El primero de marzo último, al conmemorar el tercer aniversario de su asunción a la primera magistratura, el Dr. Julio Ma. Sanguinetti formuló declaraciones sobre la política fiscal de su gobierno en el resto de su período, y en particular durante el año electoral de 1989, en las cuales se comprometió a que el grado de disciplina fiscal que ya había exhibido su Administración se mantendría a través de todo su mandato. Comentando editorialmente el día 10 de aquel mes, Búsqueda juzgó sin precedentes el compromiso, y le atribuyó significación histórica.
El presupuesto de 1989 —aludido implícitamente por el compromiso presidencial— se llama, en el intríngulis constitucional uruguayo, Rendición de Cuentas de 1987, y debe ser considerado por el Parlamento en 1988. El plazo constitucional dentro del cual el proyecto respectivo debe ser remitido al Palacio Legislativo está próximo a vencerse, y ya se conocen sus lineamientos. De acuerdo con la información que poseemos, el proyecto representa el primer paso en el cumplimiento por parte del Presidente de la República de su compromiso del 1° de marzo. El mismo reconocimiento que dimos a aquél queremos que lo reciba su primera manifestación.
Contrastando con esta calurosa adhesión, la iniciativa está siendo recibida con franca hostilidad en círculos opositores. Aun de aquéllos que han protestado en los últimos días la vigencia del principio de la gobernabilidad más allá del deceso de su inspirador, el señor Wilson Ferreira. Este concepto, cuyos límites nunca han sido bien definidos, parece implicar la disposición de ciertos grupos políticos a prestar su apoyo al gobierno en un número de instancias en las cuales, a no ser por él, se habrían mostrado adversos, o al menos propiciar en las demás, de su parte un mínimo de mesura opositora. Por lo visto, sin embargo, la gobernabilidad, que tantos polluelos puede albergar bajo sus alas, no está dispuesta a brindar su calor al patito feo de la Rendición. Desde tales tiendas se ha reprochado acremente al gobierno por la austeridad de su iniciativa. "Ha apostado a la pobreza" tituló un semanario de la oposición gobernabilista.
El punto central parece situarse en el aspecto salarial. No se proyectan aumentos para la generalidad de los funcionarios, apenas para los que han experimentado un franco retraso en el ajuste de sus remuneraciones, el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía. Debe destacarse que, en este contexto, cero aumento no excluye el efecto de la indexación que ajusta cuatrimestralmente el salario de los funcionarios. Cabe asimismo acotar que por el efecto combinado de la indexación y de las disposiciones presupuestales, los funcionarios han alcanzado un importante incremento de sus remuneraciones en términos reales. Tomando el primer cuatrimestre de 1988 en comparación con el de 1985, se computa un aumento del 23%, 7,1% al año. Es un ritmo vertiginoso en cualquier lugar del mundo.
No es, claro está, al mismo tiempo un ritmo adecuado para restaurar el nivel de vida que los trabajadores públicos tenían otrora, ni el que tienen en otras comunidades, ni el que toda persona provista de sensibilidad normal debe desearlos. Esta es, debemos suponer, la perspectiva desde la cual la iniciativa de no agregar en esta ocasión más incremento a los salarios públicos del que el sistema de indexación les depare se percibe asociado al concepto de pobreza. Es una perspectiva comprensible. Al mismo tiempo es una perspectiva desprovista de pertinencia.
Su impropiedad radica en el hecho harto visible de que un proyecto de Rendición de Cuentas, un presupuesto, una ley o un decreto, nada que pertenezca a este orden de cosas, puede trocar pobreza en riqueza. En el momento actual el peligro está en que el gasto público ya se ha salido de madre, y amenaza arrastrar los beneficios hasta ahora conseguidos por la recuperación económica aproximadamente coetánea con la actual Administración.
