El 19 de julio el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto formuló declaraciones en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes a propósito de una serie de artículos aparecidos en esta misma página bajo la firma de nuestro director. Ante un planteamiento formulado en una sesión anterior del Diputado Edén Melo, que se refirió a esas notas, el Cr. Ariel Davrieux vertió dichas manifestaciones que ahora nos apresuramos a comentar en sus aspectos más generales, dejando los demás, sobre todo los de carácter cuantitativo y técnico, para otra próxima ocasión.
La prontitud de nuestra respuesta se explica por la índole de la fuente de las declaraciones, destacada tanto desde el punto de vista institucional como personal, y asimismo por la peculiar coyuntura económica que atravesamos, caracterizada por una indudable reaceleración del proceso inflacionario. Ello confiere a la cuestión del déficit del sector público un interés y una urgencia muy particulares.
"Me ha resultado un poco difícil", expresó el Director de la O.P.P., "llegar a calibrar el objetivo de los artículos". Pensamos que efectivamente esa dificultad se trasluce a lo largo de sus declaraciones. Parece tratarse de una dificultad de comunicación de índole vital. Nosotros nos sentimos sumamente inquietos por el tema de la inflación y su agravación nos exige premiosamente una explicación. El Cr. Davrieux, siguiendo en ello la tónica gubernamental, parece tomar la discrepancia entre los hechos y las metas oficiales con total indiferencia. Queremos decir que, como expresiones de una preocupación al respecto, cabría esperar del gobierno una hipótesis sobre la divergencia, así como un plan de acción para corregirla. Tal vez también una mayor inclinación a informar sobre las principales magnitudes en juego. Nada de eso, sin embargo, es visible.
La tasa de inflación del mes de julio amenaza con situarse en torno del 7%, luego de un 5% en junio, configurando para los primeros siete meses de 1988 un promedio del orden del 4,5%, apreciablemente mayor que el año pasado a esta misma altura. ¿Se trata de un fenómeno aleatorio, transitorio, tras el cual el proceso alcista va a reinstalarse en la tendencia declinante que asumió bajo esta Administración? ¿O es que las variables responsables del flagelo han escapado al control de las autoridades? En el primer caso, sería cuestión de aguardar con paciencia. En el segundo, cabría temer el peligro, en un futuro relativamente próximo, de otra de las crisis que puntúan nuestra atribulada historia económica.
De acuerdo con las autoridades económicas, el déficit del sector público es la variable clave en esta materia. Para nosotros también lo es. Este punto de vista implica atribuir a la inflación una naturaleza esencialmente monetaria. La emisión de dinero es un expediente fiscal para solventar el déficit. Importa, sí, como el déficit se financia, pero la financiación mediante endeudamiento con frecuencia no es sostenible a determinados ritmos. Los agentes económicos lo saben, y adoptan medidas destinadas a reducir sus saldos de caja. Consiguientemente, tanto desde el punto de vista de la oferta de dinero —cuando hay emisión para pagar cuentas— como de la demanda —cuando las expectativas aceleran la velocidad de circulación del dinero— el déficit del sector público es el factor clave.
Para algunos economistas las cosas son de otra manera. La inflación es el resumen de la historia de todos los precios individuales. Hoy tiene una causa y mañana otra. Al decir de David Meiselman, un día son los sheiks de Arabia que suben el petróleo y otro día las anchovetas que emigran de la costa peruana. Sin olvidar, por supuesto, las sequías y las inundaciones. Estos enfoques poseen considerable prestigio. Es la concepción del gobierno peruano actual, lo fue del argentino durante el período Grinspun, y sin duda posee gran predicamento entre nuestros parlamentarios. Cuando ellos en su mayoría se desinteresan del déficit, y presionan para aumentar los gastos, son consistentes. Pero el gobierno no participa de esa teoría. Su manejo de la Rendición de Cuentas en proceso, los vetos opuestos a la del año pasado, las declaraciones del Ministro de Economía y del Presidente del Banco Central, del propio Presidente de la República, las cartas que escriben al FMI —una de las cuales, de 1985, fue dada (tal vez por inadvertencia) a publicidad— todo indica que para las autoridades el déficit es de importancia primordial.
