A raíz de planteamientos de la profesión notarial ha recuperado actualidad el tema de la limitación de plazas universitarias para determinadas carreras. La sociedad, por intermedio de sus órganos competentes según la Constitución —se propone y se ha propuesto muchas veces— diría cuántos escribanos debemos tener de aquí que pasen seis años, cuántos abogados, médicos, odontólogos, ingenieros, etc.; y utilizando los coeficientes conocidos de deserción se fijaría consiguientemente el número de estudiantes que pueden ser admitidos al año en cada Facultad.
El sólido fundamento de esa propuesta se aprecia contrastándola con la postura de quienes se oponen a ella levantando la bandera del ingreso irrestricto a la Universidad de todos los jóvenes que completen el ciclo secundario. Nadie debe ver frustrada su vocación por falta de medios de fortuna, por ende la enseñanza superior debe brindarse sin cargo para los educandos. Nadie debe encontrar obstáculos en ese camino —sostiene la misma posición con radical igualitarismo— por no poseer adecuada capacidad intelectual, por ende no debe haber pruebas de admisión. Nadie debe ver contrariadas sus inclinaciones en razón de que la sociedad no demande un número de profesionales correlativo al número de jóvenes que desean ingresar a la respectiva Facultad, por ende el número de plazas en cada Facultad no debe tener límite. Todo ello supone, por supuesto, un costo. Recursos escasos de la comunidad, que incluye sectores que carecen de lo indispensable para la vida, se aplicarán para entrenar a jóvenes que nunca llegarán a ser profesionales, o no al menos profesionales capaces de atraer clientela, o que engrosarán la oferta excedentaria de servicios profesionales en distintas áreas, y terminarán dedicados a actividades para las cuales la formación que han recibido en la Universidad nada les sirve. No importa, sostienen los partidarios del ingreso irrestricto, se trata de un artículo de fe, no susceptible de análisis.
Sin embargo esta postura no va lo suficientemente lejos como para poder aspirar siquiera a una forma peculiar de racionalidad. Le faltaría dar otro paso: todo graduado universitario —debería agregar— tiene derecho a una clientela que le deje vivir a un nivel congruo con su condición de tal, y le permita ejercer la profesión para que se ha capacitado. Sea que se haya capacitado bien o mal, que posea o no condiciones innatas para ella, que haya o no en la sociedad una demanda genuina para tantos servicios como se ofrecen en el mercado respectivo. Y si no la hay, se creará con recursos públicos. En alguna medida esto se hace cuando el Estado da ocupación a un número de profesionales mucho mayor del que, atendiendo a las funciones que cumple, sería necesario; pero podría hacerse de una diversidad de otras maneras. Todas onerosas, es decir, consumidoras de recursos escasos de la comunidad, pero lo mismo puede decirse de la formación dada a jóvenes que por una u otra de las razones señaladas carecen de posibilidades de llegar a vivir condignamente de la profesión para que son adiestrados.
Y, al no ir la posición del ingreso irrestricto lo suficientemente lejos, deja a la vista su total carencia de base lógica. Del lado de la comunidad, implica un flagrante despilfarro de recursos. Del lado de los supuestos beneficiarios, representa un engaño inexcusable: la promesa de una actividad vocacionalmente atractiva y un condigno nivel de vida al cabo del esfuerzo académico, cuando al cabo de éste en realidad no hay más que frustración.
Frente a la posición que acabamos de examinar, la que propone una Universidad de plazas limitadas resplandece por su superior racionalidad. Sin embargo, muestra un flanco vulnerable a dos importantes críticas.
En primer lugar, cercena la libertad de los individuos. Algún joven puede sentirse llamado con fuerza irresistible a la carrera de las leyes, y estar dispuesto a enfrentar el riesgo de ser un abogado más sin clientes. ¿Con qué razón la sociedad le cerraría el camino al que él se siente llamado? Antes de que ningún lector piense que estamos tratando de rehabilitar la posición que hace un instante descartamos, nos apresuramos a destacar que estamos pensando en un joven dispuesto a apoyar su inclinación vocacional con la inversión de sus propios recursos. Esto es lo que le confiere pleno valor a su decisión. A él le dicen que el cupo de Derecho está lleno. El responde: "Déjenme probar. No les pido que me paguen los estudios. Si termino de mozo en un bar o manejando un taxi, es cosa mía." Y nosotros le damos la razón. Si quisiera estudiar piano podría hacerlo aunque le faltasen las condiciones, siempre que estuviese dispuesto a invertir sus recursos. Si quisiera poner una fábrica de sombreros, con tal de que fuera con su capital, nadie podría impedírselo. Si el plan de vida que en ejercicio de su libertad se ha trazado pasa por la Facultad de Derecho, y no le pide ayuda a nadie, en nombre de qué otra cosa que un credo totalitario podría cerrársele el paso.
