El Ministerio de Educación y Cultura ha publicado los lineamientos de la nueva ley de enseñanza que propone, con el fin, según expresa, de consultar a "los distintos sectores de la vida nacional". No nos resulta del todo clara la convocatoria, pero de todos modos nos sentimos incluidos en ella.
El método que se ha seguido para procesar una iniciativa de legislación nos parece encomiable. Lo usual ha sido siempre enviar al Parlamento un proyecto con su exposición de motivos. Lo hecho ahora viene a ser como comenzar haciendo pública la exposición de motivos, junto con la invitación a un diálogo nacional, antes de elaborar en sus detalles el proyecto. Implica reconocer que la sociedad misma, destinataria última de todas las normas, abarca un foro más amplio y no menos pertinente que el parlamentario. Hay algunos países, tal vez no muchos, que usan este sistema para las iniciativas de mayor trascendencia. Por la incorporación de nuestro país a ese selecto grupo, decimos ¡enhorabuena!
Al mismo tiempo, no podemos callar ni un instante más nuestra perplejidad ante la forma en que ese método ha sido utilizado. La reforma propuesta no es más que una reestructuración de los órganos dirigentes del sistema de enseñanza estatal. ¿Qué finalidad se persigue con ella? Aunque parezca mentira, el documento oficial no lo dice.
El documento sí hace una enumeración de los objetivos de la educación, pero salta a la vista que ellos —la promoción integral del ser humano, en los planos moral, social y cívico, el desarrollo de la capacidad intelectual y creativa, y otras cosas análogamente importantes— nada tienen que ver con la propuesta de sustituir al CODICEN por un órgano de composición diferente, presidido por el Ministro de Educación. Hay un pasaje en el documento, previo a la aludida enumeración de objetivos, que luce promisorio. "Lo expuesto", leemos, "obliga a introducir modificaciones en el enfoque educativo". Pero si buscamos más arriba terminamos defraudados. Allí nos enteramos de que el ritmo del progreso científico se ha vuelto vertiginoso, y el desarrollo de las comunicaciones ha trastrocado las coordenadas culturales, y otras cosas por el estilo. Nada que tenga que ver con la reforma que se auspicia.
Para obviar esta curiosa —presumiblemente eufemística— omisión, y tornar inteligible la iniciativa, no hay más remedio que salirse del documento y considerar la coyuntura en que aquélla ha sido forjada. Lo relevante que ha acontecido en el ámbito pedagógico durante el presente período gubernamental es la alarma que concitaron los programas de ciertas asignaturas, en que muchos vieron agresiones abiertas a la laicidad, que el Consejo de Secundaria no había sabido o querido filtrar, lo que sí hizo en definitiva el CODICEN. Como éste precisamente desaparece en la reestructuración sugerida, puede parecer paradójico asociar aquellas inquietudes con esta propuesta. Es, sin embargo, lo único que se nos ocurre.
En cierto sentido, diríase que la iniciativa trasunta una toma de posición del gobierno discrepante con la que oportunamente adoptó la Presidenta de Secundaria, Dra. Cantonnet, al sostener que los problemas de la educación debían resolverse entre educadores. La presencia del Ministro del ramo en la presidencia del Consejo que ahora se propone vendría a significar que la sociedad debe intervenir, por medio de sus órganos representativos. Si estamos en lo cierto, la iniciativa nos merece un par de objeciones fundamentales.
En primer término, cualquier persona que diagnostique que el mal de que educacionalmente padece el país consiste en el adoctrinamiento infligido a los estudiantes, en la dirección del marxismo u otra cualquiera, padece de una visión tremendamente parcial y en cierto sentido tremendamente optimista. Este articulista, basado en su experiencia de enseñar a alumnos recién ingresados a la Universidad desde hace un par de años, diría que la enorme mayoría de ellos carece del desarrollo intelectual mínimo indispensable para ser adoctrinados. Es posible que se les hayan plantado ciertas nociones parciales, o se les hayan inducido ciertos reflejos, pero suponer que nuestro sistema elemental y medio produce en proporciones significativas jóvenes con determinadas posiciones ideológicas, sustentadas en forma más o menos articulada y coherente, implica sobreestimar groseramente el impacto del sistema sobre los educandos. La realidad que rompe los ojos es la de una mediocridad cultural apabullante. Es cierto que la incapacidad para pensar por sí mismos de que tantos de nuestros jóvenes adolecen les coloca en una situación de inmuno-deficiencia frente a cualquier intento de adoctrinamiento, particularmente en la dirección de cualquier postura capaz de verterse en un catecismo elemental y apoyarse esencialmente en soportes emocionales, pero percibir ese problema sin ver la totalidad del drama en que él se inscribe implica una visión increíblemente restringida.
