Creemos que la ejecutividad es incompatible con la deliberación... Yo declaro que nuestra Ciudad es una escuela para toda Grecia. PERICLES, según Tucídides
Una de las mayores sorpresas que la convivencia política uruguaya me ha deparado en los últimos tiempos tiene que ver con el tan mentado último discurso del General Seregni. Aquél en que dijo que la política que se está poniendo en práctica, con base bipartidista, es antidemocrática, antipopular y antinacional. Conste que no me sorprendió que los colorados y los blancos se ofendieran, porque las palabras citadas son, en efecto, agraviantes. Lo que me llenó de asombro es que nadie le preguntara al General por qué afirmaba lo que decía; qué componentes, o qué omisiones, de la política eran las que le ganaban tan agresivos epítetos; y en qué sería menester que la política cambiara para librarla de ellos.
Creo que la glosa de este episodio viene a cuento en esta serie de artículos sobre nuestra Constitución, porque el espíritu de una Constitución debe moldear el estilo con que actúan los hombres públicos que se rigen por ella y ejecutan sus preceptos. Una democracia liberal, después de todo, lo que tiene de más característico a esta altura de los tiempos, luego de habernos mostrado la historia diversos ejemplares de democracias plebiscitarias, que pretenden derivar su legitimidad de la voluntad casi unánime del pueblo, verbigracia las de Alemania nazi y Cuba comunista, no puede ser el apoyarse en el consentimiento del demos. Más bien tiene que consistir ese rasgo distintivo en constituir la democracia liberal la clase de régimen en que las decisiones se discuten, antes de tomadas y después; donde se delibera libremente, en una amplia diversidad de foros; en el que las instituciones funcionan, en una palabra, bajo la advocación de la razón discursiva. O, si se me permite el neologismo, consiste en ser, a la vez que una democracia, una logocracia.
A las reacciones de blancos y colorados sobre el discurso del General Seregni ("no nos sentamos más a negociar con ustedes", "han perdido toda objetividad", "¿cómo alguien asociado con los comunistas osa hablar de política antinacional?", etc.) conspicuamente les faltó la devoción al logos discursivo que exige el buen funcionamiento de un régimen democrático. Como la de aquel polemista de café, a quien un interlocutor enfurecido le vació en el rostro un vaso de agua. "Esto", manifestó el agredido, ejemplarmente, mientras se secaba la cara, "es una digresión. Ahora comuníqueme usted sus argumentos". La agresión física y el insulto son capaces de generar una suerte de discurso según el logos peculiar de la pasión, capaz de seguir y seguir, y alejarnos todo el tiempo del verdadero territorio de la convivencia democrática.
Debemos tomar conciencia todos de cuánto hemos avanzado ya por este peligroso desvío. He aquí algunos ejemplos que muestran hasta qué punto nos hemos apartado de la vía recta.
El déficit fiscal es uno de los problemas más graves que enfrenta la república. Se supone que el Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas deben dar lugar a debates parlamentarios sobre él. Sin embargo, la mayor porción del déficit se esconde bajo el concepto totalmente inaceptable de parafiscalidad. El verdadero hecho es que la Administración no suministra al Parlamento sobre tan acuciante cuestión datos razonablemente completos, y en lugar de ello lo hace anualmente el Presidente del Banco Central en el contexto de un acto académico, con las diferencias notorias en materia de control de la información e ilustración de la ciudadanía. El hecho de que, cuando el Parlamento recibe la información que se dignan darle, se muestra desinteresado en todos sus aspectos más importantes, es otro asunto totalmente diverso.
Los directorios de los entes autónomos funcionan como sucursales del Parlamento. En alguno de ellos se deciden cuestiones tan importantes como la compra de bancos, lo que no sólo según la Constitución requiere ley formal, sino incluso una ley con mayorías especiales de ambas cámaras. Pero dejemos la cuestión de la inconstitucionalidad nuestra de cada día, asunto que nos ha ocupado reiteradamente en otras ocasiones. Lo que hoy me interesa destacar es que el Directorio de un ente autónomo, funcionando a puertas cerradas, sin publicidad, por más que con la representación en su seno de todos los partidos, se juzga un sucedáneo válido del Parlamento para resolver sobre las cuestiones más importantes. Mientras tanto la información que recibe el público sobre todo lo que se discute y se resuelve está muy cerca de ser nula.