En efecto, los egresos de la Tesorería en el primer cuatrimestre de 1988 han crecido 10,4%, frente a 6% de expansión de los ingresos, suscitándose un déficit casi dos terceras partes mayor que el del año pasado. La mayor parte del desembolso incremental se registra en el rubro "salarios y seguridad social" que engloba los sueldos de los funcionarios del gobierno central y el apoyo financiero al Sistema de Previsión Social. Lo que es más grave aún, la cuenta del balance monetario del BCU que en nuestro criterio —no existe información propiamente dicha al respecto— refleja la expansión debida al déficit de dicha institución, subió 56,2%, un aumento, dicho sea de paso, mayor que todo el déficit de la Tesorería Central. Estamos hablando, expresándolo en dólares a fin de que la profusión de ceros no nos añuble el entendimiento, de un déficit agregado de la Tesorería-BCU en el primer cuatrimestre de 200 millones de la unidad norteamericana. Tal parece que para una gran parte de las fuerzas políticas representadas en nuestro Parlamento no es un déficit suficientemente grande.
Al mismo tiempo, comparando el primer cuatrimestre fiscal del año en curso con el primero de 1985, si bien en materia del déficit del BCU hubo poco cambio (un crecimiento real del 3%), el de la Tesorería Central bajó casi 20%, pese a un aumento del gasto del 16,2% y del desembolso en salarios y seguridad social del 15%, todo por supuesto en términos reales, y gracias —naturalmente— a un incremento en mayor proporción aún —23,3%— de los ingresos por impuestos.
A su vez este incremento de la recaudación se apoya inequívocamente en un crecimiento real del orden del 12% en el respectivo intervalo, habiéndose manifestado una vez más la alta elasticidad, de que tantas veces hemos escrito desde estas páginas, del ingreso fiscal respecto del producto. Más interesante aún, de todos modos, es que el crecimiento real en modo alguno puede desvincularse del progreso fiscal y del consiguiente amortiguamiento de la inflación. Para muchos, al parecer, este círculo virtuoso de mejor salud fiscal promoviendo mayor crecimiento real, que a su vez trae mayor vigor fiscal, etc., ya ha ido suficientemente lejos.
La verdad, esto no es totalmente sorprendente. La historia de los gobiernos constitucionales de los últimos 30 o 40 años narra que las Administraciones que mostraron una mayor o menor inclinación a estabilizar la moneda a través del recurso a la moderación fiscal sucumbieron finalmente a la tentación de aflojar los cordones de la bolsa así que las elecciones se acercaban. Al pretender resistir la comezón del quinto año, el Dr. Sanguinetti está haciendo un trabajo pionero, y ya se sabe que los pioneros vuelta a vuelta tienen que defenderse de los indios.
Supuestamente, este enfoque es el que infunde en la gestión gubernamental del Partido Colorado la tonalidad conservadora que la oposición se place en destacar con tanta frecuencia. Ser de izquierda, o progresista, en este contexto, vendría a significar afiliarse a la tesis folclórica —recientemente ilustrada en un regocijante programa televisivo— según la cual los déficit y el dinero no tienen nada que ver con la inflación, ni la inflación con el crecimiento. Presumiblemente, también debe significar que quienes se colocan en esa postura miran con recurrente nostalgia hacia la Argentina de Alfonsín, el Brasil de Sarney, el Perú de García y la Nicaragua de Ortega, cuatro gobernantes devotos de la tesis folclórico-vernácula.
No es posible callar, al mismo tiempo, que la Administración tiene su cupo de responsabilidad por la resistencia que su preocupación fiscal levanta, en virtud de las posiciones que sustentó en la etapa inicial de su gestión. El Presidente todavía no contrató a ningún exorcista para que librara a su Administración de los espíritus conápricos que en cierta época dejó que se le infiltraran. Ni ha logrado imbuir en la totalidad de sus colaboradores el espíritu de forzosa austeridad que a él lo anima. El reciente episodio del BPS lo revela con dramática claridad.
Ello sin embargo no le quita al proyecto de Rendición de Cuentas, que reiteramos es el presupuesto para el año electoral, el carácter de documento ejemplar que nos hemos complacido en destacar.