En segundo lugar, por más que la doctrina Cantonnet —la educación para los educadores— sea objetable, la propuesta oficial no se coloca suficientemente lejos de ella. Omite por de pronto hacer ingresar al ámbito de las decisiones a quienes tienen que ser los depositarios de la esperanza nacional en materia de educación, o sea, a nuestro modo de ver, a los padres. Por supuesto, no pensamos en que éstos sean llamados a votar para elegir a un octavo miembro del Consejo que se propone. Su peso tiene que ejercerse por la vía de optar entre alternativas significativamente diferentes. Tiene que haber escuelas y liceos marcadamente distintos, con diferencias curriculares, de orientación filosófica, de filiación pedagógica, públicos y privados, confesionales y laicos. Los uruguayos hemos metido a nuestro sistema educativo en una tribulación mayúscula, y lo hemos hecho por la vía del centralismo, a través de consejos que gobiernan desde una sala de un edificio burocrático lo que pasa en todos los barrios de la capital, en todas las ciudades y pueblos del interior y en cada escuela rural. De modo que todos los niños y jóvenes de determinada edad estén cada día leyendo los mismos textos y oyendo las mismas lecciones, y haciendo los mismos ejercicios. El apartamiento de ese método debe ser tan radical como la apreciación de su fracaso. No tenemos más remedio que entrar en una etapa abiertamente experimental, con un mínimo de interferencia centralista, con el papel del Estado en buena medida restringido al aspecto financiero, a fin de dotar de capacidad de elección a todos los hogares. Este enfoque implica transformar cada escuela y cada liceo en un centro de decisiones básicas, en sustitución del órgano central, y devolver a los padres el derecho a elegir que esencialmente les pertenece.
El reciente documento oficial no insinúa absolutamente nada en esta dirección. Le concede en el Consejo Coordinador un representante en siete a la enseñanza privada, pero ello —increíblemente— a través de una elección en la cual las instituciones habilitadas, que son las que se ajustan a todas las reglamentaciones oficiales, de manera que —aparte de alguna adición curricular— son poco más que una imagen refleja de las instituciones públicas, tienen doble voto; las instituciones autorizadas, que son las que se avienen a someter sus programas a la aprobación del sistema estatal, tienen voto sencillo, y las instituciones que no están ni habilitadas ni autorizadas, ni reconocidas, y sólo apenas toleradas, que debían llamarse libres, las únicas que representan una alternativa genuina, y cuya escasez es la principal debilidad de nuestro sistema, ésas no tienen ningún voto.
Si esto les parece a ustedes poco, consideren la siguiente definición: "La Enseñanza es en esencia un servicio fundamental de la sociedad organizada en Estado, que puede cumplirse a través de instituciones públicas o privadas". O sea que, aunque un alumno asista a una institución privada, el Estado es de todos modos quien le educa. No hay alternativa posible: Hermano Mayor es el único maestro.
En síntesis, consideramos que la propuesta no ofrece posibilidad alguna de servir de base a una reforma educativa útil. Ni la presente Administración, que ha dejado pasar casi todo su tiempo útil sin acordarse del tema, tiene hoy las condiciones para liderar un cambio auténtico. La mejor perspectiva consiste en que la cuestión se constituya en uno de los principales temas del debate preelectoral —más importantes no los hay— y en uno de los primeros quehaceres del nuevo gobierno. La mejor contribución que éste podría hacer sería no entorpecer con iniciativas totalmente desubicadas el camino que inevitablemente nuestra sociedad tiene que recorrer.