Los partidos suelen llevar posiciones monolíticas a las deliberaciones parlamentarias sobre los asuntos de mayor trascendencia. Las discusiones que preceden tales tomas de posición son, naturalmente, secretas. También naturalmente, las posiciones discrepantes dentro de cada partido nunca ven la luz pública. En la medida que esto fuera así con bastante generalidad, y yo creo que no está lejos de serlo, podría ahorrarse mucho dinero adjudicando los votos que correspondan a cada partido por medio de elecciones, y después sustituyendo el Parlamento por una red electrónica y un centro de cómputos, con lo cual podrían formular mociones, y aprobarlas o rechazarlas, sin necesidad del ritual parlamentario, invaluable si tiene sustancia, pero tremendamente oneroso si carece de ella.
Un énfasis mayor, por su actualidad, corresponde poner sobre el reciente episodio suscitado a raíz de las gestiones promovidas por el gobierno y confiadas al Vicepresidente Tarigo, mediante las cuales se procuró acuerdo con el Partido Nacional a fin de lograr la aprobación de cierto número de leyes. Como es sabido el Partido Nacional declinó realizar las negociaciones que se le sugerían, remitiéndose a la sede natural en que tales asuntos deben ser transados, es decir, al Parlamento Nacional. Pienso que esa decisión es enteramente correcta, y constituye un paso en la dirección hacia la cual debemos movernos, a partir de la tremenda desviación en que hemos ido a parar.
Desde filas gubernamentales se ha dicho que esa negativa hará pesar sobre el Partido Nacional la responsabilidad consiguiente si los proyectos respectivos o parte de ellos no reciben sanción. Este punto de vista presume que los proyectos son buenos y merecen aprobarse. Pero esa es una presunción inadmisible dentro del marco de nuestra Constitución, cuyo bicameralismo y poderes de veto del Ejecutivo multiplican los obstáculos que cualquier iniciativa debe superar antes de transformarse en ley. Por otra parte, la negativa nacionalista nos privó de la prueba de que un diputado o senador de cada fracción se sentaran en una sala cerrada, lejos del ruido de la prensa, a deliberar y decidir qué debía aprobarse y qué no y con qué cambios. Igual que en el directorio de un ente autónomo. Mientras tanto, los del demos, por completo en ayunas.
El enfoque colorado me resulta difícil de comprender. En mi opinión tiene algunos buenos proyectos, como la privatización parcial de PLUNA, la liquidación de ILPE, y la garantía a los inversores en viviendas contra la enmienda por ley a los arrendamientos que celebren. Pero no sólo interesan los proyectos en sí, sino las posturas de los distintos grupos e individuos. En el caso de ILPE, por ejemplo, cuya significación material es trivial, me parece que su liquidación es enormemente menos importante que saber bien quién está a favor y quién en contra y por qué. Nada me parece más obvio que la potencialidad positiva que una votación adversa sobre el proyecto ILPE podría tener para el gobierno en las filas cada vez más nutridas de los votantes independientes.
Bagehot, el comentarista de la Constitución inglesa que ya he citado en esta serie, ubica tercero en importancia entre los papeles que a su juicio desempeña el Parlamento británico —dos lugares por encima de la función legislativa— el de carácter educativo, que cumple a través de sus debates. Y cuando Pericles afirmaba lo que se cita en el acápite de este artículo, tenía sin duda en cuenta el continuo debatir de la cosa pública en el ágora ateniense. Por favor no priven al ciudadano uruguayo por completo de este género de formación. Miren que esa academia hace mucho que no funciona; más tiempo del que conviene a la estabilidad institucional.