Esta posición, naturalmente, presupone una educación superior diferente de la que hoy tenemos, pero dejemos esto a un lado mientras examinamos la segunda crítica. Esta se remite a las notorias carencias de la planificación centralizada. Decidir cuántos médicos, cuántos arquitectos, cuántos contadores, etc., se van a "necesitar" de aquí en tantos o cuantos años es como decidir cuántos camiones de 10 toneladas, y cuántos pares de calzado deportivo, y cuántas toneladas de cemento, y cuántos barriles de petróleo se van a "necesitar". Si nosotros no nos hemos afiliado al sistema colectivista, debe ser porque creemos que las decisiones no concertadas de gran número de individuos, que las apoyan arriesgando tras ellas su propio capital, arriban a un resultado más eficiente que las de un conjunto de burócratas, o de políticos, sentados en torno a una mesa o deliberando en un hemiciclo, y arriesgando, de las cosas que duelen, sólo el dinero de los contribuyentes. Si eso creemos, y si vemos que el mundo en que vivimos confirma nuestra creencia cada vez con más nitidez, y si dejamos que la inversión en capital físico se conduzca —la inversión pública exceptuada— íntegramente a través del mercado, ¿a santo de qué cometeríamos la inconsistencia de planificar centralmente la inversión más importante en capital humano?
No se diga que la experiencia actual, con bolsones de egresados universitarios desempleados, muestra que el mercado asigna mal los recursos en este campo. Lo que nosotros hacemos es financiar con recursos de la colectividad la mayor parte de la inversión de todos los universitarios del país. Ellos aportan su tiempo, pero todo el resto va por cuenta de la comunidad. Si en una industria cualquiera el capital fuera financiado con recursos públicos en proporción semejante, es indudable que también ella padecería un exceso de capacidad instalada.
La enseñanza de nivel superior que el planteamiento precedente exige es una que se desembarace del mito de la gratuidad. La Universidad sencillamente no es gratuita. Insume ingentes recursos, y alguien tiene que pagarlos. El estudiante o la comunidad. La racionalidad de la asignación de recursos exige perentoriamente que el estudiante enfrente el costo que él mismo representa.
Ese sistema, como es obvio, plantea el problema de la asistencia al joven carente de recursos, pero el consiguiente enfoque está libre de las principales objeciones oponibles al basado en la "gratuidad". La sociedad puede limitar su ayuda a determinados campos, sin afectar la libertad de decisión de los estudiantes. Puede, y debe, poner un tope a su ayuda global, y eso tampoco afecta la libertad. Fuera del sistema de ayuda, todo joven puede tentar fortuna donde le plazca: con sus propios recursos, o con los de su familia, o con los que la comunidad voluntariamente le facilite. Como si quisiera estudiar piano o artes marciales.
Naturalmente, la enseñanza superior que este enfoque muestra como necesaria es pluralista. Las discusiones que todavía se oyen sobre lo que la Universidad debe hacer, y si debe o no limitar el ingreso a tales o cuales facultades, pertenece a una concepción de la sociedad y de la vida que no es la nuestra, a una concepción totalitaria. La concepción a que por tradición y por vocación estamos afiliados es de una sociedad en que el individuo puede elegir. Donde nadie le dice qué ropa usar, ni qué libros o periódicos leer, ni qué distracciones disfrutar. Tampoco, sin desmedro de la racionalidad y la eficiencia, debe decirle qué estudiar ni a qué profesión dedicarse. Seamos coherentes: comprendamos que nuestra educación superior en la actualidad no responde a una concepción liberal de la sociedad, y tomemos conciencia de la necesidad de reformarla.