¿Qué déficit? Porque, como los lectores saben, hay dos: el fiscal y el parafiscal. Según cifras del Presidente del Banco Central el año pasado el segundo fue aproximadamente el doble del primero. Pues, como es natural, ambos son importantes. Y, como es obvio, cada cual tanto más importante cuanto mayor sea. Si uno es doble del otro, no faltaría razón para considerarlo doble de importante. Si el Banco Central imprime dinero para solventar el déficit, los billetes no llevan ninguna marca que diga cuál es de origen fiscal y cuál de origen parafiscal. Esto es obvio.
Es insólita, en cambio, la actitud oficial con respecto al llamado déficit parafiscal. Según el Director de la O.P.P., debería bastarnos ahora conocer el déficit parafiscal de 1987, cuya estimación oficial fue divulgada hace pocos días. Textualmente, dijo así: "...la información más importante (respecto del déficit parafiscal) no se refiere al año 1988, respecto al cual no se dispone de datos —sabremos su resultado a fines del corriente año— sino a la cuantificación del déficit total de 1987". De modo que se trata de un tema para historiadores. Pues, lo que es a nosotros, el déficit que nos interesa es el de mañana, y queremos conocer desesperadamente el de ayer porque es un índice del de mañana, y puede ser un indicador invalorable acerca de la verdadera naturaleza de la reaceleración inflacionaria que nos acosa.
Por otro lado —y no se nos pregunte a nosotros cómo se concilian ambos enfoques— el Cr. Davrieux desarrolló una argumentación para justificar por qué la información sobre el déficit parafiscal no se difunde mensual ni trimestralmente. Las cuentas fiscales del Gobierno Central se publican mensualmente. El Cr. Davrieux dice que no sería aconsejable hacer otro tanto con los parafiscales porque, según sus palabras, "buena parte de los egresos del Banco Central tienen carácter trimestral, (entonces) en el mes en el que se incurre en el pago de intereses... aparece un déficit muy grande, y si ese resultado se multiplica por doce se llega al absurdo de triplicar el déficit real". Y continúa, increíblemente, por ese camino, explicando que tomar cuatrimestres podría inducir a errores semejantes. A veces uno piensa que las autoridades parten de la base de que los ciudadanos somos asimilables a menores, pero otras parece estar tratando con niños infradotados.
Es importante señalar que hasta mediados de octubre de 1984 los balances monetarios del BCU tenían un rubro titulado "Patrimonial y Cuentas Netas por Liquidación de Resultados", que de alguna manera reflejaba el déficit o superávit de la institución. Las autoridades deberían informar por qué no se restablece siquiera el nivel de información que teníamos bajo la dictadura. También merece mención el hecho de que en el último balance monetario del Banco Central (al 30-6-88) el rubro "otras cuentas netas", que si bien de modo menos aproximado podía usarse para estimar el déficit mensual de la institución —ya que sus saldos anuales han reproducido razonablemente bien la información respectiva transmitida oficialmente el año siguiente— ha sido obliterado como canal de información por un ajuste que implicó atribuirle un crédito a fin de mayo del orden de 250 millones de dólares, hecho sin la compañía de ninguna nota explicativa. También sobre esto las autoridades deben a la ciudadanía una urgente explicación.
No queremos concluir sin decir dos palabras sobre los aspectos constitucionales sobre los cuales tuvo algo que decir el Cr. Davrieux. En modo alguno reivindicamos para abogados ni constitucionalistas ese tema, al contrario, estamos convencidos de que el ciudadano medio tiene plena competencia para tratarlo, sobre todo en la medida que suelen comprometer sus intereses vitales y sus valores más caros. Dicho esto, y sin perjuicio de reiterar nuestro elevado concepto de la capacidad intelectual del Cr. Ariel Davrieux, debemos expresar nuestra convicción de que su tesis sobre la parafiscalidad no se tiene en pie ni un instante. Si un banco oficial compra activos por indicación del poder político, o asume obligaciones de otros entes públicos, como hizo el BCU con la compra de carteras o en la refinanciación de deudas con la banca internacional en 1983, o el BROU en 1985 y 1987 con la compra de cuatro instituciones privadas, sin lugar a la más ligera duda no está actuando por su propia cuenta, como pretende el Cr. Davrieux, sino por cuenta del gobierno, y debe tratar los resultados de tales operaciones como todos los bancos tratan a las que cumplen por cuenta y orden de un cliente. El concepto de parafiscalidad en este contexto es una creación uruguaya, tan original como inconsistente. Pero sobre esto habrá que volver con más tiempo.