: el subconjunto de las normas que, por su peculiar dignidad, la comunidad política en determinado momento quiere poner a salvo de su eventual enmienda apresurada, fruto de una mera mayoría accidental, y que por ello rodea de un respeto, o una reverencia, muy particulares. Claramente mucho más de la mitad de lo que está escrito en la Constitución de la República no cabe dentro de ese concepto. Por lo tanto, una reforma que tendría sentido, cuando el momento oportuno llegase, sería la dirigida a librar a la Carta de sus pletóricas adiposidades. Entre ellas, algunas de las normas que acabamos de recordar.

Por ejemplo, la representación proporcional puede ser objeto de un análisis racional, que le señalaría indudables ventajas, pero es innegable que tiene al mismo tiempo serios inconvenientes. Los países de más dilatada tradición democrática, por de pronto, no la aplican. Tener dos asambleas legislativas nacionales, y aplicar la representación proporcional a ambas revela una lamentable ceguera frente a los valores de la variedad. Sobre todo, las normas sobre esta materia no tienen que poseer, y por lo general en el mundo no poseen, rango constitucional. Es algo sobre lo cual la reforma puede hallarse facilitada.

Algo semejante ocurre con el doble voto simultáneo. Si es un expediente abierto a todas las fuerzas políticas, y una o más de éstas deciden libremente recurrir a este sistema (que ahorra recursos a los partidos en la selección de candidatos que los norteamericanos llaman "elecciones primarias") no se ve inconveniente en que él se permita. Pero de ahí a otorgarle rango constitucional media un abismo. Claro que nuestro sistema además excluye del acceso al método de doble voto a los lemas "no permanentes" y eso empieza a formar parte de lo intolerable.

Lo mismo, de manera más terminante aún, cabe decir de la prohibición constitucional de cruzar el voto para Presidente y Vice con los emitidos respecto de las Cámaras legislativas, y no digamos nada de la limitación para cruzar el voto nacional con el departamental más allá de los límites del lema. Todo ello, incluida la exigencia de simultaneidad de los actos comiciales, es una restricción flagrantemente antidemocrática al derecho de los ciudadanos a elegir libremente, y una imposición del establishment político encaminada a preservar sus privilegios, que debería removerse tan pronto como sea posible y conveniente.

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