Siempre pensamos que la distancia que nos separa del Estado de Derecho es considerable, y siempre, con total franqueza, así lo dijimos a nuestros lectores. Hoy, desolados, debemos participarlos de un desgraciado descubrimiento: la distancia que nos separa del Estado de Derecho —¿qué decimos? del mero decoro de país, de la observancia de las reglas elementales de la convivencia civilizada— es mucho mayor de lo que pensábamos.
Un nuevo matutino —La República— ha informado sobre la forma en que el Directorio de UTE clasifica a los semanarios que aparecen en esta capital a los fines de la distribución de su publicidad entre ellos, en tres categorías: la primera, a la que se destinan avisos a razón de cuatro de media página, por mes y por semanario; la segunda, en la cual cada órgano es destinatario de una cuarta parte de esa corriente publicitaria, un aviso de media página por mes; y la tercera, a la cual se le aplica una ulterior reducción del 50%, un cuarto de página mensual. Y ¿con qué criterio se delinean estas tres clases? ¿Acaso están basadas en la circulación real o presunta de cada uno? ¿Acaso en la calidad periodística que los Directores del Ente, o sus asesores en la materia, atribuyen a cada medio? Pues ni lo uno, ni lo otro, ni ningún otro criterio sobre el cual pudiéramos informar sin rubor. La primera clase, integrada por Jaque, La Democracia, La Razón y Opinión, está formada exclusivamente por órganos colorados y blancos, y ningún semanario vinculado a cualquiera de los dos partidos mayores está excluido de ella. La segunda, compuesta por Guía Financiera, Crónicas Económicas y Búsqueda, agota el conjunto de los semanarios que carecen de afiliación política. La tercera abarca el espectro de los hebdomadarios de izquierda o de derecha: Alternativa Socialista, Aquí, Brecha, Disculpe, El Popular y La Juventud. La posibilidad de que el criterio distintivo haya sido otro que político, y político de la manera más burda, ni siquiera puede plantearse.
Obsérvese que lo que nos colma de desazón no es que un ente oficial discrimine a favor de quienes sus dirigentes perciben como amigos políticos. Como es obvio, no habíamos dejado de advertir que ello es práctica consuetudinaria. Por imperativo de nuestro oficio teníamos que saberlo. Y no nos estamos refiriendo a UTE solamente, por descontado. Una estadística del espacio cubierto por publicidad estatal en los distintos medios, como la que Disculpe difundió no hace mucho, y como la que todos los periódicos mejor o peor llevamos, no es en realidad menos concluyente que la prueba documental que ahora se ha producido. Pero son dos cosas muy distintas. Siempre presumimos que la discriminación se hacía en forma vergonzante, ante la presión del amigo que invocaba apuros insoslayables, cediendo a uno hoy, a otro mañana, y de tal modo desvirtuando un día sí y el otro también el criterio que de todos modos suponíamos vigente, y subyacente a las manifestaciones que cotidianamente lo negaban; que no podía ser otro más que el de usar los medios que mejor permitieran al avisador llegar hasta el público destinatario de sus mensajes. Nos parecía que había allí, en esa desigualdad de trato, al lado de la injusticia, una medida apreciable de humana debilidad, acreedora por tal, en razón de la participación de todos los hombres en una misma frágil condición, a una actitud tolerante; máxime de quienes tienen la fortuna de poder cifrar el equilibrio económico de sus empresas en su propio esfuerzo y en su propia capacidad profesional. Pero ha resultado ahora no ser eso en modo alguno el caso.
Ha resultado, en efecto, que un conjunto de señores, que deberían sentirse servidores de la comunidad, y no de grupos políticos mayores o menores, y que, por si ello fuera poco, operan bajo la más estricta prohibición constitucional respecto de ejercer cualquier actividad política, con la única y expresa excepción de participar en los comicios, se sientan a deliberar sobre cómo van a invertir los recursos de la empresa de que son administradores, y por tanto en último término los recursos de la comunidad, y terminan votando, y registrando formalmente su decisión, en el sentido de distribuir los destinados a publicidad sin la sombra de una relación con los fines de la institución a su cargo, y sólo con el fin de promover ciertos partidos políticos. Es de no creerse.
Y es de sentir indignación. Bendita la indignación, porque nos hace soportable la vergüenza. Estamos dispuestos a aceptar la solidaridad en la culpa que, misteriosamente, es de todos modos inescapable por las faltas que cometen quienes gobiernan a un país, o quienes tienen de las manos de los gobernantes alguna cuota de poder público. Pero no estamos dispuestos a mirar el hecho con ojos indiferentes. A la indignación sencillamente nos aferramos.
¿Estamos diciendo que la forma en todo esto es a tal punto importante, que de la tolerancia con que contemplábamos la misma sustancia pasamos al rechazo radical, sólo por la forma con que ella se ha vertido? ¿No estamos lamentando entonces la falta de un grado suficiente de hipocresía? Algo así tal vez, pero no exactamente. La hipocresía, después de todo, como afirmaba Wilde, es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Y es bueno que el vicio no se muestre impúdicamente. Lo que estamos diciendo, más precisamente, es que el cinismo en el manejo de la cosa pública es intolerable, porque destruye la trama que mantiene unida a la sociedad, que básicamente está hecha de fibra moral.
¿Pensará alguien que estamos resollando por la herida económica? Creemos que la idea es demasiado absurda para que nadie la considere seriamente. Ni nuestra trayectoria es de ayer, ni los lectores la desconocen, ni nuestra experiencia del período dictatorial ha dejado de prepararnos para sobrevivir en la discriminación.
Querríamos poder prescindir de toda la publicidad oficial, hoy más que nunca sospechada de no obedecer plenamente, en los mejores casos, a sus propios propósitos ostensibles. Desgraciadamente no podemos hacerlo. No creemos que haya periódicos en nuestro medio capaces de equilibrar sus finanzas sin ningún aporte de la publicidad del Estado. Este es un avisador demasiado grande. Los ciudadanos uruguayos no deben permanecer ciegos a la consiguiente amenaza contra la libertad de prensa. Tampoco deben olvidar este aspecto cada vez que el tema de las empresas estatales se ponga sobre el tapete. Reducir esa cuestión a sus dimensiones económicas sería un trágico error. Sus principales implicaciones son éticas, y atañen sobre todo a la libertad.
Para el final hemos dejado lo que consideramos más importante. Desde que el 11 de mayo La República difundió la noticia que ha estado ocupándonos, hemos estado esperando un comunicado oficial. Primero, un desmentido. Luego que se esfumó nuestra débil esperanza inicial, de que alguien hubiese engañado a dicho órgano con un acta falsificada, hemos vivido en la espera de un comunicado del Ministerio de Industria y Energía, por el que se informase a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo había tomado cartas en el asunto, conforme a las facultades que le confía la Constitución, como mínimo aplicando el artículo 197, que autoriza a aquel órgano a formular observaciones a los Directorios de Entes Autónomos en caso de gestión violatoria de las normas constitucionales y legales, y a suspender la efectividad de los actos observados, como primera medida.
Pese al tiempo transcurrido, seguimos esperando lo mismo. Más aún, no podemos concebir siquiera que el Presidente Sanguinetti se olvide del alto tono moral que supo imprimirle a su Administración, y al prestigio que en tal sentido ha ganado internacionalmente para el Uruguay, y se avenga a condonar una corruptela cuya flagrancia, más allá del efecto atenuante de posibles precedentes, la convierte más bien en un caso de verdadera corrupción.